Es otra de las objeciones que con mayor frecuencia se presentan, dada la cada vez más generalizada legalización civil del aborto.

Los objetores son tanto los médicos como el resto del personal sanitario e incluso los farmacéuticos, en lo que hace al despacho de medicamentos abortivos.

En España aparece mencionada, con serias restricciones, en alguna normativa muy reciente, y la jurisprudencia es contradictoria sobre su admisibilidad.