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El anterior Código penal español regulaba la mayoría de los delitos imprudentes mediante cláusulas generales, contenidas en los viejos arts. 565, 586 bis y 600, que había que poner en relación con los tipos de los delitos dolosos. Se partía así de que en principio cualquier delito se castigaba tanto en su comisión dolosa como imprudente, aunque lo cierto es que luego la jurisprudencia había ideado criterios para excluir la posibilidad de comisión imprudente de ciertas figuras.

Ej. 11.1: Así por ejemplo, el antiguo art. 565 CP disponía: «El que por imprudencia temeraria ejecutare un hecho que, si mediare malicia, constituiría delito, será castigado con la pena de prisión menor. Al que, con infracción de los reglamentos cometiere un delito por simple imprudencia o negligencia se impondrá la pena de arresto mayor».

Esta técnica legislativa había llevado a la doctrina a discutir si lo que se castigaba en el Código penal eran delitos imprudentes (crimina culposa) o un delito de imprudencia (crimen culpae). De hecho la jurisprudencia con frecuencia condenaba de forma errónea por la comisión de «un delito de imprudencia con X resultados de muerte», en lugar de, como sería lo correcto, por X homicidios imprudentes (en concurso ideal de delitos).