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La ley penal está vigente, y por lo tanto despliega eficacia, desde su entrada en vigor hasta su derogación. Antes de que una ley entre en vigor podemos destacar en su «vida» los siguientes momentos: su aprobación por el Parlamento, su promulgación por el Jefe del Estado, su publicación en el BOE y el periodo de vacatio legis, que se establece para que, una vez publicada, la ley se conozca. Transcurrido dicho periodo, que dura con carácter general veinte días, salvo que se disponga otra cosa, se produce la entrada en vigor. A partir de ese momento la ley desplegará sus efectos hasta su derogación por otra ley posterior o hasta la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional que la declare inconstitucional (no afectando la declaración de inconstitucionalidad a las sentencias recaídas con anterioridad a la misma en aplicación de la ley declarada inconstitucional, salvo que de la nulidad de la ley resultase una disminución de la pena o una exención o limitación de laresponsabilidad).

Es decir, una declaración de inconstitucionalidad de una ley no elimina tampoco retroactivamente los efectos que la ley surtió mientras se la consideraba vigente, salvo que beneficie a aquel a quien se aplicó aquella ley porque al eliminarla resulte exento de responsabilidad o la misma se vea disminuida. Si por ejemplo el Tribunal Constitucional considera que un precepto es inconstitucional porque la pena establecida infringe el principio de proporcionalidad, ya que es excesiva para la conducta para la que está prevista, o porque la criminalización de determinada conducta es contraria a un derecho fundamental protegido en la Constitución, entonces sí se debe revisar en favor del reo la sentencia en la que se aplicó la ley declarada inconstitucional.

Por lo tanto, si la ley despliega sus efectos desde su entrada en vigor hasta su derogación o declaración de inconstitucionalidad, lo normal es que la ley penal se aplique a los hechos cometidos en dicho periodo de tiempo. Sin embargo, como vamos a ver, la ley penal puede tener en ciertos casos un efecto retroactivo, es decir, una ley penal puede excepcionalmente aplicarse a un hecho cometido antes de su entrada en vigor. Pero la regla general es la contraria, la de la irretroactividad.

Por otra parte, nuestro Código penal contiene una previsión, que no existe en los códigos de otros países, sobre el momento en el que considerar cometido el delito. El art. 7 dispone:

A los efectos de determinar la Ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a realizar.

Por lo tanto entre las distintas opciones posibles:

  • criterio de la acción: el delito se entiende cometido en el momento en que se realiza la acción u omisión típica,
  • criterio del resultado: el delito se entiende cometido en el momento de la consumación, nuestro Código ha optado claramente por el primero, a los solos efectos de determinar la ley aplicable en el tiempo (por lo que el criterio no es aplicable para otras cuestiones, como por ejemplo el comienzo del plazo de prescripción, para la que se establecen algunas reglas particulares, o el lugar de comisión del delito).