Unión Europea

La instancia superior del TJUE continúa denominándose, como hasta ahora, Tribunal de Justicia (TJ, en adelante). En su análisis, hay que diferenciar la composición y su organización y funcionamiento. 1.1. Composición Los miembros del TJ son los jueces y los abogados generales, que designan, asimismo, un secretario para que les asista en el ejercicio de sus funciones.

1.1. Fundamento jurídico Desde 1952 a 1979 los parlamentarios europeos eran designados en el seno de los Parlamentos nacionales, de forma que su representación era de segundo grado, y obligaba, por tanto, a la acumulación del doble mandato: la duración del mandato europeo se vinculaba a su permanencia como parlamentario nacional.

La Comisión es una institución creada desde el origen mismo de las Comunidades Europeas en los años cincuenta, si bien se denominaba Alta Autoridad en la extinta Comunidad Europea del Carbón y del Acero.

El Consejo está compuesto por un representante de cada EUE, de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno del EUE al que represente (art. 16.2 TUE). Una interpretación coherente con el Derecho internacional y con el Derecho constitucional nos lleva a unas deducciones que en lo básico coinciden con la composición tradicional del Consejo.

1.1. El origen del Consejo Europeo La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en París los días 9 y 10 de diciembre de 1974 es la que llevó a cabo una cierta formalización del Consejo Europeo.

En los trabajos preparatorios de la reforma que condujo al Tratado de Niza (2001) hubo consenso sobre el modelo institucional. El sistema institucional no fue objeto de reflexión por parte de un grupo de trabajo específico durante el debate del fracasado Tratado constitucional en el seno de la Convención para el Futuro de Europa (2002-2004).

El artículo 20 TFUE establece que los ciudadanos de la Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos en los Tratados. Algunos de los derechos que conforman la institución de la ciudadanía de la Unión ya venían disfrutándose por los ciudadanos de los Estados miembros antes incluso de la reforma del Tratado de Maastricht (libre circulación y residencia vinculada a una actividad económica e igualdad de trato).

Lo importante ahora es percibir que el Tratado de Lisboa, al menos en esta cuestión, recuperó, tras el denso e infructuoso debate constitucional, el discurso de la positivación (catálogo propio), adhesión al CEDH y la controvertida cuestión de la eventual extensión del modelo a la Cooperación Policial y Judicial Penal y, en cierto modo, a la PESC al menos para hacer frente a las claras disfunciones derivadas de las decisiones en el mundo de las medidas restrictivas a personas físicas y jurídicas.

La desmesurada complejidad jurídica de la regulación del TA arrojaba grandes dudas respecto a su futura operatividad, dudas que vendrían a confirmarse en sus primeros años de vigencia por una lenta y algo dispersa puesta en marcha y que, sin embargo, la gran agenda europea, volcada sobre la reforma institucional y la ampliación, acaso desatendió.

Lógicamente, los Tratados no dicen ni deben decir en qué ámbitos tienen competencia los Estados. Los Estados han tenido siempre una competencia residual general implícita: todo lo que no está regulado —con distinta intensidad— en los Tratados permanece bajo plena soberanía nacional.