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Según la comprensión mayoritaria del principio de culpabilidad, su formulación sería la siguiente: «No hay pena sin culpabilidad. La medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad». Pese a su carácter de principio básico en el actual Derecho penal —resulta habitual hablar del mismo como límite del ius puniendi, como conjunto irrenunciable de garantías o como principio que estructura y rige toda la imputación—, no es infrecuente encontrar referencias a la falta de claridad del mismo, a nuestro desconocimiento de su contenido, sus funciones y exigencias. De hecho, ha podido decirse que no se discuten las consecuencias del mismo sino su fundamento (BACIGALUPO), llegándose incluso a propugnar su sustitución por un conjunto de otros principios (GARCÍA ARÁN).

Más allá de los problemas que provienen de la crisis de las concepciones normativas —a los que hemos hecho somera referencia—, el problema parece radicar en que la evolución del concepto de delito ha abierto un hueco entre el principio de culpabilidad y la categoría del delito de este nombre (GARCÍA ARÁN, DÍEZ RIPOLLÉS). Con otras palabras: exigencias que antes sí eran de la «culpabilidad» (como la necesidad de dolo e imprudencia para poder ser responsable —la denominada exclusión de la responsabilidad objetiva o por el resultado—), hoy en día lo serían de otras categorías (en este caso, serían una exigencia de lo ilícito, de la tipicidad).

La culpabilidad de la primera parte del principio (no hay pena sin culpabilidad) y la culpabilidad como elemento del delito serian distintas. Más aún, la culpabilidad a la que se refieren las dos partes del principio no sería la misma: si la primera (no hay pena sin culpabilidad) es la culpabilidad de fundamentación de la pena(esto es, haría referencia a una serie de requisitos que deben darse para poder imponer una pena, de los que la culpabilidad como elemento del delito seria solo uno), la segunda (la medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad) seria la culpabilidad de medición de la pena, completamente distinta de la anterior, ya que abarcaría todos los factores relevantes para la determinación e imposición de la pena, claramente más que los que pertenecen a la categoría del delito (aunque incluye también los que pertenecen a la propia culpabilidad como categoría del delito).

Cuando en el siglo XIX se formula el principio de culpabilidad, se hace como «no hay pena sin dolo o imprudencia». Es lógico que así sea pues, como ya hemos podido ver; la culpabilidad como categoría sistemática era un concepto meramente formal, que podía sustituirse por sus clases o especies (el dolo o la imprudencia) sin ningún tipo de problema. Igualmente, en dicho momento histórico lo verdaderamente relevante era la exclusión de la responsabilidad por el resultado, pues la conciencia de la antijuridicidad como elemento del delito (incluida normalmente en el dolo), todavía no se ha consolidado como una exigencia unánime, como algo derivado del principio de culpabilidad —dicho de otra manera: no resultaba problemático admitir responsabilidad en supuestos en que el sujeto no sabía ni podía saber que su conducta era antijurídica—. Desde esta perspectiva lo extraño es que, superadas las concepciones psicológicas, el principio de culpabilidad se siguiese enunciando como «no hay pena sin dolo o imprudencia» cuando, en teoría, la culpabilidad —como reprochabilidad— era más que el dolo o la imprudencia. La explicación, sin embargo, podría ser bastante sencilla: en los planteamientos normativos, dolo e imprudencia siguieron siendo comprendidos como «especies» de la culpabilidad; igualmente, la idea de que estábamos ante las «formas» de la culpabilidad resultaba compatible con su consideración, al mismo tiempo, como elementos de la culpabilidad en cuanto categoría del delito.

La razón es en los dos casos la misma: se trata. en ambos casos, de formas de referirse al propio delito, esto es, se está haciendo referencia a las «especies» del delito (delito doloso o delito imprudente) o a las «formas» del delito entendido como conducta reprochable. Lo que resulta reprochable (y por tanto culpable) es un comportamiento doloso o imprudente. Dado que el delito es una conducta culpable, las formas del delito como conducta culpable son la actuación dolosa y la actuación imprudente.

En nuestra opinión, ninguna de las distinciones anteriores es necesaria. La culpabilidad a la que hace referencia el principio de culpabilidad —en sus dos partes— es la culpabilidad del concepto analítico del delito en su vertiente material, esto es, la culpabilidad como categoría del delito, la conducta reprochable.

Pese a que es reconocida con carácter general, existe una fuerte tendencia a pasar por alto la relación lógica-necesaria que existe entre los elementos del delito. Si prestamos atención a la misma, la culpabilidad tiene en cuenta los anteriores elementos del delito —especialmente si se parte de que estamos ante la reprochabilidad individual de la conducta antijurídica; al ser la conducta antijurídica el objeto que reprocharemos, su mayor o menor gravedad incidirá, directamente, en la gravedad de la culpabilidad—, de modo que todas las exigencias de elementos anteriores derivan de la misma. Se podría decir que las categorías anteriores están preparando, precisamente, el objeto de la reprochabilidad. Por otro lado, no podemos pasar por alto que el concepto analítico de delito tiene también una vertiente material, esto es, que no se limita a establecer la concurrencia de unas cualidades, sino que analiza las mismas. Así, igual que lo ilícito es una categoría graduable, la culpabilidad también lo es (más allá de la gravedad de lo ilícito, la propia reprochabilidad puede ser mayor o menor), de forma que, en última instancia, la culpabilidad reproduce, materialmente, la gravedad del delito.

En cualquier caso, resulta importante tener en cuenta que nuestro Código penal no formula expresamente el principio de culpabilidad. El art. 5 CP («no hay pena sin dolo o imprudencia») consagra el que se denomina principio de imputación subjetiva, es decir, excluye la responsabilidad objetiva, la responsabilidad por el resultado, pero deja fuera otras exigencias del principio de culpabilidad. Dada su importancia, sería deseable que se viese recogido en el Código penal.

Por último debemos referirnos a la posible consagración constitucional del principio de culpabilidad. La Constitución no se refiere directamente al mismo, pero, de acuerdo con CEREZO MIR, podemos deducirlo de su artículo 10, en su referencia a la dignidad de la persona humana como fundamento del orden político y la paz social, fundamentación preferible a la ofrecida por otros autores. El principio de culpabilidad es una exigencia del respeto a la dignidad humana, pues imponer una pena sin culpabilidad o una pena mayor que la medida de la culpabilidad supondría utilizar a la persona como mero instrumento para la obtención de fines sociales, lo que supondría una grave vulneración del respeto debido a la dignidad de la persona humana.