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Además de la aplicación territorial y extraterritorial de la propia ley penal, los Estados han desarrollado diversos mecanismos de cooperación internacional para facilitar el enjuiciamiento de delitos. El más importante es la extradición. Pero además, en diversos ámbitos regionales se han desarrollado instrumentos particulares. Especial atención merecen los mecanismos de cooperación de la UniónEuropea, y entre ellos la «euro-orden».

A. LA EXTRADICIÓN

La extradición es una forma de cooperación o entreayuda judicial internacional consistente en la entrega de un sujeto por parte del Estado en cuyo territorio se ha refugiado a aquel que lo reclama para juzgarle o para ejecutar la pena o la medida de seguridad impuesta. La extradición suele venir regulada en tratados internacionales y en las leyes internas.

Llamamos Estado requirente al que solicita la entrega del delincuente y Estado requerido a aquel que lo tiene y se pretende que lo entregue. Extradición activa es la solicitud de entrega que hace el Estado requirente y extradición pasiva es la entrega del delincuente que hace el Estado requerido. Según los órganos que intervengan en la extradición la denominamos:

  • Gubernativa: solo el gobierno interviene en el procedimiento.
  • Judicial: solo intervienen los tribunales.
  • Mixta: intervienen tribunales y gobierno.

En España, para las extradiciones realizadas fuera del ámbito de la Unión Europea, la extradición se regula en distintos convenios de extradición, y en su defecto se aplica la Ley de Extradición pasiva de 1985 y para la extradición activa se aplica lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento criminal. El procedimiento previsto en la ley española es de tipo mixto.

A.1. La extradición activa en la LECrim

Se puede solicitar la extradición de una persona que deba ser juzgada en España y se encuentre en el extranjero contra la que se haya dictado auto motivado de prisión o recaído sentencia firme. Solo podrá pedirse o proponerse la extradición de los españoles que habiendo delinquido en España se hayan refugiado en país extranjero, de los españoles que habiendo atentado en el extranjero contra la seguridad exterior del Estado, se hubiesen refugiado en país distinto de aquel en que delinquieron (no se recogen aquí sorprendentemente todos los casos de posible competencia extraterritorial de los tribunales españoles) y de los extranjeros que debiendo ser juzgados en España se hubiesen refugiado en un país que no sea el suyo (reconociéndose así implícitamente el principio de no entrega de los nacionales).

A.2. La extradición pasiva en la Ley de 1985

El procedimiento de extradición pasiva previsto en la ley es mixto. Esta ley incorpora una serie de principios que por lo demás son asumidospor la mayoría de los Estados y vienen recogidos en muchos tratados internacionales de extradición, en defecto de los cuales se aplica.

Podemos resumirlos en la siguiente lista:

  1. Principio de legalidad: Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la Ley y los tratados en los que España sea parte.
  2. Principio de reciprocidad: La extradición solo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente.
  3. Principio de doble incriminación: Solo se podrá conceder la extradición por aquellos hechos que sean delictivos tanto en el Estado requirente como en España.
  4. Principio de no entrega de los nacionales, ni de los extranjeros que deban ser juzgados en España.
  5. Principio de no extradición por delitos de escasa gravedad (se exige una pena mínima).

Además de los principios anteriores, la ley prevé los siguientes motivos de denegación obligatoria de la extradición:

  1. Cuando se trate de delitos de carácter político, no considerándose como tales los actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad, el genocidio, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.
  2. Cuando se trate de delitos militares tipificados por la Legislación Española y de delitos cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio de la libertad de expresión, y de los que solo son perseguibles a instancia de parte, con excepción de delitos sexuales.
  3. Cuando la persona reclamada fuera a ser juzgada en el Estado requirente por un tribunal de excepción.
  4. Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal conforme a la legislación española o la del Estado requirente.
  5. Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos.
  6. Cuando el Estado requirente no diera garantía de que la persona reclamada no será ejecutada o no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.
  7. Cuando el Estado requirente no hubiera dado garantías de celebrar un nuevo juicio en caso de condena en rebeldía.
  8. Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado.

Junto a estas causas de denegación obligatoria la ley prevé otras donde la denegación es solo potestativa [que es voluntario y no obligatorio], entre ellas:

  1. Tener razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones.
  2. Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y, teniendo residencia habitual en España, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social.

B. EL ASILO

Como hemos visto la ley menciona el asilo como una de las razones que impiden la extradición. Su importancia merece que lo estudiemos detenidamente en capítulo aparte.

El asilo es la protección que se otorga por un Estado a una persona que se refugia en su territorio (en sentido jurídico), consistente en su no devolución, expulsión o extradición. Está reconocido como Derecho humano en el art. 14 de la Declaración Universal para las personas perseguidas en otro Estado que no sean acusadas de delitos comunes o contrarios a los fines de Naciones Unidas.

Pese a la definición que hemos dado, la concesión de asilo no exige que el solicitante haya alcanzado el territorio español, pudiendo solicitarse cuando todavía se encuentra en el extranjero, bien en una embajada española o bien a través de un representante en España. El derecho de asilo se otorga a aquellas personas a quienes se les reconoce la condición de refugiado. Esta se regula a nivel internacional en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados, de 28 de julio de 1951, y el Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967, en el ámbito europeo en diversas directivas y a nivel nacional por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. La Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida; la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de 1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para conceder o retirar lacondición de refugiado; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/ CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados.

Para la concesión de la condición de refugiado y el asilo el solicitante debe argumentar fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo u opiniones políticas en el país de su nacionalidad, o en caso de ser apátrida, que argumente fundados temores de ser perseguido por dichos motivos en el lugar donde tuviera su residencia habitual.

El derecho a la protección subsidiaria (regulado también a nivel europeo en la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004), es el dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que no reúnen los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a su país de origen en el caso de los nacionales, o al de su anterior residencia habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir:

  1. condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;
  2. tortura o tratos inhumanos o degradantes; o
  3. amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto internacional o interno.

El asilo y la protección subsidiaria se extienden además, según la ley española, a los padres: el cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, e hijos, salvo los supuestos de independencia familiar, mayoría de edad, separación o divorcio y distinta nacionalidad.

Tanto la legislación española como la Convención de Ginebra sobre el estatuto de los refugiados niegan el asilo a quien haya sido condenado por un delito especialmente grave o a aquel de quien se sospeche que ha cometido determinados delitos (contra la paz, un crimen de guerra o un delito contra la humanidad, un grave delito común, o actos contrarios a la finalidades y a los principios de las Naciones Unidas) o a quien por otra razón fundada se le considere un peligro para la seguridad del país. Los mismos motivos justifican la denegación del derecho a la protección subsidiaria.

C. LA COOPERACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

En el espacio judicial europeo contamos con el instrumento de la orden europea de detención y entrega, coloquialmente conocida como la «euro-orden», como mecanismo de auxilio jurídico internacional en materia penal.Se encuentra regulada en la Decisión Marco de 13/06/2002 sobre orden de europea de detención y procedimientos de entrega entre Estados miembros (DOCE 190/2002 de 18/07/2002), y en el ordenamiento español en la Ley Orgánica 2/2003 y la ley 3/2003, ambas de 14 de marzo (BOE de 17/03/2003).

La euro-orden es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativa de libertad. Este instrumento ha venido a sustituir a los convenios de extradición vigentes anteriormente entre los Estados miembros de la Unión Europea y se diferencia del tradicional mecanismo de la extradición por el reconocimiento mutuo, casi automático, de las decisiones judiciales de otro país de la UE.

La orden europea de detención y entrega puede ser emitida por cualquier juez o tribunal español que solicite la entrega de una persona a otro Estado miembro de la Unión Europea, y de la misma manera la autoridad judicial competente en España deberá proceder a la entrega cuando sea requerida por la autoridad judicial de otro Estado miembro. Los motivos de denegación están tasados, sin que la autoridad judicial de ejecución deba realizar un nuevo examen de la solicitud para verificar la conformidad de la misma con su ordenamiento interno.

Sin embargo, el reconocimiento de las resoluciones extranjeras no es tan automático como se pretende pues la autoridad judicial de ejecución puede examinar una serie de cuestiones relativas a la protección de los derechos fundamentales del acusado y denegar la entrega por ejemplo cuando haya sospechas de un móvil discriminatorio en su persecución, cuando esté amenazado por pena de muerte o corra riesgo de ser torturado, etc., además de estar sometida a otros principios, como por ejemplo la exigencia de una gravedad mínima o el principio de doble incriminación, aunque la ausencia de doble incriminación es motivo solo facultativo de denegación y además, y esto resulta muy novedoso y relevante, este requisito se ha eliminado para numerosos delitos que se entiende presentan tal gravedad que deben ser tipificados por todos los Estados, entre ellos los delitos de terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de drogas, los delitos de corrupción, el homicidio o los delitos de competencia de la Corte penal internacional.

Para estos delitos exentos del requisito de la doble incriminaciónse exige que estén amenazados en la legislación del Estado emisor de la orden con pena o medida de seguridad privativa de libertad de al menos tres años, de lo contrario no se excluirá el requisito de la doble tipificación.

Además de todo lo dicho, es motivo para la no ejecución de la orden de detención europea la amnistía y el indulto otorgados por el Estado de ejecución cuando este tuviera competencia para perseguir ese delito según su propio Derecho penal, la existencia de una condena por los mismos hechos (ne bis in idem), la minoría de edad, y facultativamente la prescripción, la competencia del Estado de ejecución por el principio de territorialidad y el no reconocimiento de la perseguibilidad extraterritorial del delito en el Estado de ejecución. Así mismo, el Estado de ejecución puede someter la entrega a determinadas garantías, de las que España solo ha incorporado la revisión de la condena o aplicación de medidas de clemencia en caso de pena o medida de seguridad privativa de libertad a perpetuidad y la devolución a España para la ejecución de la pena de los nacionales españoles entregados para ser juzgados en el otro país.

En cambio no se exige la aportación de pruebas razonables de la culpabilidad del sujeto. En este aspecto se parte de la mutua confianza en los sistemas judiciales. Según el art. 11 de la Decisión Marco y el art. 13 de la Ley 3/2003 la autoridad judicial no puede pronunciarse sobre la legalidad de la orden, sino que deberá limitarse a verificar la procedencia del mandato y la identidad de la persona buscada y a comprobar si la detención se llevó acabó conforme a Derecho. El Estado de ejecución no puede ni debe entrar en el estudio del fondo del asunto.