Body

Delimitado el ámbito de estudio, el segundo apartado de este capítulo lo vamos a dedicar a definir qué es el Derecho penal, para ello incidiremos en su naturaleza de instrumento de control social al servicio de la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y de la sociedad. Haremos también referencia a la necesidad de legitimar su existencia y aplicación.

A. Conceptos formal y material del Derecho Penal

En una primera aproximación, podemos describir el Derecho penal como un sector del ordenamiento jurídico constituido por un conjunto de disposiciones legales que asocian a delitos y estados de peligrosidad criminal, como supuestos de hecho, penas y medidas de seguridad, como consecuencias jurídicas.

La anterior descripción tiene carácter estrictamente formal, no nos dice aún nada sobre cómo están caracterizados los fenómenos que son calificados como delitos y estados de peligrosidad criminal, ni sobre cuál sea la naturaleza de las penas y medidas de seguridad que se asocian a los mismos.

Desde una perspectiva material el Derecho penal es un sector del ordenamiento jurídico cuyo objeto es la protección de los bienes jurídicos fundamentales del individuo y la sociedad frente a las formas más graves de agresión. Se erige pues en un instrumento de control altamente formalizado cuyo fin es el mantenimiento del orden social.

El elemento central de este concepto está constituido por los bienes jurídicos, cuya protección es el objeto principal del Derecho penal. Los instrumentos fundamentales para ello son la previsión y la imposición de penas y medidas de seguridad para los infractores de determinadas normas de conducta que tratan de evitar la puesta en peligro o la lesión de dichos bienes jurídicos. Dedicaremos los siguientes apartados de esta lección al análisis de los distintos componentes de esta definición.

B. Derecho Penal objetivo y subjetivo: la legitimación del Derecho Penal

Pero antes es preciso que resolvamos una cuestión previa: la legitimación del Derecho penal. ¿En qué supuestos y con qué límites es posible justificar que el Estado restrinja derechos fundamentales y libertades públicas de sus ciudadanos? Para dar respuesta a este interrogante se suele acudir al par conceptual «Derecho penal objetivo/Derecho penal subjetivo».

El Derecho penal objetivo, también conocido como ius poenale, está formado por el conjunto de las normas penales, definición sobre la que existe consenso. Más discutido es, sin embargo, cuál sea el contenido del Derecho penal subjetivo o ius puniendi, que precisamente gira en torno a la cuestión fundamental de la legitimidad del poder punitivo del Estado.

El centro de la discusión discurre entre quienes interpretan el ius puniendi de un modo restringido, como derecho del Estado a penar, y quienes amplían el concepto hasta abarcar el derecho del Estado a establecer las normas penales. Los penalistas que optan por esta segunda opción consideran que no basta con justificar el derecho a aplicar la pena, sino que es preciso legitimar el recurso al mismo Derecho penal, con independencia de la legitimación de los concretos instrumentos que este emplee. Alineándonos con esta segunda propuesta, esto es, considerando que la legitimación del Derecho penal no debe limitarse a la del empleo de la pena, podemos definir el ius puniendi como el derecho estatal a establecer y aplicar normas penales.

Partiendo de la anterior idea y habiendo caracterizado al Derecho penal como un instrumento de control social, la conclusión es que el ius puniendi estará legitimado siempre que su aplicación sea imprescindible para el mantenimiento del orden social. En definitiva, en caso de que sea posible preservar el orden social sin necesidad de acudir al Derecho penal su uso resultará ilegítimo.

Ello implica desde una perspectiva externa el cumplimiento de los principios constitucionales que le atañen —con especial relevancia del respeto a la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, reconocidos como fundamento del orden político y de la paz social por el art. 10 CE—; y desde una perspectiva interna la asunción de una serie de límites derivados de su propia naturaleza como subsistema de un sistema más amplio de control social, que ha de emplear para su conservación los medios menos lesivos a su alcance.