Había prometido estar un tiempo sin hablar, pero mi médico prescribe que debo hacerlo en casos de extrema necesidad pues el silencio podría derivar en patologías irreversibles.

El caso del fotomontaje del Cristo de la Amargura es uno de esos casos en que el estado de necesidad me obliga a hablar.

Supuesto de hecho

Un jornalero de la recogida de la aceituna está descubriendo las virtudes de la informática en sus ratos libres, entre jornal y jornal. Un buen día coge una imagen de internet y hace una prueba de fotomontaje que le queda bonita y que comparte con sus amigos en las redes sociales. El fotomontaje es sobre el rostro de un varón al que la religión católica llama Cristo de la Amargura. Un devoto católico ve la imagen y se siente ofendido. Le comunica al chaval que quite la imagen de las redes sociales y como no lo hace, interpone querella penal. El juez de lo penal, al tratarse de derechos fundamentales, admite el conocimiento del fondo del asunto. En el juicio, la parte hegemónica consigue convencer a la otra parte para que acepte su culpabilidad a cambio de una rebaja sustancial de la multa. El chaval jornalero de la recogida de la aceituna que veía venir una multa de 2.500 € acaba aceptando su culpabilidad y una multa de 450 €. El juez, dado que el acusado se está declarando culpable, no puede hacer otra cosa que dar por buena la solución del caso y así lo resuelve.

Esto es, grosso modo, lo que ha trascendido. 

El punto de partida debería ser que tanto la ofensa como la libertad de expresión, son susceptibles de graduación, y que no ofende lo mismo el fotomontaje del chaval que un fotomontaje con la cara de un demonio con cuernos. Para encontrar el grado deberíamos observar el mensaje que transmite el fotomontaje, pero parece evidente que en el fotomontaje no se aprecia un mensaje ofensivamente claro.

Entonces, por el principio de irrelevancia del nomen iuris, deberíamos concluir que aunque el chaval haya aceptado decir que es culpable de haber transmitido una ofensa a través del fotomontaje, no se debe aceptar esa culpabilidad, pues está escrito (en el fotomontaje) el mensaje que transmite y la gravedad de ese mensaje en absoluto llega a traspasar el respeto debido a las creencias de los demás.

Dicho de otro modo, imaginemos un supuesto en que dos partes llevan tiempo discutiendo en las redes sociales y que entre ellos la frase "Mi abuela ha comprado tomates esta mañana" lleva un mensaje subliminal que solo la otra parte entiende y que el emisor ha lanzado con el claro objeto de ofender al receptor. El ofendido interpone querella y ¿cuál será la respuesta del juez? Con la debida caución, debería aplicarse el principio de irrelevancia del nomen iuris, pues las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Es decir, la frase no es ofensiva por más que la parte diga que sí lo es.

Pero esta no es la perspectiva más interesante. Hay más.

España es un Estado laico, lo que equivale a ‘no confesionalidad’ y comprende la separación entre Estado e Iglesias y la neutralidad del Estado frente a creencias e ideologías. El TC ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre ello y precisa que la laicidad positiva es la fórmula por cuya virtud la laicidad incorpora la cooperación con las confesiones y queda encauzada en los principios constitucionales. Queda claro pues que la posición de los poderes del Estado respecto de las creencias religiosas debe ser de neutralidad.

Teniendo esto en cuenta, pensemos ahora en el ámbito de las ofensas. Yo no dejaría que mi hijo viera a un feligrés pregrinando de rodillas, sudoroso, sangrante, con la mirada perdida, ..., pues es ofensivo. Tampoco dejaría que viera como un ferviente cura del opus se da latigazos en la espalda. Creo que podemos coincidir en que también hay ejemplos de ofensas en la otra dirección, es decir, las religiones también pueden ofender al Pueblo en un país laico si su presencia invade la vida normal de la gente. Es decir, los latigazos, las peregrinaciones sangrantes, y en definitiva, todas las exaltaciones religiosas deberían hacerse en la intimidad de un lugar de culto o en la personal de cada cual, y por tanto deberían estar prohibidas las exaltaciones públicas.

Así pues, mi pregunta es: ¿por qué debería tolerar el Pueblo español soberano las exaltaciones religiosas públicas? OK, aceptamos las palabras "tradición", "folklore", y "turismo". De acuerdo, pero entonces si el Cristo de la amargura sale a pasear por tradición, folklore y turismo, ¿EN QUÉ SE JUSTIFICA LA OFENSA?

Y ahora, aprovechemos que ya estamos metidos en harina y analicemos un último caso para acabar. Imaginemos que en mi calle, yo soy el único ateo y los demás vecinos son fervientes creyentes que cuelgan grandes crucifijos en sus puertas para que todos sepan lo devotos que son. Esta situación me oprime, me estigmatiza por no ser uno de ellos, me siento intimidado, coaccionado,... Mi pregunta es: ¿quién está violando los derechos de los demás?¿quién debe ceder? Con la debida caución, llevado a juicio, es posible que un juez mandara retirar los crucifijos de las puertas.

Pues bien, el supuesto anterior era un ejemplo introductorio, lo que sí es un supuesto cierto es que la gran cruz del valle de los caídos, según he tenido ocasión de escuchar, ofende a la gran mayoría de conductores, ciclistas, y población en general, que ha de soportar la opresión de tal exaltación religiosa cuando circula por las vías colindantes. Mi pregunta es: ¿dado que la Justicia es tan rigurosa cuando ha de castigar una ofensa a la religión católica, podría ser justa y equilibrar la balanza, de modo que castigue con la misma rigurosidad tales exaltaciones católicas ofensivas que atentan a la laicidad del Pueblo español soberano?