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Un ciudadano condenado mediante sentencia definitiva, si considera que esta resolución no se ajusta a derecho, que ha habido un error, nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal reconoce la posibilidad de revisar estos posibles "errores" en que hayan podido incurrir los órganos judiciales a la hora de aplicar e interpretar la Ley en la resolución del conflicto.

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Se trata la legitimación en sus aspectos más complejos, su naturaleza jurídica de elemento fundamentador de la pretensión, su tratamiento procesal, pues al tratarse de una cuestión íntimamente relacionada con el fondo del asunto, su examen procederá siempre en la sentencia de forma previa a la cuestión principal.

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Se explica cómo se desarrolla este proceso que consagra el principio de oportunidad y entre cuyas características especiales se encuentran el régimen de intervención de las partes y la atribución de la fase de instrucción al Ministerio Fiscal.

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Se estudian los caracteres esenciales que definen el derecho al juez legal: la exigencia de reserva de Ley Orgánica, su pertenencia al Poder Judicial, el respeto a los principios constitucionales de igualdad, independencia y sumisión a la Ley y el presupuesto de la competencia.

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María Carmen Díaz Jiménez profesora de Derecho Procesal, UNED, imparte una clase sobre los procesos matrimoniales.

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Las leyes procesales exigen para poder acceder a la jurisdicción, comparecer mediante Procurador y asistido de Letrado con la finalidad de evitar la indefensión.

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La prueba de ADN se ha convertido en la prueba estrella de la investigación criminal para la identificación de los presuntos responsables de un delito o de los no culpables.

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En un proceso civil hay que determinar qué es los que constituye el objeto del proceso, aquello sobre lo cual habrá de pronunciarse el juez con carácter definitivo e irrevocable, estimando o desestimando la tutela judicial solicitada por las partes.

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El derecho a la asistencia jurídica gratuita está reconocido en el constitución española, en el articulo 119 y se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado también en el art. 24.1 CE.