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Clasificación de los títulos-valores

Adoptando diversos criterios, los títulos valores se pueden clasificar en distintas categorías. De este modo, se pueden considerar:

a) Según la influencia que tenga el negocio jurídico causal sobre la obligación contenida en el título se puede distinguir entre títulos causales y títulos abstractos. Los títulos causales serían aquellos en los que el negocio causal influye sobre el funcionamiento de la obligación documental contenida en el título, de modo que se liga el documento al negocio anterior que le sirve de causa, haciendo que transciendan las vicisitudes de éste al título. En ellos, deudor podría oponer al tenedor del título las excepciones al pago que se derivan de la relación causal, es decir, aquellas que le vinculan con el acreedor de la relación subyacente en el documento. Por su parte, los títulos abstractos tratan de desconectar el documento del negocio causal. No obstante, no puede decirse que ningún título-valor sea completamente causal ni completamente abstracto, sino que será predominantemente de un tipo o de otro, en función de la protección que la normativa haya querido ofrecer al tenedor. Así, con la creación de los títulos-valores abstractos se trata de proteger al tenedor legítimo del documento de las posibles excepciones que el sujeto que resulta en el documento como deudor pueda oponer sobre la base de las relaciones jurídicas que le vinculaban con el acreedor inicial. Del mismo modo, un mismo título podrá ser en ciertas ocasiones causal o abstracto en función de la persona de su tenedor y de la participación de éste en la relación subyacente. En consecuencia, en el caso de un título que no haya circulado, el acreedor podrá dirigirse contra el deudor sobre la base de la relación documental o de la relación causal, pero en cualquier caso, las circunstancias personales que ligan a deudor y acreedor sobre la base de la relación causal se mantienen, pudiendo ser opuestas en la reclamación de la deuda.

b) Según el modo en que sean emitidos, los títulos-valores pueden ser singulares o emitidos en serie.

Así, los títulos singulares son aquellos que se emiten de forma separada y aislada como consecuencia de una relación subyacente con unos rasgos concretos, de modo tal que el contenido del título se adapta perfectamente a los requerimientos de la relación causal. Es el caso típico de los pagarés, los cheques y las letras de cambio, que representan el importe de la deuda contraída entre los sujetos de la relación causal. En cambio, los títulos en serie se emiten de forma conjunta, en masa o serie, teniendo un contenido uniforme dentro de cada emisión. Es el caso de las acciones y obligaciones de las sociedades, los títulos de deuda pública, las letras y pagarés del Tesoro, etc. En estos casos, cada serie puede estar compuesta por multiplicidad de títulos con un contenido exactamente igual ( ergo , fungibles). Dado el elevado número de ejemplares que puede alcanzar, cada serie, las tiradas de las mismas por lo que respecta a su creación, numeración y suscripción pueden resultar bastante complicadas y costosas, por lo que los valores que se solían representar a través de este tipo de títulos han pasado a representarse mediante anotaciones en cuenta. Históricamente en razón de este criterio clasificatorio distinguíamos, según la nomenclatura gala, entre efectos de comercio y valores mobiliarios. Los primeros eran los de emisión singular o aislada porque respondían a instrumentos de pago o crédito de operaciones comerciales singulares. Por tanto sus condiciones y circunstancias de ejercicio eran singulares y ajustadas a las del negocio del que traían causa. El concepto de valor mobiliario hoy tiene su trasunto en el ámbito de los mercados de valores en los llamados valores negociables. En efecto, junto a algunas categorías de contratos sobre tales valores negociables, el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores (RDL 4/2015, de 23 de octubre, art. 2.1) los define como aquellos «derechos de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que por su configuración jurídica propia y régimen de transmisión, sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero» y que son «emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, y agrupados en emisiones». Seguidamente la norma enuncia una lista no cerrada de títulos que en todo caso serán considerados como valores negociables. Tanto si atendemos a la relación 12ejemplificativa como a las características conceptuales de los valores negociables veremos que nos encontramos ante títulos valores.

c) En función del sujeto que los emite, distinguiremos entre títulos públicos y títulos privados . Como puede deducirse, los primeros serán emitidos por entidades públicas; mientras que los títulos privados son emitidos por particulares o entidades privadas. Se trata ésta de una distinción que en la actualidad ha perdido parte de su transcendencia. A ella se refería el ya derogado art. 61, números 1 y 2 CCom, y su finalidad era destacar las especiales características que revestían estos títulos cuando eran emitidos por un organismo público, los cuales además, en ciertos casos, se ven beneficiados de determinadas ventajas fiscales, así como exonerados de ciertos requisitos para su creación o circulación (arts. 103 a 105 de la Ley General Presupuestaria). Realmente el aspecto trascendente de esta división se refiere al riesgo asumido por quien concede el crédito. Por tal razón, y generalmente en el ámbito de los títulos emitidos en masa se distingue en títulos de riesgo soberano, cuasi soberano y riesgo privado. La primera categoría se asociaba a la idea de que los Estados no podían jamás ser insolventes (y a tal riesgo se asociaban también las grandes empresas públicas y algunas corporaciones). Pero esta taxonomía, más económica que jurídica, ha quedado muy recientemente obsoleta por cuanto la crisis de 2007 destruyó el mito de la solvencia de los Estados al tiempo que las políticas de reducción del déficit han acabado con la garantía subsidiaria de los Estados a las emisiones financieras de sus mayores empresas que emiten bajo su exclusivo riesgo.

Títulos-valores según el derecho incorporado

Por su parte, según el contenido del derecho que incorporan -derecho de crédito pecuniario, un conjunto dispar de derechos, derecho a un bien material- podemos distinguir entre tres categorías de títulos, los títulos de pago, los títulos de participación y los títulos de tradición.

A. Títulos de pago o crédito

En los títulos de pago o crédito , también llamados de suma, se incorpora el derecho a exigir una determinada cantidad de dinero del deudor en el momento, lugar y moneda que se expresan en el documento. Dado su contenido pecuniario, se trata de los títulos más antiguos y también de los más difundidos, de modo tal que se emplean como paradigma de los títulos-valores. Los ejemplos más destacados de títulos de pago son el pagaré, el cheque y la letra de cambio. Se trata de documentos en los que se puede apreciar nítidamente la nota de la literalidad, dada la simplicidad de la prestación que incorporan. En algunos casos, el legítimo titular del derecho podrá ejercitar su contenido en cualquier momento desde la emisión (como es el caso de todas las clases de cheques y en los pagarés y letras de cambio a la vista), mientras que en otros supuestos se exige que medie un lapso de tiempo entre la emisión y el vencimiento (pagaré y letra de cambio no a la vista).

B. Títulos de participación

Los títulos de participación, por su parte, en lugar de incorporar el derecho concreto a una prestación (pecuniaria o no), incorporan un conjunto de derechos de diversa naturaleza, tengan contenido económico (derecho al dividendo, a la cuota de liquidación), de carácter político (derecho de voto, a la impugnación de acuerdos, a la designación separada de administradores), e incluso de carácter mixto (derecho de suscripción preferente). Como se deduce, los ejemplos más claros de este tipo de títulos son las acciones, incorporándose en los títulos de participación el derecho a participar en el funcionamiento de la sociedad que las emitió; si bien, como se hace patente, gran parte de las sociedades de capital han abandonado este sistema tradicional de representar las acciones mediante títulos, pasando al sistema de anotaciones en cuenta.

C. Los llamados títulos de tradición. Su régimen en el Derecho español

Los títulos de tradición o títulos representativos de mercancías son aquellos que incorporan el derecho a obtener la restitución de los bienes materiales -propiamente mercancías- en ellos indicados en el momento y lugar también determinados en el tenor del documento. Se trata de un tipo de título- valor cuya simple tenencia produce los efectos inherentes a la posesión de las cosas que representan, de modo tal que las transmisiones y la suerte que reciba el título desplegarán sus efectos sobre las mercancías indicadas (cambio de titularidad, constitución de derechos reales...). Algunos ejemplos tradicionales de este tipo de títulos son el conocimiento de embarque, el talón de ferrocarril o los resguardos de depósito en almacenes generales.

En estos títulos, la incorporación de los elementos representados al documento es tal que sobre las mercancías se producirán los efectos reales que se proyecten sobre el título. En los ordenamientos como el español que emplean un sistema de transmisión de la propiedad que requiere la combinación del título y el modo (ex art. 609 CC), la transmisión del documento sirve como entrega de la cosa - modo- en el título representada. De esta forma, la titularidad del documento equivaldrá a la posesión de las mercancías, por lo que el propietario del título podrá disponer de éstas con la simple transmisión del título (lógicamente, cumpliendo para ello los requisitos formalmente exigidos para la transmisión según el tipo de documento). Los mismos efectos se producirán con los demás derechos reales que se puedan constituir sobre las mercancías representadas. Así, la entrega del documento en prenda servirá para poseer al acreedor pignoraticio de las mercancías que en el título se representan, equivaliendo al desplazamiento de la posesión que requiere la prenda ordinaria.

En los títulos de tradición se puede distinguir de este modo entre una posesión mediata y una posesión inmediata de las mercancías representadas. Así, la posesión inmediata la tendrá el sujeto que materialmente tiene las mercancías u objetos (sea para su depósito, custodia, transporte...), y que a cambio de su tenencia, emite el título a través del cual se compromete a devolverlas al sujeto que aparezca legítimamente titular del documento en el momento y lugar determinados; por su parte, la posesión mediata corresponde a quien ostente legítimamente el título que representa las mercancías, y que será la persona que esté legitimada para exigir su restitución al emisor del título en las condiciones especificadas en el documento. A través de estos títulos se vincula la titularidad del documento con la posesión de los bienes, de modo tal que el que legítimamente detente el título se le presume poseedor de los bienes que en él se representan, pudiendo, en consecuencia, operar sobre los bienes representados mediante la utilización del título en el que se incorpora el derecho a la restitución.

Tradicionalmente, se ha considerado que integran esta categoría tres documentos bien conocidos en el tráfico: el resguardo expedido por los almacenes generales de depósito y entidades asimiladas, la carta de porte del transportista por vía terrestre y el conocimiento de embarque expedido por el transportista marítimo o aéreo (aunque, como es sabido, en la navegación aérea suele también hablarse de carta de porte). Además, con la adhesión de España al Protocolo adicional al Convenio CMR de Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, se moderniza el documento de la carta de porte, reconociéndose la posibilidad de expedirla en formato electrónico, así también véase el art. 15 de la Ley sobre Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías; igualmente, como se ha considerado, las Reglas de Rotterdam contemplan la opción de expedir los documentos de transporte de forma electrónica para el transporte internacional total o parcialmente marítimo.

Como observa, la función económica que normalmente desempeñan estos títulos-valores es la de representar documentalmente unas mercancías que se encuentran fuera de la posesión inmediata de su titular, al encontrarse en situaciones de depósito o de transporte. Como elementos integrantes de los contratos de depósito y transporte, su estudio pormenorizado ha de quedar aplazado a las lecciones correspondientes. No obstante, merecen ahora ser destacadas algunas notas de estos documentos de tradición en tanto que títulos-valores. Por lo que respecta a los resguardos de las compañías de almacenes generales de depósito, según el art. 195 CCom, « el poseedor de los resguardos tendrá pleno dominio sobre los efectos depositados en los almacenes de la compañía, y estará exento de responsabilidad por las reclamaciones que se dirijan contra el depositante, los endosantes o poseedores anteriores, salvo si procedieren del transporte, almacenaje y conservación de las mercancías », de este modo, lleva a cabo el CCom su peculiar reconocimiento como títulos auténticamente representativos de las mercancías. Esta normativa se integra con la regulación de la circulación y la constitución de garantías sobre los derechos que se contiene en los arts. 194 y 196. El régimen se completa con la disciplina de la prenda agrícola (RD-l de 22 de septiembre de 1917, aún en vigor), cuyo art. 16 considera que la prenda o cesión de los resguardos emitidos puedan servir para su transmisión o la constitución del derecho real.

Más diluida se presenta, en cambio, la configuración del conocimiento de embarque o de la carta de porte como títulos de tradición. El tratamiento recibido por la jurisprudencia es dispar. Así, se puede señalar la sentencia del TS de 26 de abril de 1995, que califica el conocimiento de embarque como «título de crédito y también como título de tradición». En cambio, la sentencia del TS de 29 de noviembre de 2002, indica que el conocimiento de embarque no atribuye por sí mismo la propiedad de lo transportado al cargador, incorporando simplemente el derecho de crédito a la retirada de las mercancías en su destino, operando en el tráfico como título de tradición.

Un ejemplo más de su carácter de títulos de tradición es el contenido del art. 276 CCom, donde al regularse el privilegio del comisionista establece en su último párrafo que para que el comisionista pueda ejercitar su derecho de preferencia sobre las mercancías es necesario que los efectos estén en poder del comisionista o bien «que se haya verificado la expedición consignándola a su nombre, habiendo recibido el conocimiento, talón o carta de transporte firmada por el encargado de verificarlo». En este inciso se aprecia una equiparación total entre la posesión de las mercancías y la del título de tradición (carta de porte o conocimiento de embarque).

Sin embargo la actual Ley del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías, que dedica los arts. 10 a 16 a la regulación de la carta de porte, ha terminado con la consideración de la misma como título valor de tradición. Dicha norma, además de regular el contenido mínimo de la carta de porte (art. 10) nos indica que ésta no es necesaria (art. 10.1) por lo que puede haber un contrato de transporte sin que se llegue a emitir (ese dato por sí mismo no nos dice más que el contrato de transporte no es formal). Cuando cualquiera de las partes así lo exija se emitirá la carta de porte. Se hará en triplicado ejemplar: un ejemplar para el cargador, un segundo que viajará con las mercaderías y el tercero que quedará en poder del porteador (art. 11.3). Si nos encontrásemos ante un título-valor de tradición, la transmisión de la carta de porte conllevaría la transmisión de las mercaderías transportadas, y su posesión sería inexcusable para exigir la entrega de las mismas. Bajo el imperio de la Ley sobre el Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías (art. 12) el destinatario no tendrá que exhibir ni poseer ejemplar alguno de dicha carta, pudiendo exigir, eso sí, el destinatario que el porteador le entregue el segundo ejemplar, y éste último, que el destinatario le firme el recibí en el tercer ejemplar (o documento separado).

El texto de la Ley de Navegación Marítima diluye aún más la diferencia entre títulos de tradición y títulos de crédito, al determinar que la circulación por endoso del conocimiento de embarque se regirá por las normas aplicables a los títulos cambiarios, en la medida que sea compatible con la naturaleza del conocimiento.

Clasificación de los títulos-valores por el modo de designación del titular

En función del modo en que se designe al titular del derecho y, en consecuencia, de las reglas a las que se someta su transmisión, los títulos-valores podrán ser nominativos, al portador o a la orden.

A. Los títulos nominativos

Los títulos nominativos o títulos directos son aquellos en que se designa expresamente a una persona determinada como titular del derecho, la cual será en principio, la única legitimada para exigir el cumplimiento de la obligación que incorporan. Se trata del primer tipo de título-valor que surge históricamente ya que solo con posterioridad se generan las otras clases de títulos por medio de la incorporación al documento de las cláusulas «al portador» y «a la orden».

En los títulos nominativos, además de exigirse la posesión del documento para poder ejercer el derecho que incorporan -como en todo título-valor-, es necesario que la identidad del tenedor que pretende ejercitar el derecho coincida con la de la persona designada directamente en el documento, debiendo acreditar que se trata de dicha persona o que actúa en nombre de ésta. Cuando los títulos nominativos estén emitidos en serie (acciones u obligaciones de sociedades, cédulas hipotecarias, etc.), la existencia de un libro-registro de sus titulares en poder del emitente exige que sea necesaria la inscripción previa del titular del documento en el libro antes de que pueda ejercitar sus derechos. De este modo, sólo estarán legitimados para ejercitar los derechos aquellos que aparezcan inscritos en el libro-registro, teniéndose que hacer constar en él las transferencias sucesivas del título (así lo exige, por ej., el art. 116 LSC por lo que respecta a la transmisión de las acciones y participaciones de las sociedades de capital).

Los títulos nominativos son los que presentan una mayor complejidad para su cesión y transmisión.

Así, junto a la entrega del título y la designación en el mismo del cesionario, es necesario, además, la notificación de la cesión al deudor o a la entidad emisora si no se trata de títulos de pago. A falta de normas específicas para el tipo de título en particular resulta de aplicación el art. 347 CCom, el cual requiere la puesta en conocimiento de la transmisión al deudor para «los créditos mercantiles no endosables ni al portador»; a partir de tal comunicación, el deudor sólo realizará un pago legítimo -por tanto, liberatorio- cuando lo haga a este cesionario que le ha sido notificado, sin que se pueda reputar tal el pago a cualquier otra persona. Como se aprecia, para que se pueda operar la transmisión de los títulos nominativos es necesario comunicar previamente la transmisión al deudor, lo cual servirá, además, en los títulos emitidos en serie para que se practique la correspondiente y necesaria modificación de datos en el libro-registro.

Pese a este requisito de la comunicación, la jurisprudencia y la legislación más reciente en la materia, han ido admitiendo progresivamente la transmisibilidad por endoso de los títulos nominativos. Así, para los documentos cambiarios, el art. 14 LCCh permite que las letras y pagarés a favor de persona determina puedan ser transmitidas por endoso, salvo prohibición expresa mediante la introducción de la cláusula «no a la orden»; en similar sentido, el art. 120 LCCh para los cheques. Por su parte, por lo que se refiere a las acciones de las sociedades anónimas, el art. 120 LSC permite que las acciones nominativas puedan ser transmitidas mediante endoso. En ambos casos se puede entender que la mera exhibición del título conteniendo la cláusula del endoso implica una notificación efectiva al deudor del cambio de titularidad.

Cuando se pretenda la constitución de derechos reales sobre el título (prenda o usufructo) y no ya su transmisión, serán igualmente necesarias la entrega del documento y la notificación al deudor o a la entidad emisora de tal transmisión. En este sentido se pronuncia para la constitución de derechos reales sobre las acciones el art. 116 LSC.

B. Títulos al portador. Concepto, clases y régimen jurídico

A diferencia de los títulos nominativos, los títulos al portador no designan a ninguna persona como titular del derecho que contienen, de modo que el portador del documento estará legitimado para ejercitar el derecho que se documenta. Ello se produce mediante la inserción en el título de una cláusula «al portador» por la que se expresa este carácter; cláusula que, además, no es siempre necesaria, pues en aquellos casos en que la ley no exija imperativamente que el documento se deba emitir con carácter nominativo o a la orden, se presume su carácter al portador cuando en el título no se indique de modo expreso la persona de su titular. La plena incorporación del derecho al documento y la supresión de formalidades en su transmisión fomentaron la difusión de este tipo de títulos, pues son especialmente aptos para la movilización del crédito y el ahorro, permitiendo el desarrollo comercial de las empresas y, al mismo tiempo, el empleo del crédito por parte del propio Estado.

La disciplina de estos títulos contenida en el CCom (arts. 544 y ss.) es limitada e incompleta, centrándose su estudio en los supuestos de amortización en caso de robo, hurto o extravío, así como en el procedimiento para la obtención de un duplicado. Estos títulos pueden incorporar cualquier tipo de derecho patrimonial que se pueda materializar en un título-valor, por tanto, podrán emitirse al portador tanto los títulos de pago, como los de participación o los de tradición. A excepción de la letra de cambio, el pagaré, la carta-orden de crédito y las acciones de ciertas sociedades, los demás títulos de crédito pueden ser emitidos al portador.

Los títulos al portador legitiman al poseedor del título al ejercicio del derecho que incorporan por el simple hecho de tener el documento conforme a Derecho. De este modo, el acreedor deberá realizar la prestación incorporada al título a favor de aquel sujeto que presente el documento, sin poder exigir prueba de su titularidad regular. Al mismo tiempo, quedará liberado si cumple de buena fe -es decir, ignorando la ilegitimidad de la posesión- frente al que le presente el documento, con independencia de la regularidad real o no de la posesión. Similar conclusión ha de mantenerse en el caso del pago a un tenedor incapaz: en este supuesto, el deudor de la prestación cumple legítimamente realizando el contenido de ésta a favor de quien presente el documento, sin estar obligado a comprobar las circunstancias personales del mismo, siempre que obre de buena fe.

Tanto el CCom (art. 544) como la LEC (art. 517) reconocen fuerza ejecutiva tanto a los títulos al portador que representen obligaciones de pago (en dinero o especie) como a los cupones que los representen -en el caso que éstos existan-. De este modo, la normativa procesal reconoce que la acción ejecutiva deberá fundarse en un título que tenga aparejada ejecución, incluyendo entre tales los títulos al portador « que representen obligaciones vencidas y a los cupones también vencidos de dichos títulos» (art. 517.6 LEC).

Los títulos al portador serán transmisibles por la tradición del documento (art. 545 CCom), al igual que ocurre con las cosas muebles, por lo que su régimen de circulación es el más sencillo dentro de los títulos-valores. Esta simplificación se construye sobre la base constatada por la jurisprudencia de que la tradición implica una presunción iuris tantum de que el tenedor del efecto es legítimo poseedor del mismo (SSTS de 11 de octubre de 1975 y de 17 de noviembre de 2008). Sin embargo, la facilidad de su transmisión no debe romper la regla general de la transmisión de la propiedad en el derecho español.

Así, el sistema español requiere la concurrencia de un título y un modo para que se pueda adquirir la propiedad, por lo que la entrega del documento deberá suceder a un acto o contrato traslativo del dominio. Esta tradición, igualmente, podrá hacerse con fines traslativos o, simplemente, con fines limitados a la creación de un derecho real, una garantía o un contrato de custodia sobre el mismo (usufructo, uso, prenda, depósito...).

En un intento de dotar el sistema de algo más de seguridad en la transmisión del título, el art. 546 CCom reconoce que «el tenedor de un efecto al portador tendrá derecho a confrontarlo con sus matrices siempre que lo crea conveniente», de modo que disponga de algún medio para verificar la autenticidad del documento.

Finalmente, el art. 545 CCom hace referencia a la irreivindicabilidad del título adquirido por un tercero de buena fe, de modo que se hace inatacable su posición de frente al propietario ilegítimamente desposeído (STS Sala 1 a de 21 de febrero de 1986). Para evitar estos efectos, el propietario de títulos al portador robados o extraviados podrá promover los procedimientos contenidos en los arts. 547 a 566 para impedir que el detentador pueda negociar el título con intervención notarial, lo que lo haría irreivindicable; así como para evitar que se paguen a tercera persona los dividendos, los intereses o el capital del título, y para conseguir la expedición de un duplicado.

C. Títulos a la orden

A medio camino entre los títulos nominativos y los títulos al portador se encuentran los títulos a la orden. Se asemejan a los títulos nominativos en tanto que en ellos aparece indicado el sujeto titular del derecho; pero, en cambio, la obligación documental se deberá cumplir a la orden del primer tomador del documento o, en caso de posteriores transmisiones del título, a la orden de quien se designe como último adquirente y tenedor legítimo. Se trata, por tanto de títulos que están destinados a circular en el tráfico mercantil.

Con la incorporación de la cláusula «a la orden» se refleja que se trata de títulos que están destinados a salir del ámbito de poder del primer tomador para circular en el tráfico hacia otra persona que exigirá el pago. Al circular el título, cada nuevo adquirente puede disponer a su vez del mismo, indicando que se pague a la orden de otro. Se sucederán así una serie de endosos (transmisiones) del documento, estando legitimado el último adquirente o tenedor legítimo para el ejercicio del derecho autónomo que incorpora el documento. El caso paradigmático sobre el que se construye la teoría general del título a la orden es el de la letra de cambio; si bien, otros títulos como el cheque, el pagaré, el conocimiento de embarque, el resguardo de depósito, etc., pueden ser igualmente emitidos a la orden.