La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero, en su artículo 31 referido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad prevé, en su apartado 3, que su actuación habrá de tener en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de genero.
La prueba videográfica está ya plenamente reconocida por la Doctrina y Jurisprudencia como instrumento de prueba en el proceso penal, pero se pueden plantear diversos problemas. Tras explicar los límites constitucionales para su obtención, se analizan las garantías procesales que han de respetarse para su incorporación válida al proceso y la eficacia probatoria de las imágenes obtenidas para destruir la presunción de inocencia del imputado. Asimismo se comenta la Ley Orgánica 4/97, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
El juicio rápido de delitos es el procedimiento para enjuiciar de forma rápida e inmediata aquellos delitos más habituales.
Este procedimiento urgente exige una coordinación eficaz entre los distintos responsables: la policía, el fiscal, el juez, el abogado, técnicos y personal al servicio de la Administración de Justicia.
En el marco del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el Grupo de Expertos en esta materia, integrado por Magistrados y Magistradas nombrados/as por el Consejo General del Poder Judicial, ha elaborado esta Guía.
Informe sobre la incidencia de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en el Proceso Penal
Una conducta antijurídica no es suficiente para legitimar la imposición de una pena. El recurso a la pena requiere de la culpabilidad. Solo cuando una conducta antijurídica es, además, culpable, puede plantearse la posibilidad de acudir a la pena.
Los derechos fundamentales y libertades públicas que se ponen en juego antes y después de la aplicación de la aplicación de las leyes penales han determinado que se haya pretendido dotar a este sector del ordenamiento jurídico de las mayores garantías.
Como regla general, la inclusión de los datos de los clientes y sus oponentes en un fichero supondrá un tratamiento de datos de carácter personal, que requeriría, en principio, el consentimiento del afectado, con el deber de informar al mismo de los extremos contenidos en el artículo 5.1 o, en caso de no recabarse los datos del propio afectado, la obligación de informar a éste de dicha inclusión en el plazo de tres meses, tal y como dispone el artículo 5.4, ambos de la LOPD.
La LOPD tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
Si los enunciados dogmáticos, dado (y en tanto) que no se siguen lógicamente de las formulaciones de las normas vigentes juntamente con enunciados empíricos, pueden ser justificados en última instancia sólo a través de argumentos prácticos de tipo general, entonces hay que preguntar si (y con qué extensión) la argumentación dogmática tiene sentido o es necesaria al lado de la argumentación práctica general.
La teoría alexyana hoy expresa paradigmáticamente la agenda y orientación por la que se mueve la filosofía del derecho en consonancia con las características que exhibe el derecho vigente en Europa.
La sociedad moderna, culturalmente heterogénea e ideológicamente plural, incorpora a la tradicional pregunta sobre el origen, validez y naturaleza de los patrones de comportamiento de orden práctico, la de la fundamentación de los contenidos jurídicos como soporte Último de la racionalidad moral y de todo lo que se entiende como ámbito de lo civil.
Nadie duda de que la práctica del derecho consiste, de manera muy fundamental, en argumentar, y todos solemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad.
El consultante desea saber si la incorporación de los datos personales de sus clientes al expediente documental o carpeta que abre para cada uno y su uso posterior al objeto de desarrollar sus funciones como abogado constituye un tratamiento de datos no automatizado y si tal expediente sería un fichero.
El papel que desempeña el abogado en el ejercicio de su profesión y en defensa de su cliente contribuye activamente a mejorar e incrementar la calidad de la Justicia. El presente Estatuto define la función y características de la abogacía en su primer artículo como una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en interés público.
Para empezar, me gustaría que me dieras algunos detalles sobre tu carrera académica. Por ejemplo, ¿qué fue lo que te llevó a la filosofía del Derecho? ¿Estás satisfecho con haber elegido ser un filósofo del Derecho?
La función social de la Abogacía exige compilar las normas deontológicas para regular su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses que le han sido confiados, todos ellos trascendentales, relacionados fundamentalmente con el imperio del Derecho y la Justicia.
Existen buscadores de información científica que permiten la búsqueda específica de información científica y académica, incluyendo artículos, tesis, libros, formularios, resúmenes, informes, etc.
Este Código de Deontología de los Abogados europeos ha sido adoptado en la Sesión Plenaria del CCBE de 28 de octubre de 1988 y modificado en las Sesiones Plenarias de 28 de noviembre de 1998, 6 de diciembre de 2002 y 19 de mayo de 2006. Este Código incluye un Memorando explicativo actualizado en la Sesión Plenaria del CCBE de 19 de mayo de 2006.
La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 5, número 1, letra b), del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, número 1, b), primer guión, del Reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8 del Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (DO L 160, p. 37).
Como consecuencia del principio de territorialidad que caracteriza el ejercicio de la actividad jurisdiccional, las actuaciones que deban llevarse a cabo fuera del territorio de un juzgado o tribunal han de solicitarse del órgano competente del lugar de que se trate, para que sea éste quien las realice.
El texto del Convenio fue anteriormente modificado por las disposiciones del Protocolo no 3 (STE nº 45), que entró en vigor el 21 de septiembre de 1970, del Protocolo nº 5 (STE no 55), que entró en vigor el 20 de diciembre de 1971 y del Protocolo nº 8 (STE nº 118), que entró en vigor el 1 de enero de 1990. Incluía asimismo el texto del Protocolo nº 2 (STE nº 4) que, de conformidad con su artículo 5 párrafo 3, formaba parte integrante del Convenio desde su entrada en vigor el 21 de septiembre de 1970.
El presente Reglamento de Procedimiento Disciplinario se dicta en desarrollo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales y del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio.
Antes de decidir si va a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por favor lea detenidamente el Convenio y las Notas de información dirigidas a los demandantes.
Reglamento (UE) Nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
El objeto del presente estudio es la realización de un análisis y valoración de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional acerca de la compatibilidad del principio de primacía del Derecho comunitario con la Constitución de la Nación española de 1978.
La Ley 27/2011 de 1 de agosto (Boe de 2 de agosto) sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social es resultado del Acuerdo social y económico del 2 de febrero de 2011, estipulado entre el gobierno y los interlocutores sociales, y claramente influenciado por la aprobación parlamentara de enero de 2011 de la renovación del Pacto de Toledo.
El principal objetivo de este trabajo es analizar los efectos de padecer una discapacidad sobre la probabilidad de ser activo en la comunidad andaluza.
Visto que las unidades procesales de apoyo directo asisten a jueces y magistrados en el ejercicio de las funciones que les son propias y que los servicios comunes procesales asumen labores centralizadas de gestión y apoyo, se deduce indiscutiblemente que en ambos tipos de unidades las actuaciones procedimentales van a estar netamente diferenciadas, sin perjuicio de concentrar los recursos en los servicios comunes, eje en torno al cual se configura el proceso del cambio organizativo de la nueva oficina judicial.
El artículo 138.2 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974 [entiéndase, artículo 198.2 de la LGSS 2015], permite que el pensionista de incapacidad permanente absoluta realice actividades lucrativas o no, compatibles con su estado y que no signifiquen un cambio en la capacidad de trabajo a efectos de revisión.
Lo que sigue son unas ideas muy breves y concisas sobre el modo en cómo se debe abordar la realización del trabajo fin de Máster, que no es otra cosa que un trabajo de investigación.
La cuestión jurídica planteada se centra en la determinación de la compatibilidad de la situación de incapacidad permanente absoluta, reconocida al trabajador y por la que percibe la correspondiente pensión, con la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial.
La actora tenía reconocida en vía judicial la situación de gran invalidez. Tras comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que iba a prestar servicios con la categoría profesional de trabajadora social y otros datos sobre lugar, jornada y retribución de la que iba a ser su actividad laboral, la entidad gestora inició expediente de revisión por mejoría.
La legislación española de Seguridad Social reconoce prestaciones económicas ante la actualización del riesgo de incapacidad permanente, que presupone una limitación parcial o total para trabajar, de ahí que, sobre todo, en el caso de reconocerse una pensión vitalicia, sustitutiva de las rentas del trabajo, se plantee la duda de si dicha prestación pública es o no compatible con el desarrollo de un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia.
El presente estudio aborda con profundidad la posibilidad de compatibilizar el percibo de una prestación del sistema de Seguridad Social con el ejercicio de una actividad profesional, por cuenta propia o ajena.
El trabajo del abogado ha sido tradicionalmente una tarea individual e independiente. Sin embargo, la complejidad de los casos que reciben los despachos ha marcado una tendencia a la interdisciplinariedad.
Este texto, con el que el que el profesor Aragón Reyes ha examinado el grave problema que nuestro ordenamiento tiene con la figura de los decretos leyes desde la aprobación de la Constitución, constituye un libro importante por varios motivos.
Gran parte de la literatura sobre la forma de salida del mercado de trabajo de las personas de más edad ha señalado que las pensiones por incapacidad han funcionado como una forma de jubilación anticipada.
A pesar de que hay varios estudios que señalan que los sistemas de protección social y de pensión podrían estar repercutiendo en el acceso al empleo de personas con discapacidad (Ararteko‐Datlan, 2003), la mayor parte de las teorías sobre la participación laboral de las personas con discapacidad se centran en la discriminación laboral como factor fundamental que explica las menores tasas de actividad.
La ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social es un paso más en la reforma del sistema de seguridad social adelantado ya en los años ́90 por el Banco Mundial y que responde, no a hechos constatados empíricamente, sino a una estrategia de ingeniería social con una base ideológica que va produciendo una desafección popular a estos sistemas de seguro público y una deslegitimación del Estado del Bienestar.
La Ley 27/2011 ha pretendido, como prácticamente todas sus predecesoras, efectuar algunos ajustes dirigidos en esta ocasión a incrementar la contributividad del sistema de Seguridad Social, actuando preferentemente sobre una contingencia como es la jubilación, que se erige en tanto que protagonista de la actuación legislativa.
En las páginas que siguen se analiza el régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones por incapacidad permanente (IP) con el trabajo remunerado y otras prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
SUPUESTO DE HECHO: El trabajador objeto del litigio fue declarado en situación de gran invalidez como consecuencia de un accidente grave con resultado de paraplejia a la edad de 21 años, momento en el que su actividad laboral era la de ayudante cocinero.
El objetivo de este Trabajo Fin de Máster es tratar de dar una respuesta jurídica segura al beneficiario de una prestación por incapacidad permanente que tenga voluntad de trabajar.
El presente Trabajo Fin de Grado analiza la evolución del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en los años 2016 y 2017 entre Cataluña y Comunitat Valenciana desde un punto de vista objetivo, incidiendo en los principios de justicia tributaria y observando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Constitucional.
