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El importante número de reformas que había sufrido la regulación de la responsabilidad penal de los menores a lo largo de menos de un siglo no fue óbice [obstáculo, impedimento] para que el Código penal de 1995 apostara por un nuevo cambio de rumbo. Con la entrada en vigor del denominado «Código penal de la democracia» se da paso a un proyecto de transformación de las bases sobre las que hasta el momento se había construido la responsabilidad penal de los menores.

Dicho proceso está influido en gran medida por los compromisos adquiridos tras la ratificación por España, el 30 de noviembre de 1990, de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.

Según el art. 40.3 de dicha Convención, los Estados Parte habían de tomar las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haberlas infringido. Esta exigencia se tradujo en la redacción del vigente art. 19 CP, según el cual:

«Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código.
Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor».

Hasta su entrada en vigor —que incluye el tiempo que hubo que esperar hasta contar con una nueva ley— los menores de dieciocho años que hubieran cumplido los dieciséis seguían sujetos a las leyes penales generales, siendo considerados semiimputables. El art. 19 CP da por tanto un giro radical al establecer que los menores de dieciocho años no serán penalmente responsables con arreglo al Código en ningún caso.

Ello no significa su irresponsabilidad, se abre la puerta a que sean responsables de acuerdo a una ley específica, a una ley penal para menores. Dicha regulación llegó con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.

Pero no acababan aquí las previsiones sobre la responsabilidad penal juvenil en el Código penal de 1995, el modelo trazado por el nuevo código se completaba con el art. 69 CP, que incluía la posibilidad de extender la aplicación de la ley penal del menor a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno. Según el mismo: «Al mayor de dieciocho años y menor de veintiuno que cometa un hecho delictivo, podrán aplicársele las disposiciones de la ley que regule la responsabilidad penal del menor en los casos y con los requisitos que ésta disponga».

Dicha ampliación a los denominados «jóvenes» quedó a su vez recogida en los arts. 1.2, 1.4 y 4 LORPM. Sin embargo, hoy por hoy esta posibilidad ha desaparecido del escenario penal español con la derogación de los citados artículos de la LORPM. El ámbito de aplicación del Derecho penal juvenil queda pues limitado a los menores de dieciocho años.

La regulación de la extensión de la LORPM a los jóvenes de dieciocho a veintiún años pasó por sucesivas fases hasta su definitiva derogación a principios de 2007.

Distintas razones, entre las que se encontraban las considerables dificultades de aplicación práctica de estos preceptos, determinaron que se suspendiera su entrada en vigor en dos ocasiones. La primera por la disposición transitoria única de la LO 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, que postergaba el inicio de la aplicación de los mismos hasta el 13 de enero de 2003. Y la segunda, por la Ley Orgánica 9/2002, cuya disposición transitoria establecía un nuevo plazo que dilataba la suspensión hasta el 1 de enero de 2007.

Sin embargo, la situación cambió drásticamente con la entrada en vigor de la LO 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la LORPM. Esta ley derogó expresamente los arts. 1.2, 1.4 y 4 de la LORPM, con lo que desaparece la posibilidad de que se aplique la legislación penal de menores a los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno.

Si bien su Exposición de Motivos evita hacer referencia a las razones de esta concreta supresión, junto a los problemas de aplicación práctica —el importante número de delincuentes en dicho segmento de edad—, hemos de incluir para entenderla el giro retributivo y preventivo general que dio la LO 8/2006 al conjunto de la regulación.

Con ello se produce un importante retroceso desde el punto de vista político criminal y de la subsidiariedad de la sanción penal —principio que también afecta a la medida de la misma—.

Por último señalar que se planteó el curioso caso de que la LO 8/2006 entró en vigor el cinco de febrero de 2007, por lo que durante algo más de un mes las previsiones sobre los mayores de dieciocho años y menores de veintiuno estuvieron en vigor; se trata de un supuesto de vigencia de una ley intermedia más favorable.