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A. LA CRISIS DE LAS PENAS CARCELARIAS Y LAS RESPUESTAS A LA MISMA

Como se indicó en lecciones anteriores, la pena de prisión presenta muchos inconvenientes que resultan especialmente graves cuando su duración es excesivamente larga o demasiado corta (ver supra lección 28). Desde el último cuarto del siglo XX, la inmensa mayoría de los sistemas penales tratan de hacer frente a esta problemática de diversas maneras:

1ª. Una de las líneas político criminales que siguió, en su origen, el vigente Código penal en 1995 fue la de evitar las penas de prisión inferiores a seis meses y procurar que las derogadas faltas (parte de las cuales son hoy delitos leves) y los delitos menos graves se castigasen con penas no privativas de libertad, tales como los trabajos en beneficio de la comunidad o la multa. Más tarde, con la reforma de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, aparece la pena de localización permanente, que se presenta como pena privativa de libertad que evita muchos de los inconvenientes que acompañan a la prisión.

Ya se advirtió que esta línea ha sido contrarrestada por las siguientes Leyes Orgánicas: LO 7/2003, de 30 de junio, la LO 11/2003, de 29 de septiembre, LO 15/2003, de 25 de noviembre, LO 5/2010, de 22 de junio y LO 1/2015, de 30 de marzo. En todas ellas se apuesta por un aumento del rigor punitivo que pasa, en ocasiones, por emplear en mayor medida la pena de prisión, reduciendo su límite mínimo a los tres meses de duración y endureciendo las condiciones de su ejecución.

2ª. El Código penal vigente permite, siempre que se den determinados requisitos, evitar la efectiva aplicación de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia a través de la suspensión de su ejecución.

Antes de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, la efectiva aplicación de las penas de prisión de hasta dos años de duración se podía evitar también a través de su sustitución por penas distintas, como la multa, la localización permanente o los trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, con este cambio legislativo desaparece el sistema general de sustitución que regulaba el derogado art. 88 CP y la sustitución de la pena privativa de libertad, en sentido estricto, subsiste solo para dos supuestos específicos a los que se hizo mención en lecciones anteriores (ver supra lección 27): la sustitución de la pena de prisión inferior a 3 meses en los términos del art. 71.2 CP y, en determinados supuestos, la sustitución de las penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros, prevista en el art. 89 CP, que se analiza, más adelante, en la presente lección.

Como habrá ocasión de comprobar, la sustitución de las penas privativas de libertad por otras «prestaciones o medidas» se prevé en el orden vigente, con carácter general, como una de las posibles condiciones a las que se puede someter la suspensión de la ejecución de dichas penas. No obstante, en este contexto, no estamos ante una sustitución en sentido estricto equiparable a la que regulaba el derogado art. 88 CP. Por ello y pese a lo que afirma el legislador en el Preámbulo de la LO 1/2015, de 30 de marzo, no se mantienen los supuestos de sustitución que existían antes de esta reforma. Ello por varios motivos:

  • En primer lugar, se advierte, desde un punto de vista formal, que no estamos ante «penas» sustitutivas pues el legislador se refiere a las mismas como «medidas o prestaciones», por mucho que las mismas puedan consistir, materialmente, en penas de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad (art. 84.1.2 y 3 CP).
  • La imposición de una medida o prestación sustitutiva se puede acordar en el seno del correspondiente régimen de suspensión, cuyo plazo es independiente del cumplimiento de dicha medida o prestación. Es decir, que el penado sigue sometido al régimen de suspensión aunque haya terminado de cumplir la medida o prestación sustitutiva.

    Por ello, a diferencia de lo que sucede con los supuestos de sustitución de penas en sentido estricto, el cumplimiento de la medida sustitutiva no extingue la responsabilidad penal por cumplimiento de condena [ni siquiera cuando la misma equivale a la totalidad de la pena cuya ejecución se ha suspendido (algo que solo se puede dar en el marco del régimen especial de suspensión que prevé el art. 80.3 CP)].

  • El cumplimiento de la medida o prestación sustitutiva nunca es la única condición a la que se somete la suspensión, pues la suspensión queda siempre condicionada, como mínimo, a que el penado no sea condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión, en los términos del art. 86.1.a) CP. Conforme al régimen general del derogado art. 88 CP, el cumplimiento de la pena sustitutiva podía ser la única obligación que debía cumplir el penado.
  • A los efectos que ahora nos ocupan y con carácter general, no cabe, aplicando los criterios de sustitución previstos en el art. 84 CP, sustituir la pena privativa de libertad en su totalidad sino solo un porcentaje de la misma, concretamente dos tercios (solo cuando la sustitución se impone como condición de la suspensión acordada para penados con antecedentes penales para los que rige un régimen especial, puede la medida sustitutiva alcanzar la magnitud total de la pena suspendida, teniendo en cuenta las reglas de sustitución —ver art. 80.3 CP—).
  • El mero incumplimiento de la medida o prestación sustitutiva no implica la automática revocación de la suspensión y la consiguiente imposición de la pena privativa de libertad cuya ejecución fue suspendida.
  • La medida o prestación sustitutiva puede siempre ser objeto de variación y sustitución durante el plazo de suspensión. A este respecto hay que recordar que el régimen anterior a 2015, previsto en el derogado art. 88 CP, no permitía que las penas sustitutivas fuesen, a su vez, sustituidas por otras.

La supresión, con la derogación del art. 88 CP, del régimen general de sustitución de penas de prisión reduce las posibilidades de encontrar alternativas a las penas privativas de libertad de corta duración. Ello porque dicho sistema no requería, como sí lo hace con carácter general el vigente sistema de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad que tiene lugar antes del comienzo dicha ejecución, que el penado fuese delincuente primario (solo se exigía, en este sentido, que el mismo no fuese reo habitual en los términos del art. 94 CP). Esta limitación de la LO 1/2015, de 30 de marzo, se intenta paliar de dos maneras. Por un lado, restringiendo el concepto de antecedente penal susceptible de ser relevante a efectos de suspensión en el sentido que más adelante se detallará. Por otro, permitiendo que los penados con antecedentes penales relevantes a efectos de suspensión puedan, «excepcionalmente», beneficiarse de la suspensión cuando se den una serie de circunstancias, en su mayoría de subjetiva apreciación por parte del juez o tribunal, similares a las que se exigían en el derogado régimen del art. 88 CP. Con todo, la situación no es equivalente a la que existía con anterioridad a la reforma, puesto que el acceso a la suspensión, en estos casos, se prevé como excepcional y queda en manos del arbitrio judicial valorar la relevancia de los antecedentes penales a efectos de acordar o no la suspensión. A ello hay que añadir el hecho de que, tras la reforma de 2015, aumentan, con carácter general, las circunstancias que el juez o tribunal han de valorar a efectos de decidir sobre la suspensión y se endurece el régimen de la misma: las condiciones a las que se puede someter la suspensión, más allá de la de no ser condenado por la comisión de delitos cometidos durante el plazo de suspensión, aumentan en número y en gravedad y se pueden imponer en todos los casos, con independencia de la naturaleza de la pena cuya ejecución se suspende; la inobservancia de estas condiciones puede dar lugar a la revocación de la suspensión, aunque no se trate de un incumplimiento reiterado ni grave. Por otro lado, aumenta en general el margen de discrecionalidad del juez o tribunal sentenciador y se reduce, en consecuencia, la seguridad jurídica.

3ª. A fin de evitar las penas de prisión excesivamente largas, la legislación vigente establece mecanismos para acortar el periodo de cumplimiento de la prisión dentro del centro penitenciario. A este respecto, se deben recordar los efectos de la clasificación en tercer grado penitenciario (ver supra lección 29). No obstante, el acceso al tercer grado no supone la suspensión de la pena de prisión, sino que constituye una forma de cumplimiento de la misma. La concesión de la libertad condicional, sin embargo, se define ahora, tras la reforma de la LO 1/2015, de 30 de marzo, como una forma de suspensión de las penas de prisión y de prisión permanente revisable que acaece durante su ejecución. Por este motivo se estudia en la presente lección.

Con todo, es preciso recordar que nuestro sistema permite que las penas de prisión se cumplan, en ciertos casos, íntegramente dentro del centro penitenciario, sin que el penado sea clasificado en el tercer grado, ni acceda a la libertad condicional (ver supra lección 28). Asimismo, las normas que rigen en materia de ejecución de la pena de prisión permanente revisable pueden abocar, en muchos casos, a que la misma se convierta en una pena de prisión perpetua (ver supra lecciones 27 y 28).