Salidas Profesionales Del Graduado en Derecho

El Libro Blanco de ANECA para el Grado de Derecho estudia las posibilidades de inserción de los graduados en Derecho en el mercado laboral tras obtener el título.

Se indica que en el caso de España tardan de media entre 3 y 6 meses en encontrar el primer empleo, y cerca del 80% obtienen trabajo acorde a su formación según reflejan los estudios realizados en universidades españolas.

Se destaca que la principal vía de acceso a los trabajos son los contactos personales, alcanzando un porcentaje cercano al 40%; mientras que en segundo lugar están las oposiciones y concursos públicos, con un 20%. Esto se corresponde con el dato de que el 26% de los graduados trabaja en el sector público; el mayor porcentaje de graduados trabaja como abogados (37%) y en banca y seguros (14%).

Se refleja asimismo, que tienen más oportunidades laborales los titulados en dobles grados como Derecho y A.D.E. o Derecho y Economía. Entre los informes de empleabilidad consultados, podemos destacar el de la consultora de empleo y trabajo temporal Adecco, que menciona el puesto de Director de Recursos Humanos como el más cotizado para los graduados en Derecho.

Puestos de trabajo

Los graduados en Derecho pueden ejercer su labor por libre o bien en una empresa. Sin embargo, muchos estudiantes deciden complementar sus estudios con los de Administración de Empresas, a través de cursos de postgrado o, también mediante la formación mixta jurídico-económica, que ofertan algunas universidades.

Según los informes de empleabilidad consultados, las especialidades que mejores salidas profesionales tienen son aquellas áreas relacionadas con el derecho fiscal, mercantil y comunitario. Por último, los graduados en Derecho tienen más posibilidades en las oposiciones ofertadas, ya que buena parte del contenido del temario se refiere a la legislación vigente.

A continuación se definen los puestos de trabajo más propios del sector privado para los graduados en Derecho.

Abogado y/o procurador. Se encarga de la representación, defensa y protección de los derechos e intereses de las personas físicas y jurídicas, así como del asesoramiento y consejo en materias jurídicas. Ejerce su profesión ante tribunales de cualquier foro o jurisdicción, cuando así lo requiere la defensa de los intereses que representa.

El procurador, que trabaja íntimamente con los abogados, ejerce la representación procesal de las partes en litigio ante los Juzgados y Tribunales.

El Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales indica que la obtención del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales, para los licenciados o graduados con posterioridad a su entrada en vigor, requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.
2. Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.
3. Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.
4. Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional.

Los requisitos b y c quedan cubiertos mediante el Máster de Acceso a la Abogacía y el Máster de Acceso a la procura.

Notario. Se dedica a asesorar, redactar, custodiar y dar fe en acuerdos, documentos, testamentos y otros actos civiles. Está obligado a controlar y preservar la ley y mantener la neutralidad en sus actos. Da certeza y seguridad y es asesor jurídico cualificado, aconsejando y orientando imparcialmente a los interesados, les sugiere las herramientas jurídicas idóneas para que, con el otorgamiento del acto jurídico adecuado, puedan aquellos regular sus derechos y situaciones jurídicas en general.

El notario es funcionario investido de fe pública para que los documentos que autorice y las copias y reproducciones que de aquellos expida, tengan valor probatorio pleno en juicio y fuera de él, y en consecuencia, su contenido se tenga por bueno y válido por todas aquellas personas cuya situación llegue a estar relacionada con los efectos de los actos hechos constar en dichos documentos, y en general por toda la comunidad.

Registrador de la propiedad mercantil. Trabaja en los Registros de la Propiedad, Registros Mercantiles y Registros de Bienes Muebles. Inscriben y dan publicidad a, respectivamente, la propiedad de los bienes inmuebles y de los derechos que recaen sobre los mismos (hipoteca o servidumbres y resoluciones judiciales o administrativas que les pueden afectar como los embargos), a los sujetos con tráfico mercantil y, por último, a la propiedad y las cargas y gravámenes sobre bienes muebles, así como las condiciones generales de su contratación. El objetivo de estos registros es ofrecer seguridad jurídica pues, una vez inscritos, los derechos se encuentran bajo la tutela de los Tribunales y se considera como cierto sólo lo que dice el Registro.

Técnico en valoraciones y tasaciones inmobiliarias. Se encarga de valorar (señalar el precio de algo) y tasar (fijar oficialmente el precio máximo o mínimo para una mercancía o bien), todo tipo de inmuebles tales como: vivienda nueva y usada, promociones inmobiliarias, locales comerciales, edificaciones industriales, terrenos y solares o fincas rústicas. Los bienes inmuebles se valoran con diferentes fines: la garantía hipotecaria, el conocimiento del valor de mercado, de seguro, de inversión, fiscal y urbanístico.

Administrador de fincas. Se ocupa de la gestión de las fincas urbanas y rústicas. Desempeña funciones relacionadas con la contabilidad, la contratación de servicios y de personal y la mediación en los conflictos entre vecinos. Puede desarrollar su trabajo como empresario o empresaria, a través de su propio despacho, o ejercer la profesión contratados por otras empresas.

Detective privado. Profesional que a solicitud de personas físicas o jurídicas se encarga: de obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados; de la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de los legitimados en el proceso penal; de la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.

Los detectives privados no pueden investigar delitos perseguibles de oficio, y deben denunciar a la autoridad competente los hechos de esta naturaleza que lleguen a su conocimiento. Además, los investigadores privados están obligados a guardar en secreto las investigaciones que realicen y sólo facilitarán datos sobre éstas a las personas que se las hayan encargado y, llegado el caso, a los órganos judiciales y policiales competentes. Pueden trabajar de forma autónoma o para agencias, siempre y cuando estén en posesión de la correspondiente licencia.

Las áreas de investigación más frecuentes de estos profesionales son las relacionadas con el mundo empresarial (competencia desleal, control de bajas laborales, falsificación de marcas), los asuntos personales (infidelidad matrimonial, localización de personas desaparecidas) y la vigilancia electrónica. Para trabajar en esta profesión es necesario estar en posesión del diploma de Detective Privado, tras cursar los estudios correspondientes en la Escuela de Criminología.

Victimólogo. Se encarga de investigar la repercusión de los acontecimientos traumáticos en la vida de las personas y su entorno. Su objetivo es paliar las secuelas o consecuencias negativas, para lo que asesoran a las víctimas de situaciones traumáticas y a las instituciones que se ocupan de su cuidado en los aspectos psicológicos, biológicos, jurídicos o sociológicos.

Interventor. Profesional que fiscaliza ciertas actividades para que se lleven a cabo conforme a la legalidad. Su actividad se centra en la intervención económica y financiera. Se le puede encontrar, por tanto, ejerciendo funciones relacionadas con el control y la fiscalización de la legalidad de los gastos, así como de los ingresos públicos y la contabilidad. Los ámbitos en los que realiza estas tareas son, fundamentalmente, organismos públicos como administraciones locales o Seguridad Social, pero también puede desarrollar su actividad en la banca.

Mediador laboral. Profesional que interviene, a través de acciones y sistemas diseñados para ello, en la resolución de los conflictos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores. Se excluyen de su competencia de los conflictos en los que las administraciones públicas sean parte, así como aquellos relacionados con la Seguridad Social. Existen servicios de mediación, arbitraje y conciliación en algunos sindicatos.

Criminólogo. Experto en los aspectos relacionados con el hecho criminal o con la conducta desviada. Sus principales responsabilidades son la investigación científica sobre la delincuencia para su prevención, la investigación y resolución de hechos criminales, y la planificación y gestión de políticas criminales y de seguridad. También puede desempeñar funciones de mediación entre víctima y delincuente, atención a menores en centros de reforma y actividad de docencia universitaria o de otro tipo.

Asesor fiscal y tributario. Profesional experto en impuestos que presta sus servicios a empresas o clientes particulares para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la forma más beneficiosa posible para ellos. Se encarga de establecer el calendario y calcular los impuestos de la empresa, estudiar y ejecutar las fórmulas de gestión fiscal y tributaria más favorables, proponer modos de inversión que deduzcan más a la empresa, cumplimentar los formularios de impuestos, y se asegura del cumplimiento de plazos.

Asesor jurídico. Se encarga de asesorar a las empresas en los diferentes aspectos jurídicos-legales; elabora informes jurídicos, analiza cómo afectan los cambios en el ordenamiento jurídico a la empresa, asesora a las áreas de la empresa que lo necesiten, la representa ante los tribunales y vela por el cumplimiento de la normativa.

Asesor laboral. Profesional que se encarga de asesorar a empresas o individuos en áreas de Seguridad Social, contratación y sus bonificaciones, retribución salarial, conflicto y mediación laboral, despidos, bajas médicas e IRPF; conoce y asesora sobre las disposiciones que afecten en áreas de prevención de riesgos laborales y seguridad e higiene en el trabajo, representación y derechos sindicales, y convenios colectivos. Es frecuente que el papel del asesor laboral se amplíe al de gestor, responsabilizándose además de la tramitación en las áreas arriba mencionadas.

Consultor. Profesional experto en un área concreta, al que recurren las empresas y organizaciones cuando las capacidades internas de estas no son suficientes para ejecutar un trabajo o resolver un problema; realiza un análisis de las necesidades de la empresa cliente para posteriormente proponer alternativas u ofrecer servicios que las satisfagan. Puede trabajar en multitud de campos profesionales, si bien los de mayor demanda son aquellos relacionados con áreas de Telecomunicación, jurídica, recursos humanos, formación, estrategia comercial y marketing, investigación social y de mercados, calidad y medio ambiente.

Agente de la propiedad industrial. Profesional que aconseja, asiste o representa a terceros para la obtención de registros en las diversas modalidades de la propiedad industrial y la defensa de los derechos derivados de los mismos. Algunas modalidades de protección son: invenciones (patentes y modelos de utilidad), creaciones de forma y diseño industrial (dibujos y modelos industriales), signos distintivos (marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimientos y nombres de dominio), patentes internacionales (PCT), patentes europeas, marcas comunitarias, marcas internacionales, y cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual o la competencia desleal.

Su trabajo conlleva, sobre todo en el caso de las invenciones, la definición y delimitación de los derechos y la colaboración con los abogados a quienes se confía la actuación ante los Tribunales cuando ésta es inevitable.

Técnico en comercio exterior. Es responsable del área de comercio internacional de una empresa exportadora. Su actividad está relacionada con la prospección y apertura de nuevos mercados en el exterior, por lo que necesita contar con conocimientos sobre inversiones en el extranjero, contratación internacional, marketing internacional, transporte internacional de mercancías, operatorias aduaneras y bancarias, investigación de mercados, y manejarse con fluidez en otras lenguas, principalmente en inglés. Estos profesionales pueden trabajar, además de en empresas exportadoras e importadoras, en organismos internacionales, bancos, agencias de aduanas o asesorías de comercio exterior.

Técnico en organización de empresas. Participa en la gestión y administración de empresas y organizaciones de cualquier sector, implementando las políticas y estrategias más adecuadas para alcanzar con éxito los objetivos perseguidos, aportando para ello un enfoque integrador de las áreas organizativas, financieras y humanas. Su trabajo se concreta en actividades relacionadas con la implantación de estrategias empresariales, la gestión de los recursos humanos, la administración económica, el diseño y puesta en marcha de sistemas de comercialización y marketing o la gestión de la calidad.

Gestor administrativo. Promueve, solicita y realiza toda clase de trámites que no requieran la aplicación de la técnica jurídica reservada a la abogacía, relativos a aquellos asuntos que en interés de personas naturales o jurídicas, y a solicitud de ellas, se sigan ante cualquier órgano de la administración Pública, informando a sus clientes del estado y vicisitudes del procedimiento por el que se desarrollan. Son de su competencia tareas vinculadas con la planificación y organización de las tareas administrativas de las empresas o personas. Para adquirir la condición de Gestor Administrativo se requiere estar en posesión de alguno de los siguientes títulos: Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Empresariales o Ciencias Políticas.

Empleo público

En la Administración pública, podemos encontrar salidas profesionales en secretarías de ayuntamientos y juzgados, cuerpos de policía, empresas de seguridad, centros de menores o prisiones, por mencionar un largo etcétera. Los puestos de trabajo propios del sector público son los siguientes.

Fiscal. Funcionario del Estado que actúa para promover el cumplimiento de la ley que determina su intervención. Interviene en asuntos penales, laborales, administrativos, civiles, de menores y de violencia contra la mujer. El Ministerio Fiscal es una institución del Estado integrada en el Poder Judicial. Los fiscales no son jueces pero ejercen sus funciones, fundamentalmente, ante los órganos de la Administración de Justicia.

Juez. Funcionarios del Estado con potestad de aplicar el derecho en el caso concreto, resolviendo la controversia, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio. El acceso a la Carrera Judicial está basado en los principios de mérito y capacidad para el ejercicio de la función jurisdiccional. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Carrera Judicial consta de tres categorías: magistrado del Tribunal Supremo, magistrado y juez.

Diplomático. Profesional al servicio de la Administración del Estado, que representar oficialmente a su país en el exterior, bien sea en una misión permanente (ante otro estado o ante un organismo internacional) o en una misión especial. Aparte de la función de representación, también debe asumir la de informar y negociar, especialmente en situaciones de conflicto. Para llegar a ser diplomático hay que superar la oposición que anualmente convoca el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Escuela Diplomática.

En España existen diferentes categorías de diplomáticos según el escalafón en la carrera diplomática: Embajador, Ministro plenipotenciario, Ministro Consejero (de 1ª, 2ª y 3ª), Secretario de Embajada (de 1ª, 2ª y 3ª). Esta profesión lleva aparejados constantes traslados de destino y lugar de residencia, la necesidad del dominio de varios idiomas, así como el interés y conocimiento profundo de la complejidad de las relaciones y la política internacional.

Técnico en ordenación del territorio y urbanismo. Se encarga de la planificación, la gestión, la ejecución y la disciplina urbanística y de la ordenación del territorio en sus diferentes vertientes, incluida la actuación sobre las políticas de vivienda. Trabaja con vinculación a políticas públicas de ordenación territorial, ya sea en la administración local, autonómica o estatal, por lo que maneja legislación de estos ámbitos territoriales.

Gestor público. Profesional que utiliza los mecanismos de decisión adecuados para la asignación y distribución de los recursos públicos, y lleva a cabo la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr objetivos colectivos. Debe aplicar principios de la economía de las organizaciones y de la microeconomía clásica para solucionar los problemas y alcanzar los objetivos sociales en las organizaciones públicas. Los criterios de una buena gestión pública son, desde el punto de vista económico y organizacional, la maximización (relación óptima entre beneficio y coste), y desde el punto de vista político y administrativo, la legitimidad y legalidad.

Gestor asesor de ayudas y subvenciones. Se encarga de la búsqueda de información, tramitación, cobro y justificación de las ayudas y subvenciones que conceden la Unión Europea, la Administración Central, las Comunidades Autónomas y otras entidades regionales y locales.

Trabaja tanto para proyectos de inversión y financiación de entidades privadas, como para la obtención de financiación pública para proyectos de corporaciones locales y otras entidades públicas, en el ámbito del desarrollo local.