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A. Consideraciones previas: concepto y función de los antecedentes penales

La sentencia firme que imponga al sujeto el cumplimiento de la pena o la medida de seguridad debe ser remitida por parte del juez o tribunal sentenciador al Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia para su correspondiente inscripción. A tal efecto, se debe hacer constar, entre otras cuestiones, la fecha de firmeza, las penas o medidas impuestas, la fecha de la extinción de las mismas, en caso de que se procediese a su efectivo cumplimiento (ver art. 2.3.a) RD 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia), y la fecha de remisión de la pena en caso de que su ejecución se haya suspendido (ver STS 10/02/2002).

La inscripción de estos antecedentes penales despliega los siguientes efectos en el ámbito jurídico penal:

  1. Apreciación de la agravante por reincidencia del art. 22.8 CP, lo cual puede tener efectos en el ámbito de la determinación de la pena pudiéndose llegar a aplicar, en el caso de delitos dolosos graves y menos graves, la pena superior en grado a la que le hubiera correspondido al sujeto de no concurrir esta circunstancia (ver art. 66.5 CP).
  2. Imposibilidad de beneficiarse de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad teniendo en cuenta que la misma exige que el condenado haya delinquido por primera vez, según establece el art. 80.2.1 CP. Ello salvo que los antecedentes lo sean por delitos imprudentes, delitos leves o correspondientes a delitos que, por su naturaleza y circunstancias carezcan de relevancia para valorar la comisión de delitos futuros por parte del sujeto.

Los efectos de los antecedentes penales inscritos trascienden el orden jurídico penal y pueden afectar al condenado en otras facetas de su vida. En este sentido, el carecer de antecedentes penales se exige como requisito para ingresar en la Administración o desempeñar determinados oficios (por ejemplo, el acceso a militar de tropa y marinería exige carecer de antecedentes penales además de no tener abierto, en calidad de procesado o imputado, ningún procedimiento judicial por delito doloso —ver art. 3.1.c) de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería—).

A fin de que los antecedentes penales cumplan las funciones que tienen por ley asignadas y no constituyan un motivo injusto de discriminación para el condenado, más allá del que de por sí acarrean, según algunos, toda vez que implican un gravamen para el sujeto que excede de la pena que le corresponde por el delito cometido, el art. 136.4 CP establece que las inscripciones que se lleven a cabo en el Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante la vigencia de tales inscripciones solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley.

Por otro lado y para que los antecedentes penales inscritos no desplieguen sus efectos de forma ilimitada en el tiempo, el vigente Código penal establece un sistema de cancelación de los mismos que será objeto de análisis en los siguientes apartados.

B. El sistema de cancelación de los antecedentes penales

B.1. Derecho a la cancelación de los antecedentes penales y solicitud de la misma

Todo condenado que haya extinguido su responsabilidad penal tiene derecho a obtener del Ministerio del Justicia la cancelación de sus antecedentes penales, tal y como expresamente dispone el art. 136.1 CP.Dicha cancelación puede llevarse a cabo de tres formas distintas:

  1. A instancia de parte, cuando es el propio interesado el que realiza la correspondiente solicitud de cancelación ante la Administración de Justicia (ver art. 136.1 CP).
  2. De oficio por parte del encargado del Registro Central de Penados y Rebeldes, cuando el mismo considere que se dan los requisitos para proceder a la cancelación elevando propuesta, en este sentido, al Ministerio de Justicia (ver art. 136.1 CP).
  3. En los casos en que aunque se hayan cumplido los requisitos para la cancelación y esta no se hubiera producido, el juez o tribunal, acreditadas estas circunstancias, ordenará la correspondiente cancelación y no tendrá en cuenta dichos antecedentes (ver art. 136.5 CP).

Cuando este precepto alude al «juez o tribunal», se está refiriendo a la instancia judicial que debería tener en cuenta los antecedentes del sujeto a los efectos jurídico penales consistentes en apreciar la agravante por reincidencia o decidir sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Es por ello que los preceptos que regulan estas cuestiones establecen que los jueces y tribunales no tendrán en cuenta los antecedentes cancelados o que debieran serlo (ver, por ejemplo, art. 80.2.1 CP y, entre otras, las SSTS 13/2015, de 23 de enero, y 636/2014, de 14 de octubre).

B.2. Requisitos para la cancelación

Haber trascurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos (art. 136.1 CP):

  • Seis meses para las penas leves.
  • Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.
  • Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
  • Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
  • Diez años para las penas graves.

Los plazos descritos son fruto de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, que los ha prolongado considerablemente respecto de la regulación anterior. Antes de este cambio legislativo, el plazo máximo era de cinco años y se establecía solo para las penas graves. Por otro lado, los plazos para las penas menos graves superiores a doce meses y no impuestas por delitos imprudentes eran, en todo caso, de tres años.Para calcular estos plazos la jurisprudencia suele tener en cuenta la pena concreta impuesta en sentencia y no la prevista en abstracto por la ley para la figura delictiva en cuestión (ver, entre otras, SSTS 13/2015, de 23 de enero, y 636/2014, de 14 de octubre).

Estos términos se empiezan a contar desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena.

Cuando esta circunstancia sucede mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión (ver art. 136.2 CP).

Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del art. 129 CP se cancelarán en el plazo que corresponda de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 del art. 136 CP, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos últimos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

Estas normas que afectan a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica mencionadas en el art. 129 CP, son fruto de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo.

Sorprende por excesivo el plazo de cancelación de cincuenta años que se establece para algunos casos.

B.3. Efectos de la cancelación

La cancelación de los antecedentes penales impide que los mismos puedan desplegar los efectos que la ley les asigna y que fueron descritos en los apartados anteriores. A tal efecto, una vez cancelados, los antecedentes desaparecen del lugar del Registro en el que hubiesen sido inscritos. No obstante y según establece el art. 19.3 RD 95/2009, «la información relativa a las inscripciones canceladas se conservará en una sección especial y separada a disposición únicamente de los Juzgados y Tribunales españoles».

C. La cancelación de las medidas de seguridad

La cancelación de las medidas de seguridad aparece prevista en el art. 137 CP que, a tal efecto, establece:

«Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán canceladas una vez cumplida o prescrita la respectiva medida; mientras tanto, sólo figurarán en las certificaciones que el Registro expida con destino a Jueces o Tribunales o autoridades administrativas, en los casos establecidos por la Ley».

D. Referencia a los menores

La Disposición Adicional 3a de la LORPM establece el registro de sentencias firmes dictadas en aplicación de lo dispuesto por dicha ley.

A tal efecto, dicho precepto dispone que el Ministerio de Justicia llevará el correspondiente Registro cuyos datos solo podrán ser utilizados por los Jueces y Tribunales de Menores y por el Ministerio Fiscal.

Es preciso advertir que, a diferencia de lo que sucede respecto de los antecedentes penales en el caso de los sujetos adultos, los efectos de la inscripción de sentencias firmes dictadas en aplicación de la LORPM no son necesariamente negativos puesto que tales datos se tienen en cuentan durante la tramitación del procedimiento en la medida en que puedan resultar relevantes para decidir sobre la medida a imponer al menor.