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La minoría de edad es el periodo en el que el sujeto forma su personalidad como individuo y como miembro de la sociedad. Se trata de una fase en la que se van asentando los rasgos psicológicos y del carácter que van a influir decisivamente en la socialización del individuo. Este hecho incrementa la importancia del fenómeno de la delincuencia juvenil para el Derecho penal que, como instrumento de control social, debe prestar especial atención a las manifestaciones delictivas de los sujetos más jóvenes.

Conjugando los objetivos del Derecho penal con las especiales características de este grupo social, se entiende que la respuesta a los supuestos en que los menores delinquen requiera de medidas específicas que van más allá de la imposición de una pena tal y como la hemos descrito hasta el momento.

Por una parte, se precisa la creación de un marco sancionador orientado principalmente a la prevención especial en su vertiente positiva, resocializadora. Los procesos de formación de la personalidad del menor nos ofrecen una oportunidad inestimable para trabajar en esta línea, evitando que el progresivo asentamiento de la personalidad sea base del fortalecimiento de los hábitos criminales.

Pero además, la regulación del fenómeno criminal juvenil necesita de un marco procesal especialmente orientado a la salvaguarda de los derechos e intereses del menor que ha delinquido que, expuesto ante la sociedad a la aplicación del Derecho penal, puede quedar estigmatizado.

Estas necesidades son conocidas desde antaño, pero solo desde finales del siglo XIX se ha producido un esfuerzo serio por trasladarlas a la regulación positiva, a veces excesivamente escorada hacia un malentendido paternalismo y a veces inclinada hacia el defensismo. En el momento actual, el art. 19 CP nos da las primeras pautas a seguir en este terreno al establecer que los menores de dieciocho años no son responsables con arreglo al Código penal sino a una ley penal específica, esto es, extrayendo a todos los menores de edad del ámbito del Derecho penal común.

La puesta en práctica de esta previsión no llegó hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que ha supuesto la creación de un auténtico Derecho penal especial juvenil, con un importante grado de autonomía con respecto a las normas generales.

Esta regulación y, en concreto, su compatibilidad con los objetivos de la prevención especial y del respeto de los derechos e intereses del menor como principios básicos fundamentales que han de presidir la aplicación del Derecho penal en este ámbito, será objeto de estudio en las próximas páginas.