Procesal Contencioso Administrativo. Test 3

1. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto:

El Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento, ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas.

El Juez o Tribunal, en caso de incumplimiento, únicamente podrá ejecutar la sentencia a través de sus propios medios, pero nunca podrá requerir la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas.

El Juez o Tribunal, en caso de incumplimiento, únicamente podrá recordar a la Administración su obligación de cumplir la sentencia, pero nunca ejecutar la sentencia.

Resultado:

2. En el día de hoy le han notificado una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se resuelve el recurso de apelación que en su día interpuso contra una sentencia dictada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Está decidido a interponer un recurso de casación contra la misma ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, pero no sabe si ello es posible. Después de estudiar la nueva regulación el recurso de casación, llega a la siguiente conclusión:

No es posible, porque el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sólo cabe contra las sentencias dictadas en única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

No es posible, porque el recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo sólo cabe contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Es posible, porque el recurso de casación cabe contra las sentencias dictadas en apelación por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Resultado:

3. Ha interpuesto Vd. un recurso contencioso-administrativo contra una licencia urbanística que se ha concedido a la empresa «Hoteles de Levante, S.A.» para la construcción de un hotel. En concreto, porque considera que dicha licencia vulnera lo establecido en la legislación autonómica sobre limitación de alturas, privándole a Vd. de unas inmejorables vistas. Quiere solicitar la medida cautelar de suspensión de la licencia, y se plantea si el órgano judicial le puede exigir algún tipo de garantía para cubrir los posibles perjuicios que pudieran causarse a la empresa hotelera como consecuencia de la medida cautelar, en el caso de que Vd. finalmente perdiera el pleito. Después de estudiar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, llega a la siguiente conclusión:

Que no se le podrá exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar, ni acordarse medidas para evitar o paliar los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar.

Que no se le podrá exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar, aunque sí acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar.

Que se le podrá exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar, y que la medida cautelar acordada no se llevará a efecto hasta que la caución o garantía esté constituida y acreditada en autos.

Que se le podrá exigir la presentación de caución o garantía suficiente para responder de los perjuicios que pudieran derivarse de la medida cautelar, sin perjuicio de que la medida cautelar acordada podrá llevarse a efecto aunque la caución o garantía no esté constituida y acreditada en autos.

Resultado:

5. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

La actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

La actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales con rango de Ley o inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

La actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos-leyes y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

La actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales con rango de Ley o inferior a la Ley y con los Decretos-leyes y los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Resultado:

6. La sociedad «Fuerza Eólica, S.A.» está decida a recurrir un Decreto Legislativo recientemente publicado, y acude a Vd. para saber si puede recurrido ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Vd. le indica que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo:

Conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos Legislativos en todo caso.

No conocerán en ningún caso de las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos Legislativos, que sólo podrán ser controlados por el Tribunal Constitucional.

No conocerán en ningún caso de las pretensiones que se deduzcan en relación con los Decretos Legislativos, que sólo podrán ser controlados por el Consejo de Estado.

Resultado:

7. La sociedad «Pescados y mariscos del Norte, S.A.» formuló reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Administración por los daños sufridos como consecuencia de unas obras. Una vez transcurrido el plazo para resolver y notificar, la sociedad todavía no ha recibido respuesta de la Administración. Ante esta situación le pregunta si debe entender estimada o desestimada su solicitud, así como por el régimen al que queda sometida la obligación de la Administración de dictar resolución expresa. Vd. le contesta que:

Ha de entender estimada su reclamación por silencio administrativo, y la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Ha de entender estimada su reclamación por silencio administrativo, y la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

Ha de entender desestimada su reclamación por silencio administrativo, y la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

Ha de entender desestimada su reclamación por silencio administrativo, y la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo.

Resultado:

9. En el día de hoy han notificado a su vecino un acto del Ayuntamiento de Madrid por el que se concede el plazo de diez días para subsanar determinada solicitud que realizó en materia urbanística. Su vecino desconoce cómo computar el plazo de diez días, por lo que le consulta al respecto. Vd. le indica que, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son:

Naturales.

Naturales, excluyéndose del cómputo exclusivamente los domingos y los declarados festivos.

Hábiles, excluyéndose del cómputo exclusivamente los domingos y los declarados festivos.

Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Resultado:

10. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que se acredite lo contrario.

Los documentos formalizados por cualquier empleado público y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquél harán prueba de éstos, sin posibilidad de acreditar lo contrario.

Los documentos formalizados por cualquier empleado público y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes se recojan los hechos constatados por aquél o por otro empleado público, harán prueba de dichos hechos, sin posibilidad de acreditar lo contrario.

Resultado:

12. Un cliente, al que está Vd. asesorando en un procedimiento de expropiación, le plantea qué consecuencias tiene el que la Administración no le haya pagado el justiprecio una vez transcurrido el plazo de seis meses desde su determinación. Vd. le indica que, de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa:

La cantidad que se fije definitivamente como justo precio devengará el interés legal correspondiente a favor del expropiado, hasta que se proceda a su pago y desde el momento en que hayan transcurrido el plazo de seis meses desde su determinación.

Si transcurriera un año sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación.

El expropiado podrá recuperar el bien expropiado.

Procederá la declaración de nulidad del procedimiento expropiatorio.

Resultado:

13. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en relación con la solicitud de inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

El derecho a reclamar prescribirá a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

El derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

El derecho a reclamar prescribirá siempre a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

Resultado:

15. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general:

Afectarán siempre y por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

Nunca afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales.

No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

Afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente.

Resultado:

17. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con:

Las disposiciones de carácter general y con los actos de la Administración pública que pongan fin o no a la vía administrativa y sean definitivos, nunca de trámite.

Las disposiciones de carácter general y con los actos de la Administración pública, pongan fin a la vía administrativa y sean definitivos, nunca de trámite.

Las disposiciones de carácter general y con los actos de la Administración pública que pongan fin o no a la vía administrativa, ya sean definitivos, o de trámite en determinados supuestos.

Las disposiciones de carácter general y con los actos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos, o de trámite en determinados supuestos.

Resultado:

19. Vd. desistió de un recurso contencioso-administrativo que había interpuesto porque la Administración reconoció en vía administrativa todas sus pretensiones. Sin embargo, en el día de hoy la Administración ha dictado un nuevo acto parcialmente revocatorio de dicho reconocimiento. Se plantea Vd. si puede pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontraba, extendiéndose al acto revocatorio. Después de estudiar la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa llega a la conclusión de que:

No es posible, debe interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo contra el acto revocatorio.

No es posible, ya que esta posibilidad sólo está prevista en los casos de revocación total, no parcial.

Sí es posible, y si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.

Sí es posible, pero el Juez o Tribunal no podrá conceder a las partes un plazo para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.

Resultado:

20. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), ha de afirmarse que:

Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, y, asimismo, que el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, dicha nulidad, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en la LJCA.

Serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, y, asimismo, que el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, dicha nulidad, aunque careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en la LJCA.

Serán anulables los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, y, asimismo, que el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, dicha nulidad, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en la LJCA.

Serán anulables los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento, y, asimismo, que el órgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecución de la sentencia declarará, a instancia de parte, dicha nulidad, aunque careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en la LJCA.

Resultado:

21. El magistrado ponente en un proceso contencioso-administrativo que se ha seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional está preparando un borrador de sentencia y considera que hay un motivo susceptible de fundar el recurso que, sin embargo, no ha sido alegado por el demandante. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el Tribunal:

Podrá dictar sentencia directamente con fundamento en dicho motivo, sin necesidad de realizar ningún trámite previo.

Lo someterá a las partes mediante providencia en que expondrá dicho motivo y concederá a los interesados un plazo para que formulen las alegaciones que estimen oportunas.

Lo someterá a las partes mediante providencia en que expondrá dicho motivo, pudiendo a su discreción conceder o no a los interesados un plazo para que formulen las alegaciones que estimen oportunas.

Lo someterá a las partes mediante providencia en que únicamente expondrá dicho motivo, no pudiendo conceder a los interesados un plazo para que formulen las alegaciones que estimen oportunas.

Resultado:

22. En la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

Hay un procedimiento especial denominado «Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado» en el que está legitimada para la interposición del recurso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Hay un procedimiento especial denominado «Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado» en el que NO está legitimada para la interposición del recurso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

No hay un procedimiento especial denominado «Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado».

Resultado:

24. En el día de hoy le han notificado una sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por la que se resuelve el recurso que en su día interpuso contra un acto de la Comunidad Autónoma en materia de urbanismo. Está decidido a interponer un recurso de casación contra la misma por vulneración de la legislación de la Comunidad Autónoma, pero no sabe si ello es posible. Después de estudiar la nueva regulación el recurso de casación, llega a la siguiente conclusión:

No cabe recurso de casación por infracción de normas emanadas de una Comunidad Autónoma.

Cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

Cabe recurso de casación, siendo competente una Sección de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia, que tendrá la composición que se prevé en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Resultado:

25. En el día de hoy se le ha notificado un acto dictado por el Alcalde del municipio en el que reside, por el que se ordena la inmediata demolición de la vivienda donde tiene su domicilio. Vd. va a interponer recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución y quiere solicitar con carácter de urgencia la medida cautelar de suspensión de la orden de demolición. ¿Contiene la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al regular las medidas cautelares, alguna previsión para los casos en que los interesados alegaran la concurrencia de circunstancias de especial urgencia?

No, el recurrente deberá solicitar la medida cautelar en la demanda.

Sí, que en este caso podrán solicitar la medida cautelar en el escrito de interposición del recurso, en lugar de en la demanda, que es la regla general.

Sí, que en este caso el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días adoptará necesariamente y mediante auto la medida cautelar solicitada.

Sí, que en este caso el juez o tribunal sin oír a la parte contraria, en el plazo de dos días podrá mediante auto apreciar las circunstancias de especial urgencia y adoptar la medida, entre otras decisiones posibles.

Resultado:

26. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

Se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

No se extiende al conocimiento y decisión de ninguna cuestión prejudicial o incidental no pertenecientes al orden administrativo, aunque esté directamente relacionada con un recurso contencioso-administrativo.

Resultado:

27. La sociedad «Industria del Carbón y del Acero, S.A.» está decidida a interponer un recurso contra el Decreto-ley que ha aprobado recientemente el Gobierno en materia medioambiental. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que, de acuerdo con lo establecido por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con:

Los Decretos legislativos, en todo caso.

Los Decretos-leyes, en todo caso.

Con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Con los Decretos Leyes y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación.

Resultado:

29. Hace ya varios meses que la Administración inició de oficio un procedimiento destinado a demoler una edificación de propiedad de una importante compañía inmobiliaria. A día de hoy ha transcurrido el plazo previsto para resolver el procedimiento y notificar la resolución, sin que la Administración haya realizado dicha notificación. Por ello acude a Vd. para que le asesore. Vd. le indica que:

El procedimiento ha caducado.

Ha de entenderse aprobada la Orden de demolición por silencio administrativo positivo, sin posibilidad de recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ha de entenderse aprobada la Orden de demolición por silencio administrativo positivo, aunque con posibilidad de recurriría ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

El procedimiento ha prescrito.

Resultado:

31. El Ayuntamiento de la localidad donde reside le ha comunicado una Orden de demolición de un inmueble de su propiedad. Le surge a Vd. la duda de si, en el caso de no proceder voluntariamente a realizar la demolición ordenada, el Ayuntamiento ha de acudir a los Tribunales para ejecutar forzosamente dicha Orden de demolición o si, por el contrario, el Ayuntamiento puede proceder a la ejecución forzosa de la Orden de demolición sin necesidad de acudir para ello a los Tribunales. Después de estudiar la regulación contenida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, llega a la conclusión de que con carácter general:

Las Administraciones Públicas podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.

Las Administraciones Públicas podrán proceder, sin necesidad de previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos.

Las Administraciones Públicas no podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos expresamente previstos por una norma con rango de Ley.

Las Administraciones Públicas no podrán proceder a la ejecución forzosa de los actos administrativos, salvo en los supuestos expresamente previstos por una norma con rango de Ley o reglamentario.

Resultado:

32. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas al tratar del cómputo de plazos, si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá:

El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

El día siguiente a aquel en que produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Resultado:

34. Como consecuencia de un disparo de un policía nacional, resulto herido accidentalmente un amigo de su hermano. Este amigo de su hermano está pensando pedir responsabilidad a la Administración del Estado por los daños sufridos, pero duda de si ha de pedir dicha responsabilidad directamente a la Administración del Estado o si ha de reclamar directamente al funcionario (es decir, al policía municipal) y sólo con carácter subsidiario a la Administración del Estado. Después de estudiar lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público llega a la conclusión de que:

Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, y la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves.

Los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio, y la Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, podrá exigir de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia.

Los particulares exigirán directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria de la Administración.

Resultado:

35. La Administración de Estado expropió hace 15 años unos terrenos para la construcción de una estación de ferrocarril. La estación se construyó y ha estado en funcionamiento durante 12 años. En la actualidad ha desaparecido la afectación de los terrenos a dicha finalidad, y la estación se encuentra fuera de uso. Los antiguos propietarios (es decir, los expropiados) quieren saber si pueden recuperar los terrenos que en su día les fueron expropiados. Por ello acuden a Vd., que les dice que:

Sí, porque tienen derecho de reversión.

No, porque el derecho de reversión tiene excepciones, como es que la afectación al fin que justificó la expropiación se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra (como ha sucedido en este caso).

Sí, porque el derecho de reversión tiene excepciones, como es que la afectación al fin que justificó la expropiación se prolongue durante 15 años desde la terminación de la obra (y esto no ha sucedido en este caso).

Sí, porque el derecho de reversión tiene una única excepción: que se acuerde una nueva afectación a un fin declarado de utilidad pública o interés social.

Resultado:

37. Ha sufrido Vd. daños en su vehículo como consecuencia de un accidente multitudinario causado por un bache en una carretera nacional y por el exceso de velocidad de un conductor. Está Vd. decidido a reclamar una indemnización a la Administración del Estado y al particular que circulaba con exceso de velocidad. Y le surge la duda de cuál sería el orden jurisdiccional al que, en su caso, tendría que acudir para reclamar la indemnización a la Administración. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, debiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, pudiendo también ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

Los contratos administrativos, pero no de las que se susciten en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

Resultado:

39. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el demandante podrá pretender:

La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, así como el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma.

La declaración de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulación de los actos y disposiciones susceptibles de impugnación, exclusivamente.

Resultado:

40. De acuerdo con lo previsto por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al regular el procedimiento contencioso-administrativo en primera o única instancia, ¿qué es un escrito de alegaciones previas?

Es un escrito mediante el cual el demandante interpone el recurso, y que se reduce a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso.

Es un escrito mediante el cual las partes demandadas pueden alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso.

Es un escrito mediante el cual el recurrente, si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, puede pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la contestación a la demanda.

Es un escrito mediante el cual el demandante pide que se complete el expediente administrativo, en el caso de que el que haya remitido la Administración no esté completo.

Resultado:

41. En su momento interpuso Vd. una demanda contra un acto de la Administración del Estado y el Abogado del Estado ya ha contestado a la misma, hace quince días. Se plantea Vd. si en este momento puede aportar al proceso algún documento adicional a los que ya acompañó a la demanda. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:

No podrá ya aportar documentos adicionales, porque el demandante nunca puede aportar documentos con posterioridad a la demanda.

Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones.

Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, incluso después de la citación de vista o conclusiones.

Podrá aportar documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda, aunque no pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, incluso después de la citación de vista o conclusiones.

Resultado:

43. En el día de hoy se le ha notificado una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que desestima el recurso que en su día interpuso contra el planeamiento urbanístico de un conocido municipio andaluz. Está Vd. decidido a recurrir dicha sentencia en casación, pero duda de si resultaría posible fundar dicho recurso en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Después de analizar detalladamente la nueva regulación del recurso de casación, llega a la conclusión de que:

Sí es posible, y será competente para conocer del recurso de casación la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Sí es posible, aunque en este caso la competencia para conocer del recurso de casación no está atribuida a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

No es posible, porque sólo resulta posible recurrir en casación por vulneración del Derecho estatal.

No es posible, porque sólo resulta posible recurrir en casación por vulneración del Derecho estatal o de la Unión Europea.

Resultado:

46. Un cliente suyo está pensando interponer un recurso de apelación contra una Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que se le acaba de notificar. Y acude a Vd. para que le indique si podría ser condenado en costas en caso de que se desestimara el recurso. Vd. le indica que de acuerdo con lo previsto por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa al regular las costas procesales, en los recursos:

Se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición.

Se impondrán las costas al recurrente si se desestima totalmente el recurso y el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecia además que se ha interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

Se impondrán las costas al recurrente si se desestima total o parcialmente el recurso y el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecia además que se ha interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

En ningún caso se impondrán las costas al recurrente.

Resultado:

47. De acuerdo con lo previsto en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con:

Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública, pongan fin o no pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, siempre gue sean definitivos y nunca de trámite.

Las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública, pongan fin o no pongan fin a la vía administrativa, siempre que sean definitivos y nunca de trámite.

Resultado:

49. Ha transcurrido tres meses desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nuevo Real Decreto regulador de las energías renovables. Una compañía del sector quiere recurrir la norma por considerar que vulnera la Ley del Sector Eléctrico. ¿Puede recurrir dicho Real Decreto ante la jurisdicción contencioso-administrativa?

Sí, podrá recurrido directamente, porque todavía no han transcurrido 6 meses desde la publicación de la norma.

Sí, podrá recurrido directamente, porque el recurso directo contra los reglamentos no tiene plazo.

No podrá recurrido directamente, porque ya ha transcurrido el plazo para recurrir la norma, pero podrá interponer un recurso contra un acto de aplicación del reglamento con fundamento en la ilegalidad de dicho reglamento.

No podrá recurrido directamente, porque ya ha transcurrido el plazo para recurrir la norma, y tampoco podrá interponer un recurso contra un acto de aplicación del reglamento con fundamento en la ilegalidad de dicho reglamento.

Resultado:

Última actualización el 12/05/2021