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Inmediatamente después de la legítima defensa, el Código penal incluye entre los supuestos que sirven de base a la aplicación de una circunstancia eximente aquellas situaciones de necesidad en las que el sujeto ha de infringir un deber o lesionar un bien jurídico con el objeto de salvaguardar otro. El art. 20.5 CP recoge la eximente de estado de necesidad en los siguientes términos:

Están exentos de responsabilidad criminal: [...] 5. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Entre los requisitos para su aplicación destaca la exigencia de que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, lo que supone la existencia de dos categorías de estado de necesidad, según que el mal causado sea igual que el que se trata de evitar o menor.

 Ej. 17.10: Vicky G. V. se ve sorprendida por la ventisca mientras realiza una travesía por el campo. Ante los graves síntomas de congelación, dando una fuerte patada, fuerza la puerta de la primera casa que encuentra y se refugia en la misma. En este supuesto el mal causado —daños y allanamiento de morada— es menor que el que se trataba de evitar —lesiones o muerte—. El mal causado es por el contrario de la misma entidad que el evitado en el siguiente caso: Eduardo R. M. y Juan Antonio J. U. naufragan frente a las costas de Tarifa cuando se dirigían a la cercana ciudad de Ceuta. Al comprobar que el único modo de salvar la vida es asirse a una tabla que allí flota y que la misma no puede aguantar el peso de los dos, Juan Antonio se abalanza sobre Eduardo y sumerge la cabeza de este hasta que finalmente fallece ahogado.

A. FUNDAMENTO Y NATURALEZA DE LA EXIMENTE DE ESTADO DE NECESIDAD

Como hemos visto, el art. 20.5 CP admite el estado de necesidad siempre que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Ello implica que podrá concurrir tanto cuando el mal causado sea igual como cuando sea menor que el que amenazaba con producirse. Ambos supuestos se conocen respectivamente como conflicto de intereses iguales y conflicto de intereses desiguales.

Históricamente no siempre fue así. Hasta 1944 el Código penal español recogía exclusivamente los supuestos de estado de necesidad en los que el mal causado era menor que el que se pretendía evitar. Durante la vigencia de dicha regulación se mantuvo de modo unánime que nos encontrábamos ante una causa de justificación con fundamento en el principio del interés preponderante; no en vano se estaba intentando evitar el mal mayor causando uno menor.

La reforma de 1944 marca un punto de inflexión en esta regulación y en su interpretación, introduciendo el modelo actual. Es en este momento cuando aparece la polémica sobre la naturaleza doble o unitaria del estado de necesidad.

En un principio, la complejidad actual de las situaciones que sirven de base a la eximente de estado de necesidad hace que exista un cierto consenso en que no siempre se presenta con la misma naturaleza: en ocasiones actúa como causa de justificación y en otras como causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma. Sin embargo, un sector minoritario pero altamente cualificado de la doctrina mantiene pese a todo su naturaleza unitaria.

Se hace por tanto necesario analizar los distintos modelos propuestos.

A.1. La doble naturaleza de la eximente de estado de necesidad

La doctrina dominante estima que el estado de necesidad puede concurrir con naturaleza tanto de causa de justificación como de causa de exculpación basada en la inexigibilidad de la obediencia a la norma. Ahora bien, junto a la interpretación más común existen variantes que conviene que recojamos en este lugar.

A.1.1. La doble naturaleza de la eximente de estado de necesidad según la opinión dominante

Ya desde los orígenes de la nueva regulación del estado de necesidad,algunos autores como ANTÓN ONECA y RODRIGUEZ MUÑOZ apuntaron la idea de la doble naturaleza del estado de necesidad, planteamiento que se ha mantenido hasta la actualidad como opinión dominante en doctrina y jurisprudencia.

a) Causa de justificación

Según la opinión dominante el estado de necesidad concurre como causa de justificación en aquellos casos en los que el mal causado es menor que el que se trataba de evitar. Consecuentemente, se sitúa el fundamento de esta causa de justificación en el principio del interés preponderante.

El hecho de que en estos casos se pueda exigir responsabilidad civil tal y como prevé el art. 118.1.3 CP no es obstáculo para esta corriente.

La conducta es lícita y dicha responsabilidad civil no es en caso alguno derivada del delito, se basa en los principios de gestión de negocios ajenos y de enriquecimiento injusto.

b) Causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma

Se aplica la eximente de estado de necesidad como causa de inexigibilidad en los supuestos en los que el mal causado es de la misma entidad que el que se trata de evitar. En este caso la eximente está basada en la no exigibilidad de la obediencia al Derecho. La conducta constituye un ilícito penal aunque no es culpable y por tanto no se podrá aplicar pena alguna.

A.1.2. La doble naturaleza de la eximente de estado de necesidad según CEREZO MIR

De especial interés es el modelo que propone CEREZO MIR que, con base en la opinión dominante, lleva a cabo una serie de restricciones a la consideración de la eximente de estado de necesidad como causa de justificación. En este caso, la doble naturaleza se asienta sobre los siguientes parámetros:

a) Causa de justificación

Considera CEREZO que la simple ponderación de intereses es insuficiente para justificar la conducta pues lleva en algunos casos a resultados insatisfactorios. Para evitarlos es preciso introducir, al margen de la ponderación de intereses, una nueva restricción con base en el principio del debido respeto a la dignidad de la persona humana, recogido en el art. 10 CE como un principio de validez a priori, límite inmanente del Derecho positivo.

 Ej. 17.11: Para ilustrar dicha necesidad CEREZO acude al ejemplo del cirujano que extirpa un riñón contra la voluntad del sujeto para trasplantárselo a un tercero a quien salva de su inminente muerte. Entiende CEREZO que en este caso el mal causado es claramente menor que el que se pretendía evitar y que de seguir la versión de la opinión dominante deberíamos declarar la licitud de la conducta, pero no está de acuerdo con tal solución por haberse vulnerado la dignidad del paciente. La conclusión es que el estado de necesidad concurrirá como causa de justificación solo cuando, además de que el mal causado sea menor que el que se trataba de evitar, no suponga una grave infracción del respeto debido a la dignidad humana.
b) Causa de exculpación basada en el principio de inexigibilidad de la obediencia a la norma

Con base en la anterior conclusión, CEREZO entiende que estaremos ante el estado de necesidad como causa de inexigibilidad tanto en los casos de conflicto de intereses iguales como cuando el mal causado sea menor que el que se trataba de evitar pero suponga una grave infracción del respeto debido a la dignidad humana.

Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza de la causa de inexigibilidad de este tipo de situaciones, será preciso llevar a cabo una interpretación restrictiva acorde con su fundamento. Debido a la comprensión de la inexigibilidad sustentada por CEREZO, ello requerirá por una parte que se produzca una disminución de lo injusto, que se traduce en una disminución de la culpabilidad —recordemos la estructura piramidal del delito y la relación lógica que recorre sus elementos— y, además, que el sujeto tenga disminuida su capacidad de obrar de otro modo, de manera que no le sea exigible la obediencia al Derecho. Para ello es preciso tener en cuenta cuál sería la conducta de una persona inteligente y respetuosa con las exigencias del ordenamiento jurídico. Este último factor será decisivo en la reducción del del denominado auxilio necesario, en el que se actúa en salvaguarda bien jurídico ajeno.

A.2. Los planteamientos unitarios de la naturaleza de la eximente de estado de necesidad

Otros autores han mantenido que el estado de necesidad actúa en todo caso como una causa de justificación. En este grupo podemos incluir las propuestas de MIR PUIG y MUÑOZ CONDE o GIMBERNAT ORDEIG.

A.2.1. El planteamiento unitario de la naturaleza de la eximente de estado de necesidad según MIR PUIG y MUÑOZ CONDE

Los planteamientos de MIR PUIG y MUÑOZ CONDE son similares: básicamente consideran que si se aplican estrictamente los requisitos establecidos por el art. 20.5 CP la eximente actuará en todo caso como causa de justificación, entre otras razones porque comparar los males en juego y no simplemente los bienes jurídicos implica que generalmente el bien jurídico que se pretende salvar sea superior al lesionado.

La base de este modelo se encuentra por tanto en una interpretación restrictiva del ámbito de aplicación de la eximente.

A.2.2. El planteamiento unitario de la naturaleza de la eximente de estado de necesidad según GIMBERNAT ORDEIG

Especialmente elaborado es el planteamiento de GIMBERNAT. Mantiene también este autor que la eximente de estado de necesidad es en todo caso una causa de justificación, pero fundamenta tal decisión en su modo de entender los distintos elementos del delito y su relación con los propósitos del legislador.

En su opinión, mientras que en la antijuridicidad el legislador establece lo que quiere prohibir frente a todos, en la culpabilidad recoge una serie de valoraciones en torno a lo que es realmente posible prohibir, renunciando a la pena en aquellos supuestos en los que considera que su aplicación no tiene eficacia inhibitoria aunque se haya prohibido.

Es precisamente la diferencia entre lo que se quiere prohibir —frente a todos— y lo que se puede castigar por la eficacia inhibitoria lo que lleva a GIMBERNAT a afirmar que el estado de necesidad es siempre una causa de justificación, ya que considera que en los casos en los que concurren los requisitos de esta eximente el legislador decide no penar pese a que la pena tiene eficacia inhibitoria.

Las críticas a este modelo han versado tanto sobre sus deficiencias internas como sobre las consecuencias de su aplicación. Así, desde el primero de ambos puntos de vista se ha señalado que el criterio de distinción entre los elementos del delito por su eficacia inhibitoria no es convincente, pues es una característica que puede concurrir en todas las categorías del delito.

Pero también se ha hecho hincapié en que considerar en todo caso el estado de necesidad como causa de justificación plantea el problema de que no sería posible la legítima defensa contra quien agrede en estado de necesidad a un tercero, ya que su actuación debería ser calificada como lícita. En estos supuestos se estaría dando amparo legal a la ley del más fuerte. Para evitar este último tipo de críticas GIMBERNAT ha desarrollado una categorización de las causas de justificación según exista o no tras las mismas una valoración positiva de la situación.

 Ej. 17.12: Volvamos al segundo supuesto recogido en el ejemplo 17.10, en el que Eduardo R. M. y Juan Antonio J. U. naufragan frente a las costas de Tarifa cuando se dirigían a la cercana ciudad de Ceuta. En la situación original Juan Antonio se abalanzaba sobre Eduardo para ahogarlo, pues la única tabla de que disponían no soportaba el peso de los dos. Imaginemos ahora que Eduardo consigue zafarse de Juan Antonio y es él quien sumerge la cabeza de su agresor hasta que finalmente este último fallece ahogado.
Si consideramos que Juan Antonio actuaba amparado por una causa de justificación, su agresión a Eduardo ha de ser valorada como lícita y este no podría alegar la concurrencia de la legítima defensa. ¡Lo que le está sucediendo a Eduardo cuenta con el visto bueno del ordenamiento jurídico!

Solo si entendemos que en este tipo de supuestos el agresor actúa amparado por una causa de inexigibilidad podremos valorar su conducta como una agresión ilegitima ante la que se puede responder bajo la cobertura de la legítima defensa.

A.3. Toma de postura: la doble naturaleza de la eximente de estado de necesidad y su distinto fundamento

En lo que sigue vamos a aceptar la postura diferenciadora de quienes admiten la doble naturaleza de la eximente de estado de necesidad. En caso de conflicto de intereses desiguales el estado de necesidad aparecerá como causa de justificación, en caso de que los intereses en juego sean iguales concurrirá como causa de exculpación.

Dentro de este marco, el principio del debido respeto a la dignidad humana, consagrado en el art. 10 CE, tendrá un papel central en la valoración, pero no externo a la misma. La ponderación de intereses incluirá pues este extremo.

En definitiva, el estado de necesidad puede concurrir con una u otra naturaleza según las circunstancias. Cuando aparece como causa de justificación su fundamento se encuentra en el principio del interés preponderante; en el caso de que se trate de una causa de exculpación, su fundamento se encontrará en la no exigibilidad de obediencia a la norma. En este último caso no bastará con la ponderación de intereses, que constituirá un límite a su aplicación, sino que tendrá que unirse la valoración de la exigibilidad específica de la culpabilidad como categoría del delito, como reprochabilidad. En la lección 23 nos ocuparemos con detalles de esta institución.

 Ej. 17.13: Volviendo al ejemplo que utilizaba CEREZO para ilustrar su concepción del estado de necesidad y aplicándolo a nuestro modelo, la conducta del cirujano que extrae un riñón para salvar la vida de un tercero en ningún caso podrá ser amparada por la causa de justificación, pues la ponderación de intereses no permite hablar de que el mal causado sea menor que el que se trataba de evitar, ya que incluimos en la ponderación la vulneración de la dignidad humana cometida.

En cuanto a las posibilidades de aplicar la causa de exculpación basada en la inexigibilidad, si llegamos a la conclusión de que el mal causado es de la misma entidad que el que se trataba de evitar, aún deberemos añadir el filtro de la exigibilidad, de modo que las razones que llevasen a actuar al cirujano, por ejemplo, que el tercero al que trasplanta el riñón era su hijo menor, hagan posible considerar inexigible su conducta y no realizarle reproche alguno.

B. REQUISITOS DE LA EXIMENTE DE ESTADO DE NECESIDAD

Los requisitos objetivos que han de concurrir para apreciar la eximente de estado de necesidad vienen recogidos por el art. 20.5 CP; a ellos habremos de añadir un componente subjetivo, la conciencia y voluntad de evitar un mal propio o ajeno.

B.1. Requisitos objetivos del estado de necesidad

B.1.1. Situación de necesidad: concepto y clases

Según el art. 20.5 CP está exento de responsabilidad criminal quien actúa: «…en estado de necesidad…».

Como primer requisito de la eximente será preciso pues que concurra un estado de necesidad. Ahora bien, al hablar de estado de necesidad nos referimos tanto a la situación que sirve de base a la eximente como a la eximente misma. Es por ello que en este apartado para evitar confusiones con el conjunto de la circunstancia, adoptamos la expresión «situación de necesidad» al referirnos a este requisito.

Se trata de un elemento esencial de la eximente, de modo que en caso de no concurrir la situación de necesidad no se podrá aplicar el estado de necesidad completo ni incompleto.

a) La situación de necesidad: concepto

Para la aplicación de la eximente del art. 20.5 CP, el Código penal se limita a exigir que se actúe en estado de necesidad; pero no define qué se ha de entender por el mismo. Doctrina y jurisprudencia han ido perfilando una serie de caracteres:

  1. En primer lugar debe concurrir un peligro actual para un bien jurídico. Esto es, llevado a cabo un juicio de previsibilidad ex ante, ha de aparecer como no absolutamente improbable la producción de la lesión del bien jurídico.
  2. El origen del peligro puede provenir de las fuerzas de la naturaleza, de un ataque de un animal, de movimientos corporales de un ser humano, de una conducta humana lícita o incluso de una conducta humana ilícita que no constituya agresión ilegítima, como es el caso de los comportamientos imprudentes.
  3. Los bienes jurídicos en peligro pueden ser propios o ajenos y, frente a las limitaciones que establecíamos para la legítima defensa, en el caso del estado de necesidad pueden pertenecer tanto a personas físicas o jurídicas como a la sociedad, al Estado o a la comunidad internacional.
  4. El mal ha de aparecer como inminente o al menos el conflicto debe resultar irresoluble con el transcurso del tiempo.
  5. Se ha de tratar de un mal grave. En el caso de los bienes patrimoniales dicha gravedad se podrá determinar teniendo en cuenta las concretas circunstancias del afectado, sin que sea preciso que el bien jurídico en peligro tenga un gran valor económico en términos absolutos.
  6. Para evitar el mal ha de ser preciso lesionar otro bien jurídico o infringir un deber. Esta es la esencia de la situación de necesidad. El mal no ha de ser evitable por un procedimiento menos perjudicial, ilícito o lícito, como por ejemplo la huida. El Tribunal Supremo habla en este sentido del carácter absoluto del estado de necesidad.

Atendiendo a los anteriores requisitos es posible definir la situación de necesidad como una situación de peligro actual para un bien jurídico, propio o ajeno, en la que aparece como inminente la producción de un mal grave, inevitable sin producir la lesión o con una lesión menos grave de los bienes jurídicos de otra persona o sin infringir un deber.

Los requisitos de la situación de necesidad han de concurrir de modo objetivo, si bien para la determinación de algunos de ellos será preciso llevar a cabo un juicio de previsibilidad ex ante.

Si el defensor estima erróneamente que se da una situación de necesidad siendo que no es así, estaremos ante un caso de estado de necesidad putativo. El tratamiento del mismo dependerá de la naturaleza con la que concurra en dicha ocasión el estado de necesidad, pero supondrá en todo caso la exclusión de la aplicación de esta eximente.

Se plantea cuál es la relación entre los casos de situación de necesidad y de colisión de deberes. La colisión de deberes se refiere a supuestos en los que el sujeto causa un mal como consecuencia de que tenía el deber de evitar el mal ajeno que amenazaba a otra persona física o jurídica, a la sociedad o al Estado.Es decir, mientras que en el estado de necesidad se contrapone el deber de no llevar a cabo un comportamiento típico que lesionará o pondrá en peligro un bien jurídico con el permiso de salvaguardar otro bien jurídico, en la colisión de deberes se contrapone el deber de no llevar a cabo el comportamiento típico que lesionará o pondrá en peligro el bien jurídico con el deber de salvaguardar otro bien jurídico.

El problema es el de cuál es el tratamiento legal correcto de los supuestos de colisión de deberes, ya que en principio los podríamos incardinar en el art. 20.5 CP, que ahora nos ocupa, pero también entre los supuestos de la eximente de cumplimiento de un deber del art. 20.7 CP.

Pues bien, lo correcto será aplicar esta última ya que todos los supuestos de cumplimiento de un deber suponen en definitiva el cumplimiento de un deber de rango superior y podemos considerarla como ley especial frente al estado de necesidad. Además, de considerarse aplicable este último se vaciaría de contenido la eximente de cumplimiento de un deber.

b) Clases de situación de necesidad

Podemos clasificar las situaciones de necesidad en función de dos parámetros: la magnitud del mal causado con respecto al que se trata de evitar y la relación del sujeto con el bien jurídico protegido.

  1. Clasificación de la situación de necesidad por la magnitud del mal causado: la ponderación de males

    Se distingue comúnmente entre la situación de necesidad en caso de conflicto de intereses iguales —como sabemos, introducida en la reforma del Código penal 1944— y la situación de necesidad en caso de conflicto de intereses desiguales —única existente con anterioridad—, según que el mal que se pretende causar sea igual o menor que el que se trata de evitar.

    El mal amenazante no tiene por qué tener una salvaguarda específicamente jurídico penal sino que puede suponer la vulneración de cualquier sector del ordenamiento. Ahora bien, no se puede considerar como mal la lesión de un interés no protegido por el Derecho, que solo merezca una desvaloración social.

     Ej. 17.14: No es mal el daño proveniente de quien está amparado por una causa de justificación, por lo que en ningún caso podremos afirmar que se da la situación de necesidad.

    Se discute si constituye un mal no tener drogas con que aplacar un síndrome de abstinencia. En este punto lo decisivo será contemplar el menoscabo en la salud que supone dicho síndrome, por lo que si se da la intensidad requerida, podrá constituir un mal en el sentido del estado de necesidad.

    La ponderación de males tiene carácter objetivo. Se trata de comparar los intereses en conflicto, siendo el concepto de interés sensiblemente más amplio que el de bien jurídico. No solo tiene en cuenta los bienes jurídicos concurrentes sino otros elementos, como que vayan a verse lesionados o simplemente puestos en peligro, el grado de peligro, la gravedad e irreparabilidad de la lesión, el desvalor de la conducta o si existe una grave infracción del principio del debido respeto a la dignidad de la persona humana.

    Determinados supuestos plantean especial dificultad para llevar a cabo dicha ponderación, como son los casos en que concurren intereses individuales y supraindividuales o cuando entran en juego intereses patrimoniales.

     Ej. 17.15: Así se discuten los casos en los que para justificar la realización de un delito de tráfico de estupefacientes o de robo se alega la paupérrima situación económica del autor —la jurisprudencia tiende a excluir en este tipo de situaciones el estado de necesidad pues considera más grave el daño causado con el tráfico de drogas—.
  2. Clasificación de la situación de necesidad por la relación del sujeto con el bien jurídico protegido

    Según la relación entre el sujeto actuante y el bien jurídico en situación de necesidad se distingue entre el estado de necesidad propio, el auxilio necesario y la comunidad de peligro.
    i) Estado de necesidad propio: Coinciden necesitado y sujeto actuante.

     Ej. 17.16: Los dos supuestos recogidos en el ejemplo 17.10 son de estado de necesidad propio.

    ii) Auxilio necesario: Se actúa para evitar un mal ajeno.

     Ej. 17.17: El caso del médico que extirpa un riñón para trasplantarlo a un tercero recogido en los ejemplos 17.11 y 13, es un caso de auxilio necesario,siempre que se den sus requisitos.

    iii) Comunidad de peligro: El peligro es tanto para el que actúa como para un tercero.

     Ej. 17.18: Gonzalo L. L., capitán del barco carguero P. M., que se encuentra en medio de una gran tormenta en el mar de Alborán, ordena lanzar por la borda parte de la valiosa carga que transporta para salvar la vida de los tripulantes.
B.1.2. Mal causado menor o igual que el que se pretendía evitar: la ponderación de males

El segundo de los requisitos que distingue el Código penal para apreciar la eximente de estado de necesidad hace referencia a la magnitud del mal que amenaza. Según el art. 20.5 Primero CP es requisito de la misma: «Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar».

La aplicación del estado de necesidad supone por tanto que el mal causado sea igual o menor que el que se trataba de evitar. Tras ello se encuentra la ponderación de todos los intereses en juego en los términos que acabamos de analizar al distinguir las distintas clases de situación de necesidad según la magnitud del mal causado —lugar al que ahora nos remitimos—.

En el caso de que llevada a cabo la ponderación de males, estemos ante un conflicto de intereses desiguales, la eximente actuará como causa de justificación, siendo lícita la conducta si se da el resto de requisitos; en caso de que se trate de un conflicto de intereses iguales el estado de necesidad podrá actuar como causa de exculpación basada en la inexigibilidad de otra conducta. Estamos por tanto ante un punto de la mayor trascendencia en la interpretación del estado de necesidad.

Se trata de un elemento no esencial del estado de necesidad. Ello significa que en caso de que no concurra se abrirá la posibilidad de aplicar una atenuante del art. 21.1 CP.

B.1.3. Falta de provocación intencionada de la situación de necesidad

Según el art. 20.5. Segundo CP es requisito de la eximente de estado de necesidad: «Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto».

Esto es, no se podrá aplicar el estado de necesidad cuando el sujeto que actúa ha provocado intencionadamente una situación de conflicto insalvable entre dos intereses.

De nuevo estamos ante un requisito no esencial de la eximente por lo que en caso de que no concurra se podrá acudir a la aplicación de las reglas del art. 21.1 CP sobre la concurrencia de eximentes incompletas.

La provocación no se refiere por tanto al peligro, sino a la situación de necesidad. Esto es, no excluye la concurrencia de la eximente que el sujeto haya puesto intencionadamente en peligro el bien jurídico, sino que es preciso que fuera con la intención de provocar la situación de necesidad.

Por otra parte, al exigirse la intencionalidad no bastará cualquier provocación de la situación de necesidad, sino que habrá de ser voluntaria, lo que excluye los casos de provocación imprudente —que podrán quedar al amparo de la eximente—, pero no así aquellos en los que el sujeto previó la posibilidad se produjera la situación y actuó contando con dicha posibilidad.

Por otra parte dicha voluntariedad se refiere al sujeto que actúa, no al portador del bien jurídico en caso de auxilio necesario.

El fundamento de este requisito en el caso de la causa de justificación se encuentra en la ponderación de intereses, que se inclina a favor de los intereses lesionados o puestos en peligro y en el caso de la causa de exclusión de la culpabilidad porque al sujeto que provocó la situación de necesidad le es exigible actuar conforme a Derecho.

B.1.4. Inexistencia de obligación de sacrificio

Como cuarto elemento del estado de necesidad, en el art. 20.5. Tercero CP aparece otro requisito negativo: «Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse».

Hace referencia al necesitado, no a quien actúa, por lo que impedirá actuar en auxilio necesario de quien está obligado a sacrificarse. Se refiere a casos como los de profesionales como bomberos, médicos, socorristas, marineros…

Se trata de un requisito no esencial Si no concurre entrará en juego la posibilidad de aplicar una eximente incompleta a través del art. 21.1 CP.

No se ha de aplicar con carácter absoluto, el Tribunal Supremo lo excluye en casos de sacrificio inútil y tampoco se deberá exigir este requisito cuando haya una gran desproporción entre los intereses en juego.

 Ej. 17.19: Juan Carlos R. L., miembro del Cuerpo de Bomberos de la Diputación de Zaragoza, queda atrapado por un incendio; para liberar el paso al exterior utiliza un estatua de mármol de gran valor que sufre importantes desperfectos.

El fundamento de este requisito en el caso de la causa de justificación se encuentra en la ponderación de intereses y en el de la causa de inculpabilidad en la exigibilidad de la obediencia al Derecho.

B.2. El requisito subjetivo del estado de necesidad: la conciencia y voluntad de evitar un mal propio o ajeno

La apreciación del estado de necesidad requiere que el sujeto actúe con conciencia y voluntad de evitar un mal propio o ajeno. No basta pues con el elemento intelectual, que el sujeto conozca la situación de necesidad, sino que es preciso que actúe con ánimo de evitar un mal propio o ajeno aunque no tiene por qué ser el único motivo de su actuación.

De nuevo nos encontramos ante un elemento esencial de la eximente. En caso de no concurrir no será posible aplicar ni la eximente completa ni la atenuación prevista para la eximente incompleta del art. 21.1 CP.

C. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA APLICACIÓN DE LA EXIMENTE DE ESTADO DE NECESIDAD

Las consecuencias de la aplicación de la eximente de estado de necesidad dependen de la naturaleza con la que concurra, como causa de justificación o como causa de exculpación basada en el principio de la inexigibilidad de la obediencia a la norma.

Desde el punto de vista de la responsabilidad penal en ambos casos el sujeto quedará exento de pena, pero mientras que en el primero la conducta será declarada lícita, en el segundo caso se tratará de un ilícito penal al que no se aplica pena alguna por no ser declarado su autor culpable.

En cualquier caso, los daños a bienes de terceros deberán ser abonados siguiendo las previsiones del art. 118.1.3 CP. Según el mismo: «En el caso del número 5º serán responsables civiles directos las personas en cuyo favor se haya precavido el mal, en proporción al perjuicio que se les haya evitado, si fuera estimable o, en otro caso, en la que el Juez o Tribunal establezca según su prudente arbitrio.

Cuando las cuotas de que deba responder el interesado no sean equitativamente asignables por el Juez o Tribunal, ni siquiera por aproximación, o cuando la responsabilidad se extienda a las Administraciones Públicas o a la mayor parte de una población y, en todo caso, siempre que el daño se haya causado con asentimiento de la autoridad o de sus agentes, se acordará, en su caso, la indemnización en la forma que establezcan las leyes y reglamentos especiales».

Este precepto no es obstáculo para fundamentar la exclusión de la antijuridicidad de la conducta en caso de que el estado de necesidad concurra como causa de justificación. El abono de las responsabilidades civiles no deriva de la comisión de delito alguno, se basa en los principios de gestión de negocios ajenos y de enriquecimiento injusto —como veremos en la lección 35 de este Curso—.