A pesar de que hay varios estudios que señalan que los sistemas de protección social y de pensión podrían estar repercutiendo en el acceso al empleo de personas con discapacidad (Ararteko‐Datlan, 2003), la mayor parte de las teorías sobre la participación laboral de las personas con discapacidad se centran en la discriminación laboral como factor fundamental que explica las menores tasas de actividad. Entre estos aspectos discriminatorios se pueden diferenciar tres principalmente: los relacionados con el solicitante de empleo, es decir, la persona con discapacida (PCD), con el empleador y con la adecuación entre el puesto laboral y el solicitante (Alba y Moreno, 2004; Ated, 1998; Baldwin y Johnson, 2001; Bardasi, Jenkins, y Rigg, 2000; Butterworth y Pitt‐Catsouphes, 1995; Dávila, 2004; Dávila, 2005; Livermore, 2000). En cuanto al solicitante de empleo se contemplan como causas discriminatorias que las personas con discapacidad tengan un nivel de formación menor, que no hayan adquirido o lo hayan hecho en menor grado las habilidades para el desempeño de su profesión o que tengan una menor experiencia laboral. De la misma manera, factores propios del empleador de carácter discriminatorio serían los costes adicionales que suponen la adaptación del medio del trabajo, o el miedo a una menor productividad… Por último, el ajuste de la demanda y solicitud laboral de la PCD también se vería afectado por hechos discriminatorios (Livermore, 2000).