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La necesidad de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que data de 1882, ha sido reconocida y demandada reiteradamente. Imprescindible para culminar el proceso de modernización de nuestras leyes procesales y tener un sistema procesal adaptado a las necesidades de nuestra sociedad y de nuestra administración de justicia.

Las líneas maestras de la reforma del proceso penal en sus instituciones principales están en el cambio del modelo de investigación penal; los limites al ejercicio de la acción popular; el estatuto de la víctima en el nuevo proceso penal; el derecho de defensa y las garantías procesales en la imputación de las personas físicas y jurídicas; la segunda instancia en el proceso penal y el tratamiento de la impugnación de las sentencias absolutorias; y la nueva configuración del recursos de casación.

José Vicente Gimeno Sendra catedrático de Derecho Procesal, UNED.