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Con el término Derecho penal internacional nos referimos a la legislación penal emanada de la comunidad internacional y a la que están sometidos directamente los ciudadanos de todas las naciones.

Estas normas penales internacionales que tutelan los intereses fundamentales de la comunidad internacional son aplicadas por tribunales internacionales. El Derecho penal internacional es por tanto la rama del ordenamiento internacional cuya misión es proteger los bienes jurídicos más importantes del orden social internacional frente a las formas de agresión más graves, mediante normas dirigidas a los individuos cuya infracción genera la responsabilidad penal individual delos mismos en Derecho internacional. Es imprescindible por tanto no confundir justicia universal, que es el nombre que se da a un principio de aplicación de la ley penal en el espacio por el que los tribunales nacionales pueden conocer, aplicando derecho nacional, de los delitos cometidos fuera de su territorio y con independencia de la nacionalidad del autor, basándose en que tales delitos afectan a los intereses de toda la comunidad internacional, con justicia internacional, que hace referencia a la jurisdicción que sobre ese tipo de delitos ejercen tribunales internacionales aplicando Derecho penal internacional.

Aunque sus orígenes filosóficos y doctrinales son muy antiguos y pese a que hubo intentos fallidos ya tras la primera guerra mundial, o incluso antes, de crear tribunales penales internacionales, la primera aplicación práctica del Derecho penal internacional puede verse en los juicios celebrados tras la segunda guerra mundial para castigar los crímenes cometidos por los nazis y sus aliados. Pero los juicios celebrados ante los Tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio, contra los mayores criminales nazis y japoneses, fueron merecedores de muchas críticas por infringirse los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal y ser tribunales de vencedores contra vencidos. A pesar de ello en 1950 Naciones Unidas aprobó los principios de Nuremberg, que pueden verse como el primer texto acordado internacionalmente que sienta las bases y los principios fundamentales del Derecho penal internacional.

Los siete principios de Nuremberg recogen las siguientes reglas fundamentales:

  1. La consagración de la responsabilidad penal individual por infracción del Derecho internacional;
  2. La independencia del Derecho penal internacional respecto del derecho nacional;
  3. La irrelevancia del cargo oficial o inexistencia en Derecho penal internacional de inmunidades e inviolabilidades;
  4. La negación a la obediencia debida del carácter de eximente a menos que el sujeto no tuviese la posibilidad de actuar de otra forma;
  5. La proclamación del derecho a un juicio justo;
  6. La definición de los crímenes internacionales: crímenes contra la paz, crímenes de y crímenes contra la humanidad;
  7. Se declaran punibles tanto la autoría como la participación en crímenes internacionales.

Tras la actuación del Tribunal de Nuremberg comenzaron en el seno de Naciones Unidas los trabajos de elaboración de un Código penalinternacional y un Estatuto del tribunal penal internacional, que se prolongaron durante más de cincuenta años, ralentizadas por la Guerra Fría y por las discrepancias acerca de la definición del crimen de agresión. Después del naufragio de varios proyectos, y cuando la empresa parecía ya inviable, la Comunidad internacional asistió a un acontecimiento que hizo revivir el interés y la confianza en aquellos trabajos; la constitución por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de Tribunales penales internacionales ad hoc para el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos en los conflictos de la ex Yugoslavia y de Ruanda y sus Estados vecinos. Y finalmente en 1998 se concluyeron con éxito los trabajos de elaboración del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). El Estatuto de la CPI, conocido como el Estatuto de Roma, fue aprobado a través de un Tratado internacional al que los distintos Estados se adhieren libremente, y entró en vigor el 1 de julio de 2002.

El Estatuto de la Corte penal internacional contiene una parte material y otra procesal, es decir, ha refundido en un solo texto los dos proyectos que venían elaborándose. La parte material es un auténtico Código penal internacional con una parte general y otra especial. Los crímenes competencia de la Corte se limitan a los más graves y reconocidos como pertenecientes sin duda al Derecho penal internacional: genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

La competencia de la Corte no es universal, pues depende de que el Estado en cuyo territorio se cometió el delito o del que es nacional el presunto responsable sea parte en el Estatuto, o bien, si no lo es, al menos de su consentimiento para que la Corte conozca de la situación, salvo en los casos en que es el Consejo de Seguridad de la ONU quien remite esa situación a la Corte porque considera que representa una amenaza para la paz y seguridad internacionales, pues en tales casos la Corte tiene competencia para juzgar aunque el Estado no sea parte ni dé el consentimiento.

Además, la competencia de la Corte es complementaria de la de los Estados, teniendo estos preferencia en el enjuiciamiento, de manera que la Corte solo interviene cuando el Estado que tiene jurisdicción sobre el asunto no quiere o no puede enjuiciarlo, o bien celebra un proceso fraudulento, dirigido únicamente a garantizar la impunidad del acusado.

Tras la aprobación del Estatuto de la Corte penal internacional se ha abierto en los diferentes Estados miembros, entre ellos España, un proceso de adaptación de las legislaciones internas a las exigencias de cooperación de la Corte, que por lo general ha supuesto la incorporación de las figuras y de diversas previsiones recogidas en el Estatuto de Roma en los códigos penales o en leyes penales especialesinternas, y la elaboración de Leyes de cooperación con la Corte.