Coordinación voluntaria desde una posición de igualdad de los diversos Entes públicos para colaborar sin imperatividad ni coacción para su cumplimiento.

Un principio que trata de compensar la dispersión centrífuga que la descentralización provoca en el conjunto de la actividad pública.

En Derecho eclesiástico: principio constitucional incluido como mandato en el art. 16.3 que queda incorporado a la laicidad a través de la fórmula "laicidad positiva".