La Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 5, al referirse a las clases de tutela jurisdiccional, contempla las pretensiones de ejecución, a formular ante el Tribunal y frente a quienes haya de afectar la decisión pretendida. 

La pretensión ejecutiva tiene carácter jurisdiccional y se integra en el derecho a la tutela judicial efectiva; esto es, una vez reconocido el derecho como existente, el Estado debe arbitrar aquellos medios o sistemas de coacción que sean precisos para que lo reconocido en Sentencia tenga virtualidad práctica, sin o contra la voluntad del deudor, demandado, y esos medios o sistemas de coacción se integran en el llamado "proceso de ejecución".