A finales de 1995, a petición del Primer Ministro británico, se constituyó un Comité de Expertos para proponer unas Normas de Conducta en la Vida Pública.

Dicho Comité, presidido por el Juez Michael Nolan, emitió un informe con los principios que han de inspirar la actuación de políticos y funcionarios públicos:

  • Altruismo o capacidad de asumir el interés público: El personal de la Administración Pública deberá adoptar sus decisiones únicamente en aras del interés público. Nunca actuará con el fin de obtener beneficios económicos o cualesquiera otros beneficios materiales o inmateriales para sí, su familia o sus amigos.
  • Integridad: El personal de la Administración Pública no debería realizar trabajos ni ponerse en situación de contraer obligaciones financieras o de cualquier otro tipo con individuos u organizaciones que puedan influir en el desarrollo de sus actuaciones públicas.
  • Objetividad: En el desempeño de actividades públicas, incluyendo los nombramientos de cargos públicos, la firma de contratos, o la recomendación de individuos para premios y beneficios, el personal de la Administración Pública basará todas sus elecciones en criterios objetivos y en el principio de mérito.
  • Responsabilidad: El personal de la Administración Pública es responsable de las decisiones y actos que afecten a la sociedad y debe someterse a cualquier tipo de control e inspección que se considere necesario.
  • Transparencia. El personal de la Administración Pública deberá ser tan transparente como sea posible respecto a las decisiones y actos que adopte, estando obligado a justificar sus actos si fuera necesario. Deberá motivar sus actos y sólo restringirá la información cuando claramente lo exija el interés público.
  • Honestidad: El personal de la Administración Pública tiene el deber de declarar cualquier interés privado que pueda guardar relación con sus actividades públicas (conflicto entre lo público y lo privado) y adoptar cuantas medidas sean necesarias para resolver cualquier conflicto que pudiera surgir de modo que quede siempre salvaguardado el interés público.
  • Liderazgo o capacidad de decisión: En aras de la eficacia y la eficiencia el personal de la Administración Pública debe tomar decisiones, asumiendo incluso un cierto liderazgo, para no incurrir en una excesiva prudencia burocrática que pueda retrasar injustificadamente los asuntos públicos que afectan a los ciudadanos.

El propio Informe Nolan afirma que el personal de la Administración Pública deberá promover y respetar estos principios como modelo en la toma de decisiones, pues son principios que deben aplicarse en todos los ámbitos de la vida pública y, por ello, se proponen como modelo para la elaboración de códigos de conducta en todos los ámbitos de la función pública.