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A lo largo de la exposición anterior, se ha señalado que uno de los pilares de la efectividad del Derecho penal es la previsión de una respuesta a la vulneración de sus normas. No basta con prohibir u ordenar determinadas conductas, es preciso incluir una reacción efectiva frente a quien realiza lo prohibido u omite lo ordenado. Estamos en el terreno de las consecuencias jurídicas del delito.

El modelo penal vigente se caracteriza por ofrecer un sistema binario de respuesta a la comisión de un delito. Dos son las posibles consecuencias: las penas y las medidas de seguridad y de reinserción social. El análisis pormenorizado de sus distintas formas lo llevaremos a cabo en la tercera parte de este Curso, lecciones 27 a 34, no obstante, en este lugar es preciso que nos pronunciemos sobre su naturaleza y justificación.

A. Las penas: fundamento y fines

Para cualquier ciudadano es claro que la principal consecuencia de la comisión de un delito es la imposición de una pena. Con las penas nació el Derecho penal y a ellas debe su nombre. Pese a que han existido y existen teorías de carácter abolicionista, que preconizan la supresión de las mismas, y a que han sufrido una constante evolución en su contenido y presupuestos, las penas se han mantenido siempre como elemento central de las regulaciones penales y en la sociedad actual no parece posible prescindir de ellas como herramienta fundamental del mantenimiento del orden social.

En este momento, vamos a detenernos en el estudio del porqué y el para qué de la existencia e imposición de este tipo de consecuencias jurídicas del delito. Habiendo ya analizado las circunstancias que permiten legitimar el ius puniendi, se trata ahora de analizar las teorías sobre el fundamento y fines de su principal instrumento, las penas, lo que nos permitirá comprender un poco mejor el sistema penal en su conjunto.

A.1. Los principios básicos en la fundamentación de las penas: retribución y prevención

Si bien las teorías que se han elaborado para fundamentar la imposición de una pena presentan muy diversos matices, todas ellas giran en torno a dos grandes bloques de principios: los de carácter retributivo y los de carácter preventivo. Los planteamientos teóricos que se han propuesto de acuerdo a los mismos van desde asimilar por completo unos u otros hasta combinarlos con un mayor o menor peso de cada uno.

Antes de analizar las teorías que se han construido con base en la retribución y la prevención, es conveniente que nos detengamos en el estudio de su contenido y de las consecuencias que su consideración por separado tendría en la determinación de la naturaleza y gravedad de la pena que finalmente se imponga. Se trata de un ejercicio teórico que nos ayudará a comprender su alcance práctico.

A.1.1. La retribución como fundamento de la pena: la mirada hacia el pasado

Una de las perspectivas que podemos adoptar a la hora de decidir sobre el porqué y el para qué de la imposición de una sanción penal es la de mirar hacia el pasado, esto es, hacia el delito cometido. Desde este punto de vista se construye el pensamiento de la retribución. A grandes rasgos y en su versión más pura, la retribución se centra en la necesidad de compensar el mal causado con la comisión del delito, ajena a cualquier efecto que la imposición de la pena pudiera implicar hacia el futuro.

La idea de la retribución es tan antigua como la pena, pero su contenido ha evolucionado desde sus concepciones más primitivas, asociadas a la ley del Talión, a propuestas modernas, que identifican la retribución con la reafirmación del ordenamiento jurídico que ha visto vulneradas sus normas. En cualquier caso, detrás de unas y otras interpretaciones aparece la idea de que la pena ha de ser proporcional al delito cometido de acuerdo con una u otra escala comparativa.

A.1.2. El pensamiento preventivo: el porvenir como fundamento de la pena

Muy distinto al planteamiento de la retribución es el que se encuentra tras la idea de la prevención. Cuando se fundamenta la imposición de una pena en fines preventivos la mirada no se dirige al pasado, al delito cometido, sino al futuro y, más concretamente, a los efectos que pueda tener su existencia e imposición de cara a la evitación, a la prevención de la comisión de nuevos delitos.

La pena impuesta se desliga entonces de las ideas de «compensación por» y «proporcionalidad con» el delito cometido. La comisión del delito pasa a ser exclusivamente un requisito para su imposición puesto que la naturaleza y duración de la sanción se encuentra en función de los concretos efectos preventivos que se quiere alcanzar, de la utilidad que se busca. Es por ello que tradicionalmente se distingue dos tipos de prevención, la prevención general y la prevención especial.

a) La prevención general: la sociedad frente a futuros delitos

El objetivo de la prevención general es que el conjunto de los miembros de una sociedad o un determinado colectivo de la misma se abstenga de cometer un cierto tipo de delitos, de ahí el calificativo de general.

Desde un planteamiento que asuma sin matiz alguno la idea de la prevención general, la determinación de la naturaleza y gravedad de una concreta pena estará sujeta a lo que se considere estrictamente necesario para evitar que un determinado segmento poblacional o la población en su conjunto cometan el mismo tipo de delitos en los que tiene su origen la sanción.

Por tanto, según este tipo de propuestas en caso de que los índices de criminalidad de una concreta infracción penal sean elevados o exista el pronóstico de que así vaya a ser, se deberá prever para sus autores la pena que se estime necesaria en orden a reconducir esa situación o evitar que llegue a producirse, aunque supere la gravedad material de la conducta y la peligrosidad del concreto condenado.

En el extremo contrario, si un delito tiene una repercusión estadística mínima, la pena enfocada desde una perspectiva preventivo general podría verse reducida e incluso se podría prescindir de su imposición, al margen de la gravedad material del mismo y de la peligrosidad de su autor.

Dentro de este pensamiento se ha distinguido dos clases de prevención general:

  1. Prevención general positiva o ejemplar: Pretende reforzar en la conciencia de los ciudadanos la idea de la vigencia de las normas y de las valoraciones jurídicas que subyacen a las mismas como mejor forma de garantizar su respeto.
  2. Prevención general negativa o intimidatoria: Asociada a la idea de los efectos intimidatorios que pueda tener la amenaza de la pena en los ciudadanos.
b) La prevención especial: el condenado frente a futuros delitos

Mientras que la prevención general se dirige a la comunidad, la prevención especial está centrada en la persona del condenado: se trata de que este no vuelva a delinquir.

El fin de una pena orientada en exclusiva hacia la prevención especial no será retribuir por el delito cometido, ni evitar que la generalidad de los ciudadanos lo cometa, sino garantizar que el sujeto no vuelva a delinquir. Es decir, el pensamiento de la prevención especial está directamente unido al de la peligrosidad del condenado.

La pena habrá de ser más gravosa cuanto más peligroso sea el delincuente; cuantas más posibilidades existan de que vuelva a delinquir, independientemente de la gravedad del delito cometido. Y por el contrario, si el autor presenta un pronóstico favorable de reinserción social se podría llegar a prescindir de la pena.

De ahí que el ámbito de la prevención especial Incluya tanto la mera intimidación o advertencia individual, como la rehabilitación y reinserción social del condenado —su vertiente más positiva—, e incluso la inocuización, aseguramiento, o separación de la sociedad —prevención especial negativa—. Se trata de distintos medios para alcanzar un mismo fin: que el sujeto no vuelva a delinquir.

A.2. Las teorías de la pena

De acuerdo con el modo en que se combinan los principios que acabamos de explicar, se suele hablar de tres modelos de fundamentación de las penas: las teorías absolutas, las teorías relativas o utilitarias y las teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena. Es claro que se trata de tres líneas teóricas posibles que admiten numerosas variaciones dentro de los límites que vamos a describir.

A.2.1. Teorías absolutas de la pena: la retribución por el delito cometido como único fundamento de la pena

Las teorías absolutas mantienen que el único fundamento de la imposición de la pena es la retribución. Se excluyen expresamente del mismo los posibles efectos preventivos que aquella pudiera tener.

Incluso se afirma que si se justificara la aplicación de una pena en razones preventivas se estaría utilizando al condenado como un instrumento para obtener un provecho social y con ello se vulneraría su dignidad humana. La pena, por tanto, mira al pasado y está en relación directa y exclusiva con el delito cometido —punitur quia peccatum est [castigar porque se ha pecado]—.

Si bien las teorías absolutas de la pena no han tenido seguimiento en la Ciencia del Derecho penal española, referirnos a dos de sus principales defensores nos puede dar una idea de su importancia: KANT y HEGEL. Las propuestas de estos autores suponen precisamente una respuesta a los planteamientos preventivos que, como veremos inmediatamente, triunfaron durante el periodo de la Ilustración.

a) Teoría de la retribución moral de KANT

Según la teoría de la retribución moral de KANT la Ley penal es un imperativo categórico. Consistiendo el imperativo categórico en actuar como si la máxima o principio subjetivo de la conducta del sujeto se debiera convertir en ley general de la naturaleza, KANT fundamenta la aplicación de la pena en una necesidad ética, una exigencia de la justicia, siendo ajenos a su naturaleza los efectos preventivos.De un modo muy gráfico señala que «…Incluso si los miembros de una sociedad decidieran su disolución… el último asesino que se encontrara en prisión tendría que ser antes ejecutado…».

b) Teoría de la retribución jurídica de HEGEL

Por su parte, la teoría de la retribución jurídica de HEGEL responde a la aplicación en el ámbito del Derecho penal de la fórmula dialéctica tesis-antítesis-síntesis; la pena es considerada negación del delito y por lo tanto afirmación del Derecho.

En palabras de HEGEL: «…La lesión que se le impone al delincuente no solo es en sí justa, sino que al serlo es expresión al mismo tiempo de su voluntad racional, expresión de su libertad, su derecho…».

A.2.2. Teorías relativas o utilitarias de la pena: la prevención de la comisión de futuros delitos

En el otro extremo, las teorías relativas o utilitarias sitúan su fundamento en la evitación de futuros delitos —punitur ut ne peccetur [castigar, para que no se peque]—, bien desde la perspectiva de la prevención general —cuando el objetivo es el conjunto de la sociedad o un segmento de la misma—, bien de la prevención especial —cuando el centro de atención está constituido por el concreto penado y su peligrosidad—, bien combinando ambas.

Por tanto, el fundamento de la imposición de una pena, de su naturaleza y gravedad, se coloca en el tipo de delitos que se pretende evitar. La mirada se dirige entonces hacia el futuro, quedando fuera de estas propuestas cualquier intento de retribución por el delito cometido. Es por ello que son conocidas como teorías utilitarias: la utilidad de evitar futuras infracciones es el único posible fundamento de la pena.

Evidentemente son muy numerosos los modelos que se pueden construir al amparo de un esquema puramente utilitario según en qué cara de la prevención se ponga el acento o en qué medida se conjuguen sus distintas formas.

Ya SÉNECA, asumiendo el planteamiento de PLATÓN, afirmaba que «… el sabio castiga no porque se ha delinquido, sino para que no se delinca; el pasado es irrevocable, el porvenir se previene…». Sin embargo, el desarrollo teórico de este tipo de planteamientos lo podemos situar en la Ilustración, y en concreto en autores como BECCARIA, BENTHAM, ROMAGNOSI, FILANGERI, FEUERBACH o, en España, LARDIZÁBAL. Frente al escaso seguimiento —que no repercusión— de las teorías absolutas, han sido muy numerosos los autores que han adoptado y adoptan teorías puramente relativas.

A.2.3. Teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena: la combinación de retribución y prevención

Finalmente, cuando hablamos de teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena, nos referimos a un importante grupo de propuestas que justifica su imposición tanto en motivos retributivos como preventivos. Se trata por tanto de teorías que consideran que la pena debe ser acorde al delito cometido pero a su vez dirigirse a evitar la comisión de futuras infracciones penales.

Los orígenes teóricos de este tipo de planteamientos los encontramos en ARISTÓTELES y SANTO TOMÁS, posteriormente fueron sustentadas por los teólogos y juristas españoles de los siglos XVI y XVII y en la actualidad son las propuestas mayoritarias en la Ciencia del Derecho penal española.

A.3. Recapitulación y conclusiones: las teorías unitarias como modelo explicativo de la imposición de la pena; su adaptación al sistema español

Hemos expuesto tres vías de explicación del fundamento de las penas. El traslado de estas propuestas teóricas al Derecho positivo determinará la creación de un sistema de penas con unas u otras características. Queda por tanto analizar cuál de ellas se adapta mejor a la naturaleza del ordenamiento penal español y, sobre todo, a las exigencias y garantías de justicia que deben prevalecer a la hora de imponer una sanción penal en un Estado social y democrático de Derecho como el que define la Constitución española.

A.3.1. Teoría de la pena que se propone

El modelo teórico del que partiremos se encuentra situado dentro del amplio espectro que representan las teorías unitarias, eclécticas o mixtas de la pena. La pena tiene en su base un componente retributivo y otro preventivo, es decir, encuentra su justificación tanto en el delito cometido como en la evitación de futuros delitos. Ahora bien, es preciso establecer cómo entendemos ambos componentes y cómo se conjugan en la determinación de la pena ideal.

a) La retribución

En primer lugar, la pena es retribución, ha de ajustarse a la gravedad del delito cometido. No obstante, en el seno de un Estado de Derecho no es defendible entenderla como mera compensación por el mal causado a través de la imposición de otro mal al condenado. Lejos de ello, se pretende restañar la quiebra del ordenamiento jurídico que ha supuesto la comisión del hecho delictivo. Y, en este sentido, hemos de entender la retribución como reafirmación del ordenamiento jurídico.

La principal consecuencia en la determinación de la pena aplicable es que su gravedad no deberá superar la gravedad material de lo injusto de la conducta y del reproche que merezca el autor, en definitiva, la gravedad de lo injusto culpable.

De este modo el principio de la retribución, lejos de suponer un irracional alegato a la compensación del mal causado, se convierte en garantía de la proporcionalidad de la pena al delito cometido —que, como veremos a lo largo de este Curso, viene representada por el denominado principio de culpabilidad, según el cual «no hay pena sin culpabilidad y la medida de la pena no puede superar la medida de la culpabilidad»—, conculcando así el fantasma de la aplicación de penas excesivas por desproporcionadas que acompaña frecuentemente a las teorías puramente utilitarias.

A partir de la anterior afirmación la pregunta es obvia: ¿y con base en qué principios determinar esa pena adecuada a la gravedad de lo injusto culpable? Pues bien, entender la retribución como reafirmación del ordenamiento jurídico supone que en la determinación de esa pena proporcionada se han de tener en cuenta los límites que impone ese preciso ordenamiento jurídico en el que se sitúa, en nuestro caso los trazados por la Constitución que, como veremos inmediatamente, suponen la prohibición de penas inhumanas o degradantes, la orientación de las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social y el respeto a la dignidad de la persona. Por último, el fundamento retributivo de la pena se constituye precisamente en garantía del respeto a la dignidad de la persona, alejando la posibilidad de que se «utilice» al condenado como un mero medio para conseguir un fin.

b) La prevención

Pero la pena no ha de conformarse con la reafirmación del ordenamiento, sino que ha de estar orientada a la evitación de delitos en el futuro y por lo tanto tiene su fundamento en la prevención, tanto especial como general.

¿Cómo se traduce esta vertiente desde la perspectiva de la imposición de la pena?

  1. Desde el punto de vista de la prevención general, la imposición de una pena proporcionada a la gravedad de lo injusto y del reproche, es decir, adecuada al principio de la retribución, tiene un efecto ejemplarizante mayor que una pena desproporcionada. Más allá de ello, en casos concretos en los que, atendido el resto de necesidades, desde una perspectiva preventivo-general no sea precisa la aplicación de la pena retributivamente ideal, será posible disminuirla. Por el contrario, si desde las necesidades preventivo-generales se estimara conveniente una pena mayor a la proporcionada a lo injusto culpable, deberemos abstenemos de agravarla, pues en ningún caso es posible superar la barrera infranqueable representada por la retribución.
  2. Desde el punto de vista de la prevención especial, la imposición de la pena debe estar orientada a la rehabilitación y reinserción social del condenado y de nuevo se cumple que la pena retributivamente justa facilita dicha función en mayor medida que la pena desproporcionada. Con esta base cierta, si en aras de la potenciación de los efectos preventivo especiales y habida cuenta del resto de necesidades se estima que la pena debería ser inferior a la retributivamente proporcionada —por ejemplo, porque el culpable cuenta con un pronóstico favorable de reinserción social—, se podrá aminorar su gravedad. Lo que no podrá ocurrir es que se aumente por considerarla preventivo especialmente insuficiente; de nuevo nos encontramos con el límite de la retribución, representado por la gravedad de lo injusto culpable.
c) El equilibrio entre retribución y prevención

Los elementos descritos forman un sistema al que se debe dotar de un difícil equilibrio y que funcionará de un modo armónico siempre y cuando tengamos presente en la base del mismo el objeto fundamental del Derecho penal: el mantenimiento del orden social a través de la protección de los bienes jurídicos.

Esto es, la aplicación de la pena, como instrumento básico del Derecho penal y respetando siempre el límite ideal superior representado por el pensamiento de la retribución, podrá implicar una disminución de dicho máximo por razones preventivas, generales o especiales, siempre que ello no suponga una quiebra del objetivo de protección de los bienes jurídicos vitales fundamentales del individuo y de la sociedad.

Con otras palabras, la pena no solo ha de ser acorde a la gravedad del delito sino, como principal instrumento del Derecho penal, necesaria para el mantenimiento del orden social.

A.3.2. La teoría de la pena en el sistema penal español

Tras el estudio de los principios teóricos, de las teorías de la pena que se han construido con los mismos y del modelo que entendernos más apropiado y del que partiremos a lo largo de este Curso, es momento de analizar la concreta regulación española. Se trata de comprobar cuál es el planteamiento que se encuentra tras la misma y valorarlo críticamente.

Podemos afirmar que el sistema penal español parte de una concepción unitaria de la pena. El punto de partida para llegar a esta conclusión se encuentra en la propia cúspide del ordenamiento jurídico. El art. 25.2 CE hace referencia a esta cuestión. Según el mismo: «Las penas privativas de libertad… estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social…».

En definitiva, la Constitución española exige que las penas privativas de libertad se dirijan a la reincorporación del condenado a la vida social, lo que implica que no vuelva a delinquir. Dicho de otro modo: por imperativo constitucional las penas privativas de libertad deben estar dirigidas a la prevención especial en su faceta más positiva. La primera conclusión es que en nuestro sistema no tiene cabida una teoría de la pena de carácter absoluto, exclusivamente basada en la retribución. Solamente son constitucionalmente aceptables los modelos utilitarios y unitarios, que incluyen la prevención especial —acogida expresamente por el texto constitucional—, en la fundamentación de la pena.

Admitida esta idea, un análisis del conjunto del Código penal vigente permite afirmar que sigue —con luces y sombras— una teoría unitaria de la pena. Las penas tienden a ser proporcionadas a la gravedad del delito, destacando su carácter retributivo, pero además existen instituciones que atemperan su naturaleza y gravedad por motivos preventivos —pensemos en la suspensión de las penas privativas de libertad—.

Pero ello no quiere decir que el sistema penal español sea el ideal. Existen excesos, en ocasiones provocados por un erróneo entendimiento del pensamiento retributivo o por motivos estrictamente preventivo generales en su vertiente negativa, pero también por una distorsionada aplicación de los fines preventivo especiales de la pena. Todo ello ha acabado por configurar un sistema penal de gran rigor punitivo.

Y así encontramos penas muy elevadas, desproporcionadas a la gravedad de lo injusto culpable y, por lo tanto, al principio de culpabilidad.

 Ej. 1.10: Como ejemplos podemos citar la pena de prisión permanente revisable, la previsión de penas de prisión de hasta 40 años o las restricciones a la concesión de la libertad condicional que prevé el art. 78 CP, que en algunos casos suponen que el condenado permanezca un mínimo de 35 años privado de libertad.

Tales casos son de muy difícil armonización con el art. 15 CE que prohíbe las penas y los tratos inhumanos y degradantes, pero también con el ya mencionado art. 25.2 CE, que orienta las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social del condenado, e incluso con el principio del respeto a la dignidad de la persona que, no olvidemos, es reconocido como uno de los fundamentos del orden político y de la paz social por la propia Constitución (art. 10.1 CE).

A lo anterior se une el que las últimas reformas han ampliado la intervención penal al margen de las penas por la vía de la extensión del ámbito de aplicación de la medida de seguridad de libertad vigilada.

En sentido contrario, es preciso señalar que, si bien son los menos, nuestro sistema penal también sufre algunos desajustes reflejo de un exceso despenalizador motivado fundamentalmente por razones preventivo especiales.

 Ej. 1.11: Podemos poner el ejemplo del alcance de la eximente de regularización en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social —arts. 305.4 y 307.3 CP—, que puede suponer una importante limitación al cumplimiento de las funciones propias de las Haciendas Públicas y la Seguridad Social.

A.4. Tipología de las penas (remisión)

Por último y en cuanto a su tipología, más allá de la pena de muerte, se suele distinguir entre penas privativas de libertad —que suponen la privación de la libertad ambulatoria y llevan aparejada la restricción de otros derechos—, penas privativas de otros derechos —entre las que se encuentran las inhabilitaciones, suspensiones y prohibiciones—, y penas pecuniarias —la multa con sus dos variantes—.

Todas ellas serán objeto de un análisis pormenorizado en la tercera parte de este Curso, lecciones 27 a 33.

B. Las medidas de seguridad y reinserción social

Las penas no son las únicas consecuencias jurídicas del delito, las medidas de seguridad y reinserción social —también conocidas simplemente como medidas de seguridad— aparecen como la otra cara de un sistema binario de respuesta a las infracciones penales. Su aparición es, sin embargo, mucho más reciente que la de la pena. El origen de su introducción en la legislación penal moderna se sitúa comúnmente en el Anteproyecto de Código penal suizo de STOOS de 1893. Desde entonces han ido abriéndose camino en todos los códigos penales modernos.

B.1. El fin de las medidas de seguridad: la prevención especial

Para comprender la naturaleza y fundamento de las medidas de seguridad, el primer dato que hemos de dejar claro es que no son penas. Precisamente nacen para ocupar un vacío que dejan en algunos casos las penas: el de la respuesta a aquellos sujetos a los que, debido a su peligrosidad, la pena adecuada a la gravedad del delito, de lo injusto culpable, no resulta suficiente. Son pues una consecuencia lógica de las garantías que implica el sistema de penas, que impide ir en su imposición más allá de la pena retributivamente proporcionada, adecuada a la gravedad de lo injusto culpable.

Así como las penas se asientan en tres principios básicos —retribución, prevención general y prevención especial—, las medidas de seguridad se imponen exclusivamente atendiendo a la peligrosidad criminal del delincuente, esto es, para evitar que cometa delitos en el futuro. Su único fin es pues de carácter preventivo especial y, por supuesto, sus efectos aflictivos o intimidantes, ajenos a su esencia, deben ser, si no excluidos, reducidos al mínimo.

De acuerdo con la descripción anterior, las medidas de seguridad pueden ser aplicadas como única consecuencia jurídica del delito, en casos en que no sea posible imponer pena alguna —en el Código penal español es el supuesto de los declarados inimputables—, o como complemento a la pena impuesta, cuando ésta resulte insuficiente —caso de los semiimputables o de la libertad vigilada subsiguiente a una pena privativa de libertad—. Pero en todos estos supuestos la aplicación no será automática, dependerá de que se compruebe previamente la efectiva peligrosidad criminal del sujeto.

Es importante insistir en que, desde un punto de vista teórico, la naturaleza y duración de las medidas de seguridad no está en función del delito cometido, sino de la peligrosidad criminal del delincuente —esto es, la probabilidad de que vuelva a cometer delitos en el futuro— puesta de manifiesto por la comisión de ese delito.

Esto implica que el sujeto se encuentre en una de las categorías de estado peligroso recogidas por la ley, pero además la comisión de una conducta delictiva previa aparece en todo caso como un requisito formal imprescindible para la aplicación de medidas de seguridad, constituyéndose en garantía de la seguridad jurídica e indicio de la peligrosidad criminal del sujeto.

Es decir, las medidas de seguridad tienen carácter postdelictual: el delito es su presupuesto esencial, elemento básico para la imposición de una medida que pertenece al ámbito del Derecho penal.

No obstante, históricamente se han aplicado medidas de seguridad predelictuales, esto es, a quien no había cometido infracción penal alguna —así ocurría tanto en la Ley de vagos y maleantes de 1933 como en la Ley de peligrosidad y rehabilitación social de 1970—. Ello suponía una grave vulneración de las garantías de seguridad jurídica y, en algunos casos, tratar lo que no era más que peligrosidad social —probabilidad de que el sujeto llegue a ser un marginado— como si de peligrosidad criminal se tratara, introduciendo al sujeto en la esfera del Derecho penal sin que hubiera cometido un delito. En la actualidad las medidas de seguridad predelictuales y basadas exclusivamente en la peligrosidad social se han desterrado felizmente del ámbito del Derecho penal español.

En definitiva, tanto el encontrarse en una de las categorías de estado peligroso incluidas en la ley, como el haber cometido una conducta delictiva son requisitos para la imposición de toda medida de seguridad.

B.2. Campo subjetivo de aplicación

El campo subjetivo de aplicación de las medidas de seguridad es el de los delincuentes peligrosos, lo cual en teoría incluye desde ciertos casos de sujetos inimputables y semiimputables —que padecen algún tipo de enfermedad mental o trastorno mental transitorio, que anula o limita su capacidad para comprender el carácter ilícito de su conducta y actuar conforme a dicha comprensión—, a supuestos de sujetos imputables, entre los que la doctrina hace especial referencia a los delincuentes habituales de criminalidad grave.

En la regulación española se prevén medidas de seguridad para los primeros, esto es, inimputables y semiimputables y también para sujetos plenamente imputables —libertad vigilada—. No se prevén medidas de seguridad específicas para delincuentes habituales de criminalidad grave pues resultan muy onerosas y los resultados conseguidos hasta el momento en aquellos países donde se han aplicado han sido exiguos.

B.3. Naturaleza y duración de las medidas de seguridad y reinserción social

La naturaleza y la duración de la medida de seguridad dependerán del tipo y grado de peligrosidad criminal del sujeto. Por tanto y en principio, desde un punto de vista teórico deberán adaptarse a las características de la peligrosidad del sujeto e imponerse por el tiempo que sea necesario para atajar la misma.

Ello no plantea especiales problemas interpretativos en cuanto al límite mínimo de aplicación: siendo que el único fundamento de su imposición es la prevención especial, esto es, evitar que el sujeto delinca en el futuro, cuando se compruebe que el tratamiento ha dado sus frutos, la medida deberá ser levantada o suspendida (arts. 97 y s. CP).

Más problemático se plantea en la práctica el establecimiento de un máximo de cumplimiento. Teniendo en cuenta el fin preventivo especial de las medidas de seguridad, el límite debería venir dado por el éxito de su aplicación: hasta que el sujeto deje de ser peligroso deberá estar sometido a la misma. Sin embargo, lo que es consecuencia del propio concepto de medida de seguridad plantea dificultades en su aplicación, pues es alto el riesgo de que la medida de seguridad acabe resultando más gravosa que la aplicación de una pena e incluso existe el peligro de que lleve a la privación perpetua de libertad. Es por eso que doctrina y legislador se han planteado y se siguen planteando el establecimiento de límites objetivos de cumplimiento.

En el caso de las medidas de seguridad privativas de libertad, aplicables a inimputables y semiimputables, el Legislador español ha acudido al límite máximo que supone el tiempo que habría durado la pena privativa de libertad que se hubiera impuesto al sujeto de no haber concurrido la causa de inimputabilidad completa o incompleta (arts. 101 y ss. CP). Es loable el objetivo perseguido con esta decisión pero, en aras de la salvaguarda de la seguridad jurídica, se confunden fundamento y fines de medidas de seguridad y penas: es posible que el tiempo así determinado se agote y permanezca la causa de la peligrosidad del sujeto. Por otra parte, tras la reforma por LO 1/2015, de 30 de marzo, la inclusión de la pena de prisión permanente revisable nos lleva al otro extremo, ya que dicha previsión implica la posibilidad de aplicar una medida de seguridad que suponga la privación de libertad de por vida.

En cuanto a la naturaleza de la medida de seguridad que finalmente se imponga, el modelo adoptado por el Código penal supone que las medidas privativas de libertad queden reservadas para aquellos casos en que al sujeto le hubiera correspondido una pena también privativa de libertad (arts. 101 y ss. CP).

B.4. Tipología de las medidas de seguridad y reinserción social (remisión)

Existen medidas de seguridad privativas y no privativas de libertad. Entre las primeras, el internamiento en centros médicos o de deshabituación, entre las segundas, el tratamiento ambulatorio o determinadas prohibiciones y obligaciones. De nuevo nos remitimos a la tercera parte del Curso, lección 34, para su tratamiento específico.