Tradicionalmente en España las personas jurídicas no podían ser responsables penalmente. Como solía ocurrir en el ámbito del civil law, en los países de tradición continental, frente a la postura del common law, de los países angloamericanos, se partía del postulado societas delinquere non potest o, expresado de otra manera, universitas delinquere nequit.

La inexistencia de responsabilidad penal de las personas jurídicas se apoya en argumentos de carácter dogmático, mientras que las posturas favorables suelen hacer alusión, más bien, a argumentos utilitarios. Así, siempre se ha señalado que la responsabilidad de las personas jurídicas no se ajusta a las categorías del delito que hemos ido viendo (acción/omisión, dolo/imprudencia, culpabilidad); igualmente, existiendo ya sanciones administrativas y consecuencias accesorias, no resulta necesario acudir a la responsabilidad penal; se alude, una y otra vez, a la infracción de principios básicos del Derecho penal actual (principio de culpabilidad, principio de non bis in idem, principio de personalidad de las penas, presunción de inocencia), señalándose que dicha responsabilidad obliga a crear una teoría jurídica del delito propia para las personas jurídicas. Frente a ello se señala que precisamente la existencia de una responsabilidad administrativa pone de relieve que es posible concebir su responsabilidad penal que, además, supondría igualar la existencia de derechos y deberes de las personas jurídicas; también se pone de relieve siempre que la exigencia de responsabilidad penal es un instrumento básico en la lucha contra la impunidad, pues facilita considerablemente la tarea dirigida a acabar con las fórmulas para esquivar la responsabilidad; en esta misma línea también se destaca que la empresa actúa como un factor criminógeno —provocador de delitos— en el ámbito de los delitos económicos y, en definitiva, que el Derecho penal permite una adecuada prevención y lucha contra la delincuencia organizada.