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El Capítulo I del Título VII del Libro I del Código penal lleva por rúbrica «De la extinción de la responsabilidad penal y sus efectos», y dentro del mismo, el art. 130 establece:

1. La responsabilidad criminal se extingue:
1º. Por la muerte del reo.
2º. Por el cumplimiento de la condena.
3º. Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
4º. Por el indulto.
5º. Por el perdón del ofendido, cuando se trate de delitos leves perseguibles a instancias del agraviado o la ley así lo prevea.
6º. Por la prescripción del delito.
7º. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.

Según la RAE algo se extingue cuando «cesa», cuando «se acaba del todo». De esta definición se colige que, para que algo, como un derecho o una obligación, se extinga, tiene que haber existido antes.

Cabría esperar, según este planteamiento, que las causas de extinción que enumera el art. 130.1 CP hacen desaparecer la responsabilidad penal que, de acuerdo con lo que se ha plasmado en este Curso, surge del comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible y que consiste en la obligación de cumplir una pena. Cabría esperar, además, que la existencia de la responsabilidad penal así entendida, haya sido confirmada por una sentencia condenatoria.

Sin embargo estas circunstancias se dan solo respecto de algunas de las causas que enumera el art. 130.1 CP como la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena, una vez cumplidas las condiciones a las que se sometió la suspensión de la ejecución de la misma, el indulto y la prescripción de la pena. Sin embargo, otras de las causas que contempla el art. 130.1 CP no extinguen la responsabilidad penal en el sentido descrito. Algunas de las mismas operan sobre una responsabilidad penal que, desde el punto de vista jurídico, aún no ha nacido pues su existencia no ha sido confirmada por un fallo judicial previo. Así, por ejemplo, la prescripción del delito y el perdón del ofendido, que despliegan sus efectos antes de que se haya dictado la correspondiente sentencia condenatoria. Por su parte, la prescripción de la medida de seguridad tampoco extingue la responsabilidad penal propiamente dicha o al menos no necesariamente. Y es que, por ejemplo, cuando la medida de seguridad se aplica a un inimputable que ha sido considerado exento de responsabilidad penal por razón de su anomalía psíquica (art. 20.1 CP), difícilmente la prescripción de dicha medida puede hacer cesar una responsabilidad penal que nunca existió, teniendo en cuenta que el sujeto quedó exento de la misma.

Por todo lo expuesto, no todas las causas previstas por el art. 130.1 CP extinguen la responsabilidad penal propiamente dicha, es decir, la que surge, insistimos, de la comisión del comportamiento típico, antijurídico, culpable y punible y cuya existencia es confirmada por una sentencia condenatoria. Se podría afirmar, entonces, que el común denominador de las distintas causas que enumera este precepto es otro. Lo que sucede cuando concurre cualquiera de estas causas es que la Administración de Justicia ya no va a pretender que el sujeto cumpla con la pena o medida de seguridad que, como consecuencias penales, se derivan de la comisión de una infracción penal. Esta renuncia de la Administración de Justicia puede obedecer a distintas razones y se puede llevar a cabo de diferentes maneras.

 Ej. 36.1: Cuando el sujeto ha cumplido con su condena se entiende que ya no tiene que rendir más cuentas de naturaleza penal ante la justicia (más allá de lo que, en este sentido, puedan suponer los antecedentes penales), mientras que cuando la infracción penal ha prescrito se considera que el trascurso del tiempo hace innecesaria o difícil de cumplir con todas las garantías, no ya el cumplimiento de la pena, sino la verificación de la responsabilidad penal derivada de dicha infracción que hubiera conducido a la imposición del referido castigo.

De acuerdo con el planteamiento que se acaba de exponer se podría decir, además, que el contenido del art. 130.1 CP resulta incompleto ya que existen circunstancias, que este precepto no menciona, cuya concurrencia acarrea las mismas consecuencias que algunas de las causas previstas por el mismo.

 Ej. 36.2: El cese de la medida de seguridad cuando desaparece la peligrosidad del sujeto antes de que la misma alcance su límite máximo de duración (ver art. 97.b) CP), o la aprobación de una ley posterior a la comisión de los hechos que destipifica los mismos.

Para terminar el presente apartado, es preciso insistir algo más en una idea que se desprende de lo ya explicado. Y es que el ámbito sobre el que operan las causas del art. 130.1 CP es el de las penas y las medidas de seguridad como consecuencias penales que se derivan de la infracción penal. El resto de las consecuencias o efectos que pueden surgir de la misma, como la responsabilidad civil y las consecuencias accesorias, quedan fuera de su alcance como hubo ocasión de comprobar (ver supra lección 35).

Ya se advirtió que el decomiso, como consecuencia accesoria, y la responsabilidad civil se pueden acordar o declarar aunque la responsabilidad penal se haya extinguido o se declare inexistente (ver supra lección 35). Por otro lado, la sentencia firme que impone al sujeto una pena o una medida de seguridad debe inscribirse en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Esta inscripción del antecedente penal despliega sus efectos con posterioridad a la extinción de tales consecuencias penales, efectos que, por tanto, no desaparecen en dichos casos con la extinción de la responsabilidad penal y que serán analizados en el último apartado de la presente lección.

Así las cosas, se procede al estudio de cada una de las causas que, de acuerdo con lo establecido expresamente por el vigente Código penal, extinguen la responsabilidad penal. El análisis se lleva a cabo respecto del efecto de tales causas cuando los que han cometido la infracción penal son personas físicas mayores de edad y también menores (de acuerdo con lo establecido, a este respecto, en la LORPM [Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores]).