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La característica más destacable de la situación actual de la culpabilidad como categoría del delito es la amplitud y diversidad de planteamientos que podemos encontrar en la misma.

Así, junto a los planteamientos que entroncan con las tradicionales concepciones normativas —también diversos entre sí (basta pensar en las posiciones de CEREZO MIR, DÍEZ RIPOLLÉS, TORÍO LÓPEZ o MARTÍN LORENZO)— podríamos situar los enfoques preventivos, que, por supuesto, tampoco son unitarios.

Dentro de los enfoques preventivos debemos hacer una breve mención a GIMBERNAT ORDEIG, tanto por la radicalidad de su planteamiento, como por su carácter de pionero en la crítica de las concepciones normativas. Para GIMBERNAT, se puede prescindir del principio de culpabilidad y, sin embargo, mantener todas sus consecuencias (centradas en la necesidad de dolo o imprudencia para poder castigar una conducta, en el mayor castigo de los delitos dolosos frente a los delitos imprudentes, en la imposición a los inimputables únicamente de medidas de seguridad y en la impunidad del error de prohibición invencible). Las exigencias de la prevención general y de la prevención especial podrían justificar, en su opinión, las consecuencias que se han atribuido tradicionalmente al principio de culpabilidad.

Sin poder entrar en un exhaustivo análisis de su postura, lo cierto es que la misma ha sido rebatida, convincentemente, en nuestro país (CEREZO MIR, GRACIA MARTÍN, PÉREZ MANZANO).

Así, se señala que, desde una perspectiva preventiva, los delitos imprudentes deberían castigarse con mayor pena que los delitos dolosos, dado que son más frecuentes; del mismo modo, la eficacia preventiva podría legitimar que se castigase en los casos en que había un error de prohibición invencible, ya que si el desconocimiento de la antijuridicidad de la conducta no exime de pena, las personas examinarían más cuidadosamente la licitud o ilicitud de su comportamiento; la aplicación de una pena a los inimputables también podría tener efectos preventivos, sobre todo de cara a la generalidad, dado que al ver que esas personas son castigadas sabrían que ellos también lo van a ser, etc. Más allá de estas cuestiones debemos recordar las consecuencias que la utilización del criterio de la necesidad de pena tenía para la distinción entre antijuridicidad y culpabilidad: se convertían en los ámbitos de lo que el legislador quiere prohibir (antijuridicidad) frente a lo que el legislador puede castigar (culpabilidad), criterio que tampoco convencía. Por último se ha puesto en duda que realmente se esté renunciando a la culpabilidad, dado que conserva los elementos básicos de la misma, como son la imputabilidad y la necesidad de conocimiento (o de posibilidad de conocimiento) de la antijuridicidad.

Si en la construcción de GIMBERNAT la necesidad preventiva se habría convertido en el fundamento y el límite de la pena, en la de MIR PUIG la culpabilidad se mantiene como un límite a las exigencias preventivas (a las exigencias de la necesidad de pena). Elemento básico —y con bastante éxito en la doctrina— de su planteamiento es la consideración de que la culpabilidad, materialmente, consiste en la capacidad de motivación normal por las normas jurídicas, lo que explica su concepción de la culpabilidad como categoría donde realizar el principio de igualdad real.

Lo que caracteriza a los inimputables y a los que actúan en situaciones de inexigibilidad es que no tienen capacidad de motivación normal por la norma. El inimputable no tiene una capacidad normal en cuanto sufre una anomalía o alteración psíquica, de manera que existen razones internas —situadas en el propio sujeto— que explican su falta de capacidad de motivación normal; dado que los delitos los suele cometer una persona que no padece alteración alguna, la diferencia en cuanto a la normalidad (uno padece determinadas anomalías o alteraciones y los demás no) parece clara. Tampoco quien está en una situación de inexigibilidad tiene una capacidad de motivación normal: en este caso es la situación externa la que influye en el sujeto repercutiendo en la normalidad de su capacidad de motivación; la normalidad de su capacidad está rota por la concurrencia de esas circunstancias externas que modifican la misma; obviamente, los delitos no se suelen cometer en una situación de inexigibilidad, de forma que la diferencia —la anormalidad— parece obvia.

Pese a lo sugestivo de su postura, la misma tampoco termina por resultar convincente, tal y como han señalado otros autores (CEREZO MIR, PÉREZ MANZANO, DÍEZ RIPOLLÉS).

Por un lado, la capacidad de motivación normal por la norma no parece que presente grandes ventajas frente a la capacidad de actuar conforme a la norma (la capacidad de obrar de otro modo): no parece que su demostración empírica vaya a ser más fácil; sigue suponiendo la utilización de elementos valorativos, si bien sus referentes no son tan claros como en otros casos; una capacidad pasiva —ser motivado normalmente—, es insuficiente para atribuir el hecho a una persona. Por otro lado, tampoco consigue explicar satisfactoriamente las eximentes que se basan en situaciones de no exigibilidad. Basta pensar en las personas que quedan excluidas de la eximente de estado de necesidad (los que han provocado intencionadamente el estado de necesidad o las que tienen una obligación de sacrificio por su oficio o cargo); ¿qué es lo que fundamenta que, en estos casos, su capacidad de motivación sí sea normal? ¿Realmente podemos decir que su capacidad es normal, que no se ve alterada? Podría aludirse, igualmente, a otros límites del estado de necesidad (la igualdad de los males) o a por qué solo el miedo insuperable exime (¿no hay otras emociones de la misma intensidad y que, por tanto, también disminuyan la capacidad normal de ser motivado por las normas jurídicas?).

A necesidades preventivas responde también el concepto dialéctico de MUÑOZ CONDE. Si tenemos en cuenta que la libertad en que se basa el concepto tradicional no es demostrable empíricamente y que existen supuestos en que no hay culpabilidad pese a existir capacidad de obrar de otro modo (los supuestos de no exigibilidad), parece obvio, según este autor, que debemos abandonar las posiciones tradicionales con su planteamiento individual. Es imprescindible, en su opinión, reconocer que la culpabilidad es un fenómeno social, de manera que serán las necesidades preventivo generales —avaladas, en su caso, por razones preventivo especiales— las que legitimarán los supuestos en que existe culpabilidad, cuyo elemento esencial será la capacidad de motivación por la norma —insistiendo en esta relación entre función de motivación por la norma y concepto material de culpabilidad—.

La postura de MUÑOZ CONDE también ha recibido críticas en la doctrina (CEREZO MIR, DÍEZ RIPOLLÉS). Así, la relación entre culpabilidad y prevención general es menos sencilla de lo que este autor pretende. Si definimos la culpabilidad en función de las exigencias de la prevención queda claro que la misma no podrá suponer un límite a dichas exigencias, lo que podría dar lugar a abusos —problema que, en el fondo, reconoce el propio MUÑOZ CONDE al señalar la posibilidad de que existan esos excesos y recordar, con acierto, que lo que debe hacerse en este caso es criticar esos excesos; el problema es que sin un criterio material independiente de las propias consideraciones preventivas no se podrán distinguir los abusos o excesos—. Por otro lado, tampoco las interpretaciones que aluden a la falta de necesidad preventiva de pena consiguen explicar satisfactoriamente las causas de no exigibilidad. Así, por ejemplo, todavía no se ha ofrecido una explicación convincente de por qué solo el miedo insuperable hace innecesaria la pena desde perspectivas preventivo generales y preventivo especiales, mientras que la misma sigue siendo necesaria cuando se trata de otra perturbación emocional (que puede tener la misma intensidad). Igualmente, tampoco parece que las necesidades de pena puedan explicar los límites a los males en juego en caso de estado de necesidad en conflicto de intereses iguales.

Existen, por supuesto, otras posturas (pensemos en la influencia de ROXIN y su defensa de la categoría de la responsabilidad, esto es, la complementación de la culpabilidad tradicional —imputabilidad y conciencia o cognoscibilidad de la antijuridicidad— con reflexiones sobre la necesidad de pena —causas basadas tradicionalmente en la no exigibilidad—, los planteamientos de síntesis entre prevención y garantías —ALCÁCER GUIRAO, SILVA SÁNCHEZ—, la conocida disolución de la culpabilidad en razones preventivo generales de JAKOBS o la sugerente teoría del sujeto responsable de BUSTOS RAMÍREZ con las reflexiones complementarias de VARONA GÓMEZ) en cuya exposición no podemos detenernos.