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El título-valor como instrumento de materialización de derechos

En el lenguaje jurídico, bajo el concepto genérico de títulos-valores se engloba un conjunto de documentos caracterizados por llevar incorporada la obligación de realizar una prestación concreta a favor de la persona que resulte legítimamente tenedora de los mismos, que tendrá, en consecuencia, derecho a exigir su cumplimiento sobre la base de esta tenencia del documento. Cumplen, de este modo, la función de ser un título de legitimación propio. El concepto de título-valor tiene carácter genérico, incluyéndose dentro del mismo documentos de contenido, apariencia y caracteres diversos.

Sin embargo, en todos ellos se mantienen las notas comunes de la incorporación de un derecho al documento y de la facilidad de transmisión de dicho documento y, por tanto, del derecho que incorpora, mutándose con ello la posición del sujeto acreedor de la prestación representada. Los títulos-valores cumplen así la función de servir como instrumentos del tráfico mercantil, permitiendo y facilitando la transmisión de los bienes y derechos que incorporan. En tal sentido, los títulos-valores permiten una más ágil circulación de estos en comparación con la que derivaría de la transmisión de los mismos a través de los cauces ordinarios (cesión de créditos, subrogación...), haciendo posible transmisiones más rápidas y seguras, al someter la circulación de los derechos a las reglas para la transmisión de las cosas muebles.

Siguiendo esta concepción amplia de los títulos-valores como títulos de legitimación, podemos diferenciarlos de los títulos de legitimación impropia o contraseñas, los cuales, en cambio, no incorporan por sí mismos al documento el derecho a una prestación, sino que sirven exclusivamente como medio probatorio de que se está legitimado para el ejercicio de un determinado derecho.

A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos (Italia, Suiza...), la legislación española no ofrece un concepto de título valor. De hecho, no emplea siquiera una terminología uniforme para hacer referencia a ellos, utilizándose términos dispares como documentos de crédito, títulos, títulos al portador, documentos mercantiles, valores, efectos públicos, efectos de comercio... Sólo las normas más modernas adoptan el concepto generalizado en la doctrina de títulos-valores. Frente a ello, en otros ordenamientos se encuentra generalizada la expresión de títulos de crédito ( titoli di crédito en el derecho italiano); mientras que el Derecho germánico emplea terminología similar a la española con el concepto de Wertpapiere .

En tanto que instrumentos de materialización de derechos, los títulos-valores desempeñan una función importante en el tráfico económico, habida cuenta de las ventajas que presentan respecto de las demás formas de transmisión de bienes y derechos.

a) Por lo que respecta a la posibilidad de emplear los títulos-valores como instrumentos para la transmisión de créditos, su uso presenta importantes ventajas frente a la cesión ordinaria. Y es que a través de los títulos-valores la transmisión deja de estar sometida a las normas reguladoras de la cesión de créditos (derechos que se incorporan al documento), para resultar de aplicación la ley de circulación de las cosas muebles (es decir, la ley de circulación del documento que incorpora el derecho). De este modo, a través de los títulos se consigue superar algunos de los inconvenientes que presenta el mecanismo de la cesión de créditos. En primer lugar, permiten eliminar los costes de transacción aparejados a la cesión, que requiere una cierta investigación previa de parte del cesionario sobre los caracteres del derecho que se adquiere, su existencia y alcance en el momento en que es cedido y la titularidad legítima del cedente. De este modo, la cesión de créditos se encuentra subordinada a las rigideces de las normas reguladoras de esta forma de transmisión y al principio de que nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, es decir, que ningún acreedor puede ceder a un tercero más derecho -ni en condiciones distintas- de aquél que ostenta. El cesionario adquiere el crédito de forma derivativa y, en consecuencia, sometido a las excepciones que el deudor pudiera oponer al cedente. Ante la eventual interposición de tales excepciones, el cesionario tendrá que dirigirse posteriormente contra el cedente pues éste respondería «de la legitimidad del crédito y de la personalidad con que hizo la cesión» (veritas nomini del art. 348 CCom). Del mismo modo, toda cesión de créditos debe ser notificada adecuadamente al deudor (arts. 1527 CC y 347 CCom).

Mediante el empleo de los títulos-valores se consigue superar estos inconvenientes, pues su uso produce la incorporación del derecho al documento, perfilándose en éste el alcance y caracteres del crédito. El deudor no podrá negarse al pago en las condiciones determinadas al sujeto que aparezca como legítimo tenedor del título, no pudiendo por tanto oponer excepciones o circunstancias que no consten en el documento. Al mismo tiempo, se facilita la circulación del crédito, que viene aparejada a la correcta transmisión del documento en el que éste se encuentra reflejado. Al estar perfectamente definidos los caracteres y contenido de éste y al impedirse al deudor oponer excepciones que no se reflejen en el título, la circulación del crédito corre la misma suerte que el documento en el que se representa: si el documento se transmite de forma adecuada, se habrá transmitido igualmente el derecho que incorpora.

b) Los títulos-valores presentan igualmente ventajas por lo que afecta a la transmisión de cosas materiales, al permitir la representación de las mismas a través de su reflejo en el documento. A raíz de tal representación los bienes representados pasan a correr la misma suerte en el tráfico jurídico que la que corra el título que los simboliza. Así, en el título se incorpora el derecho a obtener las cosas materiales que en él se representan, pudiéndose, del mismo modo, disponer de tales bienes a través de la transmisión del documento, permitiendo el tráfico de las mercancías sin necesidad de su desplazamiento material. Las cosas representadas pueden cambiar de amo sin cambiar de mano.

Lógicamente, las mayores potencialidades de esta forma de transmisión a través de la entrega del documento se manifestarán respecto a bienes que se encuentran en lugares lejanos o que están siendo transportados a otro lugar.

c) Al representarse los bienes o derechos a través de un documento, el título-valor puede ser utilizado para obtener crédito, a través de su prenda o cesión en garantía. El acreedor pignoraticio o el cesionario verán aumentada la garantía del cobro de su crédito a través de la solvencia patrimonial que representa la legítima tenencia del documento que, en suma, comporta la expectativa de poder ejecutarlos a su vencimiento. De este modo, en caso de que el deudor no satisfaga la deuda garantizada a través de los títulos, el acreedor que los recibe en prenda o garantía, podrá realizarlos logrando la satisfacción de su crédito.

d) Finalmente, los títulos-valores facilitan la liquidez del acreedor, permitiendo que éstos concedan mayores aplazamientos a sus deudores en el pago de sus obligaciones si sus necesidades así lo requieren. La posibilidad de transmitir el crédito o el derecho a través de la transmisión del título, implicará que el acreedor que se vea necesitado a cobrar el crédito que en el documento se representa, pueda a su vez, transmitir éste a sus propios acreedores, gracias a la facilidad de transmisión que caracteriza a los títulos-valores. Obviamente, para que ello sea viable, es necesario que desde el ordenamiento jurídico se otorgue una protección sustantiva y procesal adecuada de modo que se faciliten la exigibilidad y ejecución del derecho que se incorpora al documento, limitándose las posibilidades de oposición del deudor.

Estas ventajas que presentan los títulos-valores han fomentado la «titulización» de bienes y derechos, pues permiten y facilitan la circulación y transmisión de cuanto resulta incorporado al documento.

Perspectivas de futuro

Como instrumentos del tráfico jurídico, los títulos-valores se ven igualmente afectados por las tendencias que influyen sobre las relaciones jurídicas que representan, debiendo adaptarse a las necesidades y requerimientos del tráfico económico. Factores como el progreso tecnológico, la prevalencia de la riqueza mobiliaria sobre la inmobiliaria o la internacionalización de las relaciones comerciales y financieras requieren una cierta adaptación de los títulos-valores a nuevas necesidades.

La evolución actual de los títulos-valores presenta la nota común de su progresiva desmaterialización, sin embargo, hemos de diferenciar dos corrientes en función del tipo de título al que nos refiramos.

Así, por lo que respecta a los llamados títulos en serie o valores mobiliarios agrupados en emisiones (como es el caso de las acciones y las obligaciones de las sociedades, o los bonos y letras del tesoro) la tendencia ha sido al abandono de su representación por medio de títulos para su sustitución a través de registros contables. Se trata de valores emitidos en masa, de modo que todos ellos presentan unos caracteres de uniformidad e identidad que los hacen fungibles, al incorporar exactamente los mismos derechos todos los elementos de estas series. En estos casos, la emisión de títulos en masa para cada uno de los elementos de cada serie comportaba unos costes de creación, custodia y manipulación, que pasaron a ser sustituidos haciéndose uso de registros contables de su titularidad, actualmente articulados por medio de sistemas informáticos. La perfección técnica de estos registros contables informáticos ha facilitado la celeridad y la seguridad en la transmisión de las titularidades jurídicas de los bienes y derechos representados en los títulos ahora tabulados. Con ello se va generalizando la sustitución de la representación de los derechos a través de los títulos para su consignación por medio de un registro contable informatizado en el que se van haciendo constar las vicisitudes que afectan a la titularidad de los mismos: pertenencia y transmisión, extinción y la eventual constitución de derechos reales o de trabas sobre éstos. El ejercicio de los derechos representados en estos registros deja así de estar conectado a la legítima posesión de un documento para referirse a la vigencia del asiento registral, así como a la identificación del sujeto que según el registro resulte en la actualidad titular legítimo de los derechos inscritos. Esta tendencia, no obstante, no implica una vuelta a la aplicación de la ley propia de la cesión de créditos, sino la sustitución de la ley que rige la transmisión del documento por el régimen propio de la inscripción, disfrutando, además de la seguridad del registro.

En cambio, esta tendencia no ha sido la seguida por los efectos de comercio (letras, pagarés, cheques), en tanto que conforman documentos que se refieren a operaciones concretas y que no son emitidos en serie, lo que impide su tratamiento electrónico uniforme. Ello no obstante, también han experimentado éstos una cierta tendencia hacia su desmaterialización. Aunque la normativa se haya mantenido hasta ahora ajena al hecho, se ha planteado ante la jurisprudencia la posibilidad de utilización de ciertos títulos-valores electrónicos (como el caso del pagaré electrónico que, sin embargo, aún no ha sido admitido por la jurisprudencia). Por su parte, otros títulos electrónicos han recibido ya reconocimiento legislativo, como la carta de porte electrónica (Protocolo CMR de 20 de febrero de 2008; art. 15 Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del Contrato de Transporte Terrestre de Mercancías). Al tiempo, se están articulando nuevos medios para la circulación de efectivos, caracterizados, igualmente, por su desmaterialización y su representación mediante registros, como son los servicios de pago o el dinero electrónico.

Como posible apreciación de futuro hay que señalar que la Propuesta de Código Mercantil entregada por la Sección de Derecho Mercantil de la Comisión General de Codificación al Ministerio de Justicia el 20 de junio de 2013, sí contiene una previsión expresa a la forma electrónica en su tratamiento general de los títulos valores. En efecto, el propuesto art. 610-1.2 establece de forma literal que «Los títulos valores se podrán librar o emitir en papel o en soporte electrónico. El libramiento o la emisión en soporte electrónico solo podrán realizarse en los casos en que la ley lo autorice expresamente». Como se observa, la cuestión queda emplazada al tratamiento pormenorizado que la 3legislación realice de cada título valor. Concretamente por lo que respecta a los títulos de crédito, el art. 631-6 lleva a cabo una regulación algo más detallada, reiterando que podrán documentarse en soporte papel o en soporte electrónico y remitiendo a un posterior desarrollo reglamentario la determinación de los requisitos que han de reunir los títulos de crédito documentados en soporte electrónico, a fin de garantizar la seguridad del soporte así como la autenticidad, la integridad y la intangibilidad del contenido, el modo de transmisión y de legitimación del titular y la pérdida de validez o de eficacia.

Formación progresiva del concepto de título-valor

Aunque, como veremos, el empleo de los primeros títulos se remonta a las relaciones económicas entre los mercaderes del Medievo -si bien en su configuración confluyeron aportaciones árabes, hebreas, chinas y europeas-, la formación del concepto de título-valor como noción unitaria aglutinante de diversas clases de documentos con contenidos distintos no se produce en la doctrina hasta la segunda mitad del siglo XIX, gracias fundamentalmente a la aportación de los juristas alemanes e italianos. Pese a tratarse de instrumentos dispares, todos ellos cumplen una función común de facilitar la circulación de derechos y agilizar su ejercicio, de donde se ha podido extraer una serie de elementos comunes, lo que permitió construir una teoría jurídica unitaria, que contiene los principios generales que comparten todos los títulos.

El primer paso en la construcción unitaria del concepto de título-valor fue la consideración de la incorporación del derecho al título como nota esencial que define al género y a las especies que lo forman. Con el término incorporación se hace referencia a que simbólicamente un derecho, como entidad abstracta, pasa a estar materializado a través del documento que lo representa; pasando, en consecuencia, a ligar su suerte a la de aquél. De este modo, la transmisión del documento implicará la transmisión del derecho, siendo necesario -a la inversa- la entrega del documento para exigir el derecho que éste incorpora. No obstante, hay que tener en cuenta que esta incorporación no es de todo punto absoluta, ya que si se llevase a sus últimas consecuencias esta concepción, la sustracción o destrucción del título implicaría la pérdida del derecho que lleva aparejado; y ello no es así en los títulos-valores, a diferencia de lo que ocurre con el papel-moneda (billetes de banco, art. 566 CCom), cuya sustracción o destrucción sí implica la pérdida de su contenido. En cambio, la normativa reguladora de los títulos-valores establece un sistema de amortización (arts. 547 y ss. CCom), que permite rescatar al derecho de las consecuencias que implicaría la pérdida de control del título por parte de su titular, salvándose su pérdida mediante la incorporación del mismo a un nuevo título y la invalidación definitiva del anterior.

La siguiente nota percibida en la construcción del concepto de título-valor y que permite diferenciarlos de los demás documentos jurídicos (probatorios, constitutivos, dispositivos), es la necesidad de la posesión del documento para ejercitar el derecho incorporado. Esta noción, sin embargo, como se ha tenido ocasión de comentar, está siendo sustituida en la actualidad por el hecho de aparecer como titular del mismo en las anotaciones contables o en los registros informáticos correspondientes.

Directamente ligado con la posesión del documento, se construye el concepto central de los títulos valores de la legitimación, que toma como base la necesidad de poseer el documento y exhibirlo para poder ejercitar el derecho que incorpora. La legitimación puede ser entendida en un doble sentido: por un lado, que el deudor no estará obligado a cumplir el contenido de la prestación sin la exhibición del documento y que, en el caso de que lo hiciere, no estaría cumpliendo con eficacia liberatoria, pudiéndosele exigir el cumplimiento de su contenido posteriormente mediante la entrega del documento (segundo requerimiento que sí resultaría legitimado y tendría eficacia extintiva); por otro lado, en sentido inverso, el deudor cumple -y cumple bien- realizando la prestación a favor de quien 4resulte legítimo tenedor del título-valor, siempre que, de conformidad con el documento que exhibe, resulte facultado para recibir la prestación.

De esta regla de funcionamiento se deriva la nota de la autonomía que caracteriza la circulación de los títulos-valores. De la imposibilidad de que el deudor pueda oponer al legítimo tenedor del título-valor las excepciones que tenía frente al acreedor originario se deriva una ruptura del principio general de que «nadie puede transferir más derecho que el que ostente», al que ya hemos hecho alusión y que caracteriza la cesión de créditos. Al quebrarse este principio, aun cuando la transmisión de los títulos se realice con carácter derivativo, cada nuevo dueño no soporta las eventuales limitaciones del anterior titular, salvo si están reflejadas en el documento. Así, la posición jurídica de cada uno de los sucesivos adquirentes del título presentará caracteres similares a la de la adquisición a título originario.

Finalmente, esta autonomía de la transmisión permitió a la doctrina elaborar la nota de la literalidad del derecho incorporado al título. Dado que el ejercicio del derecho contenido en el título-valor se desenvuelve con independencia de las relaciones entre el deudor y el acreedor originarios, en el documento se ha de explicar el contenido concreto en que consiste el derecho por lo que respecta a su naturaleza, contenido, cuantía, vencimiento, lugar de pago, persona de la que se puede exigir, etc.

En último término, la doctrina italiana generalizó que se empleara igualmente la noción de título-valor para designar a los títulos nominativos (inicialmente privados de tal consideración, y que se sumaban así a los títulos al portador y los títulos a la orden), al presentar éstos los caracteres esenciales de todo título.

Definición del título-valor

Sobre la base de lo expuesto, se puede definir el título-valor como el documento necesario para el ejercicio del derecho literal y autónomo incorporado en él. De esta definición se pueden extraer las notas que caracterizan a todo título-valor y que reflejan los caracteres conceptuales con que unitariamente se pueden considerar todos ellos.

a) En primer lugar se considera que se trata de un documento necesario, pues su exhibición resulta imprescindible para el ejercicio y la transmisión del derecho que incorpora. Este carácter de necesidad es una derivación directa de la incorporación del derecho al título, de modo tal que el deudor sólo verá satisfecha su obligación cuando realice la prestación a favor del sujeto que resulte legítimamente tenedor del documento, único legitimado para exigir y transmitir el título-valor. En cambio, el deudor deberá negar el pago a cualquier otro sujeto que exija el contenido de la prestación, aunque trate de demostrar por otros cauces jurídicamente eficaces su titularidad, en atención a la eventualidad de que posteriormente se presente un sujeto realmente legitimado que reclame la prestación exhibiendo el documento. Es por ello que, cuando salga de su ámbito de control el título- valor, el titular del documento que se ha visto desposeído por sustracción o extravío, tendrá que instar previamente y a su cargo la amortización del título ordinario si quiere ejercitar el derecho. Esta amortización implica la «desincorporación» del derecho al título, que recupera su entidad como derecho, y que se podrá incorporar a un nuevo título-valor (duplicado), quedando sin validez el antiguo documento en el que se representaba, de forma que cualquiera que sea su destino actual su eficacia no es más que la de un puro papel privado de valor obligatorio (es decir, amortizado).

b) El segundo de los caracteres que presentan los títulos-valor es la legitimación para el ejercicio del derecho que llevan incorporado. Así, a diferencia de lo que ocurre con la transmisión ordinaria de créditos a través de la cesión, que requiere la comunicación al deudor, en los títulos-valores la mera posesión del título es suficiente para legitimar a su tenedor para el ejercicio del derecho que incorporan -en los títulos al portador-, o bien, requiriéndose algunos requisitos complementarios que 5se unan a la posesión -cláusula de endoso en los títulos a la orden, o notificación al deudor en los títulos nominativos-. De este modo, los títulos-valor presentan la ventaja de que su mera posesión (o, en su caso, posesión cualificada) genera la apariencia de titularidad del derecho, liberándose a su poseedor de la carga de tener que demostrar la titularidad del derecho, favoreciéndose con ello la circulación de los derechos que incorporan. Igualmente, se libera al deudor de la carga de tener que comprobar la legitimidad del sujeto que exige el cumplimiento de la obligación, pudiendo confiar en la simple apariencia de la titularidad del documento que exhibe, para llevar a cabo un cumplimiento liberatorio de su obligación. En consecuencia, se puede afirmar que la posesión es legitimadora tanto en su aspecto activo -legitimando al acreedor que posee el título para exigir el pago-, como en su aspecto pasivo -en beneficio del deudor, que quedará liberado de la obligación si paga al sujeto que aparece como titular del documento-.

Sin embargo, si se lleva esta legitimación a través de la posesión a sus últimas consecuencias se podría dar lugar a situaciones antijurídicas en las cuales el derecho resulte adquirido por un sujeto que, pese a ser titular aparente del título-valor, no es titular verdadero del mismo y, por tanto, no estaría legitimado para su adquisición. El funcionamiento de los títulos-valores no desconoce el principio consagrado en el art. 1164 CC, según el cual sólo libera el pago hecho de buena fe.

Como derivación de tal principio, sólo el poseedor legítimo del título tendrá derecho a la prestación que éste incorpora y, por tanto, sólo cuando sea legítimo tenedor del documento podrá ejercitar o transmitir el derecho contenido en el título. Del mismo modo, si el deudor conoce que el sujeto que posee el documento no ostenta su titularidad legítima, no quedará liberado de su obligación si da cumplimiento a la obligación que éste le exija, por lo que deberá rehusar el pago. A su vez, el ordenamiento jurídico no protege la adquisición del derecho por un tercero a sabiendas de que su transmitente no es su verdadero dueño, pues al tratarse de un sujeto que actúa de mala fe, no podrá invocar en su beneficio los efectos legitimadores de la apariencia.

c) La literalidad de los títulos-valores hace referencia a que del tenor de su texto se obtiene información precisa sobre el contenido, extensión y modalidades del derecho que incorpora el documento. De este modo, se requiere como requisito esencial la redacción del contenido del derecho por escrito, así como la incorporación de la firma del sujeto que se responsabiliza del cumplimiento de la prestación que se incorpora al título. La nota de la literalidad permite objetivizar el contenido del derecho que se transmite a través del título-valor. Así, el legítimo titular del documento no podrá sufrir las consecuencias de las posibles excepciones que el deudor pudiera esgrimir contra el sujeto que le transmitió el título. La literalidad actúa así como complemento de la legitimación por la posesión en la definición de los elementos subjetivo y objetivo del derecho incorporado al título-valor.

Al mismo tiempo, permite aumentar la confianza del sujeto que recibe el título sobre la exactitud de su contenido, quedando el receptor del mismo liberado de la carga de tener que averiguar cuál era el verdadero alcance y contenido del derecho incorporado al título.

Esta literalidad, sin embargo, no es igual en todos los títulos-valores. En efecto, se puede distinguir dos tipos de títulos: de un lado se encuentran los llamados títulos perfectos, completos o de literalidad directa , como son el pagaré, el cheque o la letra de cambio, en los que la literalidad de la incorporación del derecho al título es absoluta; frente a ellos, los llamados títulos imperfectos, incompletos o de literalidad por remisión (como es el caso de las acciones de las sociedades anónimas) son aquellos en los que para conocer el contenido concreto de los derechos que se incorporan a los títulos no será suficiente ya con la literalidad del documento, teniendo que recurrir a elementos extraños al título (escritura y estatutos de la sociedad). En este último caso, como se observa, queda reducida la nota de la literalidad.

d) Como derivación de los caracteres anteriores, los títulos-valores se definen también por la nota de la autonomía, de modo tal que cada uno de los portadores del título transmite o ejercita un derecho propio, de carácter originario y no derivativo. Se trata, por tanto, de un derecho que se ejercita en 6nombre propio, con independencia del derecho de anteriores poseedores, y que, en consecuencia, no se ve afectado por las relaciones que hayan podido existir entre el deudor y los tenedores precedentes. Ello implica, igualmente, que a los legítimos tenedores del título no podrá oponer el deudor las excepciones personales que tuviera contra el resto de tenedores anteriores del documento.

Finalmente, resulta oportuno apuntar que aunque nuestra normativa vigente no contiene una definición legal de qué deba entenderse por títulos-valores, la Propuesta de Código Mercantil sí contiene tal concepto en su art. 610-1. De conformidad con la norma propuesta, «los títulos- valores son aquellos documentos necesarios para el ejercicio del derecho patrimonial en ellos representado, librados o emitidos para facilitar la circulación de ese derecho».

El título-valor y su causa

A través de los títulos-valores se produce la incorporación de un derecho a un documento, de modo tal que, el legítimo tenedor del documento pueda exigir el contenido de aquel. De ello se desprende la necesaria existencia de una relación jurídica previa, a la que se denomina relación causal , de la cual surge el derecho a la prestación que se incorpora en el título-valor. Esta relación causal podrá adoptar cualquier forma (contrato de compraventa, de servicios, obra o cualquier otro), siempre que de la misma se desprenda el derecho de un acreedor a exigir del deudor una prestación.

De este modo, en un primer momento, el acreedor podría exigir el cumplimiento de la prestación según las dos relaciones jurídicas que le unen ahora con el deudor, es decir, la causal y la cambiaria.

No obstante, como es obvio, no pueden coexistir dos créditos (el causal y el cambiario) cuando en realidad sólo ha nacido una obligación. La solución a esta duplicidad de relaciones sobre la misma obligación la ofrecen los apartados segundo y tercero del art. 1170 CC, que establecen que «La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros documentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado. Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso». De este precepto se deriva que en el momento en que el deudor suscribe el título-valor y lo entrega al acreedor, siendo aceptado por éste, la posibilidad de exigir la prestación sobre la base de la relación causal queda en suspenso, es decir, se aletarga o adormece la acción para reclamar el pago de la deuda primitiva, quedando en vigor solamente la posibilidad de exigir el cumplimiento del crédito incorporado al documento. Esta entrega del título como medio para satisfacer la relación causal subyacente, salvo pacto en contrario, produce efectos pro solvendo , de modo tal que sólo extingue la relación causal si llegan a buen fin o se perjudican mediando culpa del acreedor (SSTS de 1 de julio de 2002 y de 10 de marzo de 2005). Lógicamente ante este estado de suspensión de la relación causal, pueden derivarse dos situaciones posteriores. En primer lugar, si resulta satisfecho el crédito incorporado al título-valor, la relación cambiaria quedará extinguida y con ella se habrá dado cumplimiento también a la prestación debida por la relación causal, cuyo crédito quedará igualmente extinguido. En cambio, en el caso de que, sin mediar culpa del acreedor que ha desplegado la diligencia debida para su cobro, no haya sido posible cobrar el derecho incorporado al título valor, podrá renacer la acción correspondiente a la relación causal. Con este renacimiento de la acción causal, el acreedor podrá decidir entre optar por el ejercicio de la acción que se deriva de la relación originaria, o bien, requerir judicialmente el pago del título-valor, manteniéndose -en este segundo caso- en suspenso la acción surgida de la relación originaria.

Aspecto jurídico-real del título

La incorporación de derechos a los títulos-valores produce como efecto una cierta materialización de su contenido. De este modo, si antes de la emisión del título-valor lo que existía era un derecho, de carácter inmaterial e ideal por su propia naturaleza; la emisión de un título-real que lo represente produce una cierta cosificación del derecho. En el tráfico jurídico, el título funciona como cosa (res) que como tal puede emplearse en actos y negocios jurídicos, así como ser objeto de derechos reales, recibiendo el mismo tratamiento que el ordenamiento jurídico dispensa a las cosas materiales. De este modo, el título-valor como documento puede ser transmitido por los más diversos títulos (compraventa, permuta, donación, sucesión mortis causa ); puede ser depositado y transportado; puede ser objeto de derechos reales como el usufructo o la prenda; así como ser titularidad de una pluralidad de sujetos condóminos; igualmente, podrá ser objeto de embargo y de ejecución en procedimiento de apremio. Sin embargo, hay que advertir que todas estas relaciones de carácter real recaen de forma directa sobre el título como documento y sólo de forma refleja (en tanto que su transmisión material implica la legitimación de su nuevo tenedor) sobre el derecho incorporado.

Precisamente la incorporación del derecho a un elemento material, además de dar lugar a que le resulten de aplicación normas propias de los elementos reales, sometería a la entidad abstracta del derecho a la suerte del documento. De este modo, a diferencia del derecho, el título como documento puede ser objeto de extravío, sustracción o destrucción (pérdida, robo, incendio...). En este sentido, el ordenamiento jurídico dulcifica o relativiza la incorporación del derecho al documento y permite que aquél recobre su naturaleza abstracta como derecho, a través de su desincorporación al título perdido.

Este derecho desincorporado podrá ser posteriormente reincorporado a un nuevo título o duplicado del anterior, procediéndose a amortizar el documento previo, lo que supondrá que el mismo no tenga más valor que el de ser un simple papel que ya no representa el derecho que indica, esto es, que ha dejado de incorporarlo.

Este carácter jurídico-real de incorporación de un derecho (elemento inmaterial) a un soporte material (el título) es el motivo que, por el momento, lleva a la jurisprudencia a rechazar la posibilidad de los títulos-valor (al menos los cambiarios) en formato electrónico. Ello no obstante, la normativa internacional reciente sí contempla la posibilidad de emitir títulos de transporte de forma electrónica. Éste es el caso de la nueva regulación de los documentos electrónicos de transporte que se contienen en el Convenio de las Naciones Unidas sobre el contrato de transporte internacional de mercancías total o parcialmente marítimo (Reglas de Rotterdam) -pese a que aún no haya entrado en vigor-, cuyos arts. 8 a 10 consideran la posibilidad de que los documentos de transporte - representativos de las mercancías transportadas- puedan ser emitidos, empleados y transferidos de forma electrónica. La normativa, precisamente, exige para su transmisión por estos medios que se garantice la integridad del documento (en el sentido de que éste no reciba ni modificaciones en su literalidad ni duplicidades), que se permita al tenedor del mismo probar su condición de tal y, finalmente, que permita confirmar que la entrega se ha efectuado al tenedor del documento o que éste ha perdido toda validez o eficacia. En sentido similar encontramos el Protocolo Adicional al Convenio relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera, relativo a la carta de porte electrónica, hecho en Ginebra el 20 de febrero de 2008 (ratificado por España a través de instrumento de 29 de abril de 2011, BOE de 14 de junio de 2011). A nivel interno, esta posibilidad de documentar electrónicamente el contrato de transporte es admitida igualmente por el art. 15 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías; similar posibilidad se recoge en la Ley de Navegación Marítima para el transporte de mercancías por mar.

Títulos-valores impropios

En la construcción del concepto de título-valor se han subrayado una serie de notas o caracteres comunes que han de presentar los documentos para poder merecer tal consideración. Así, compartiendo las notas de incorporación del derecho, legitimación por la posesión, autonomía y literalidad, se pueden considerar distintos tipos de documentos que presentan una serie de caracteres propios y que vienen a desempeñar diversas funciones en el tráfico jurídico. Es por ello por lo que, a su vez, se deberá negar la consideración de títulos-valores a aquellos documentos que presentan una incorporación imperfecta del derecho al título; o que carecen de la nota de la literalidad; o bien, aquellas situaciones en las que el título no es completamente autónomo a las posiciones que ocupaban el deudor y acreedor originario, traspasándose a los nuevos titulares del documento los vicios o circunstancias personales de sus anteriores titulares. En todos estos casos no se podrá hacer extensiva la categoría de títulos-valores a dichos documentos, que deberán ser considerados como títulos impropios .

A. Títulos y contraseñas de legitimación

Dentro de esta categoría por exclusión de los títulos impropios hemos de señalar, en primer lugar, los llamados títulos de legitimación. Se trata de documentos que, a diferencia de los títulos-valores, simplemente cumplen la función de facilitar la prueba de la titularidad de un derecho, así como simplificar la posibilidad de su transmisión, sin necesidad de probar la titularidad originaria del mismo o su adquisición derivativa. Por tanto, se trataría simplemente de documentos que cumplen la función de permitir que el deudor cumpla su obligación satisfaciendo la prestación a favor de quien aparezca como tenedor legítimo del documento; facilitando al acreedor la reclamación de tal prestación, para la cual no tendrá que probar nada respecto a la relación causal, bastando con la exhibición del documento. Al mismo tiempo, estos títulos de legitimación facilitan la transmisión del derecho que contienen mediante la entrega del documento a su nuevo tenedor, que estará legitimado para reclamar la prestación sin necesidad de notificar tal vicisitud al deudor y sin tener que probar la titularidad actual del derecho. Se trata de documentos que, salvo declaración expresa de su carácter no cedible, podrán circular bajo la forma y con los efectos propios de la cesión. Algunos ejemplos de este tipo de títulos de legitimación son los billetes de pasaje nominativos (ferrocarril, ferry...), los billetes de entrada a espectáculos, los billetes de lotería, las papeletas de empeño al portador...

Careciendo aún más del carácter de títulos-valores y estando prácticamente privados de la nota de la literalidad se encuentran las contraseñas de legitimación . En este caso estaríamos ante una simple referencia -documental o indicada sobre otro soporte material- que cumplen la función de liberar al deudor cumpliendo una prestación conocida frente al tenedor de la contraseña. Es el caso, por ejemplo, de las fichas de guardarropa o los resguardos de los objetos entregados para su reparación o consigna.

B. Cartas de patrocinio

Carecen igualmente de los caracteres de los títulos-valores y, por tanto, merecen ser consideradas como títulos impropios las llamadas cartas-órdenes de crédito, reguladas en los arts. 567 a 572 CCom, que las conceptúa como aquellas expedidas de comerciante a comerciante o para atender a una operación mercantil. Se trata de títulos nominativos indicativos de una cuantía fija, que funcionan como un documento (carta) a través del cual el emitente (llamado dador) invita a otra persona a que pague a un tercero directamente designado en el título (portador de la carta). Pese a haber caído en desuso en el tráfico económico actual, constituyen el germen no remoto de otros instrumentos más difundidos, como son la carta de patrocinio y la tarjeta de crédito.

Al igual que ocurre con la carta-orden de crédito, la carta de patrocinio contiene una invitación al destinatario para que conceda algún tipo de crédito al beneficiario (patrocinado). Estos títulos impropios -también llamados confort letters, cartas de conformidad, de responsabilidad o de garantía - se construyen sobre la base de una relación empresarial o relación de patrocinio preexistente entre el remitente (patrocinador) y el beneficiario (patrocinado), que normalmente son ambos sociedades mercantiles. Sobre la base de esta relación de patrocinio, el patrocinador se compromete a mantener su protección al patrocinado a través de las manifestaciones vertidas en su carta, de modo que el patrocinado pueda cumplir normalmente ante el destinatario las obligaciones que se deriven del crédito que se le concede, contando con la garantía del patrocinador.

9Así configuradas las cartas de patrocinio puede discutirse cuál deba ser la naturaleza jurídica de éstas, es decir, qué posición debe ser la protagonizada por el patrocinador en el caso de que el patrocinado incumpla la relación que le vincula con el beneficiario de la carta. De este modo, podría cuestionarse si su posición ha de ser cercana a la del fiador, de modo tal que deba responder de la deuda del patrocinado como tal; o si, por el contrario su valor se limitaría al de ser una mera carta de recomendación (a las que se alude en el último inciso del art. 568 CCom), quedando en consecuencia el patrocinador inmune de una obligación efectiva a hacer frente a la deuda del patrocinado. En cualquier caso, la jurisprudencia del Tribunal Supremo está sentando la doctrina de que para que sea jurídicamente exigible el compromiso asumido por el patrocinador sobre la base de estas cartas, es necesario que esté perfectamente determinada la operación de crédito que se garantiza, que se indiquen claramente los sujetos afectados (beneficiario y patrocinado), así como que se realice una nítida descripción del contenido obligacional que comportan (SSTS de 18 de marzo de 2009 y de 13 de febrero de 2007).

C. Tarjetas de crédito y débito

Igualmente en conexión con la carta de crédito se han de considerar las tarjetas de crédito (credit cards), surgidas sobre los esquemas de aquélla en el tráfico mercantil anglosajón, extendiéndose rápidamente al resto del mundo. Se trata de un instrumento que se construye sobre la base de la relación jurídica existente entre un establecimiento financiero (emitente o dador) y sus clientes (beneficiario o titular) con los que normalmente mantienen un contrato de cuenta corriente, y que despliega sus efectos de frente a una serie de empresarios ante los cuales va a hacerse valer la tarjeta.

A través de la relación de tarjeta de crédito, el beneficiario se obligará con los empresarios a título oneroso adquiriendo bienes o servicios, dirigiéndose posteriormente éstos contra el emitente para obtener el cobro de los créditos que han nacido de tales adquisiciones. En cambio, el emitente se resarcirá de estos pagos mediante la presentación al cobro de recibos periódicos sobre la cuenta corriente bancaria del beneficiario. El emitente de la tarjeta responde frente a quienes suministraron los bienes o servicios al titular o beneficiario dentro del límite máximo de la cantidad cubierta por la tarjeta y siempre que se haya desplegado la debida diligencia en orden a la correcta identificación del titular y saldo del que puede disponer. El emitente soporta los eventuales riesgos de insolvencia del titular de la tarjeta, sin perjuicio de ejercitar contra él las acciones judiciales correspondientes. Como contraprestación recibe una doble comisión: una posible cantidad fija anual por facilitar este medio de pago al beneficiario y un porcentaje del costo de bienes o servicios pagados con la tarjeta que le abona el suministrador de aquéllas.

Por su parte, las tarjetas de débito funcionarían como un instrumento a través del cual el titular de una cuenta corriente y titular de la tarjeta puede disponer ante terceros del dinero que tiene depositado en la entidad bancaria. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con las tarjetas de crédito, el banco no asume per se ninguna obligación de crédito, sino que se limita a articular las disposiciones de fondos en ella depositados que lleva a cabo el cliente. La cantidad de la que el cliente podrá disponer está limitada al importe que haya en cada momento en la cuenta corriente, sin poder excederlo a cuenta de créditos concedidos por el emitente. Por ello su carácter de instrumento de crédito queda desdibujado, conformando simplemente un instrumento de disposición en efectivo del contenido de una cuenta corriente previa.

Hemos de señalar que, a diferencia de lo que ocurre con los documentos cambiarios (letra, cheque, pagaré...) que se excluyen de su ámbito de aplicación (art. 3.g), al empleo de tarjetas bancarias sí resulta de aplicación la normativa contenida en la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, cuando las mismas sean utilizadas para llevar a cabo una operación de pago, entendiéndose ésta como una acción, iniciada por un sujeto ordenante o por un beneficiario, consistente en situar, transferir o retirar fondos, con independencia de cualesquiera obligaciones subyacentes entre ambos (art. 2.5).

La circulación de los títulos-valores

La configuración de los títulos valores como incorporación a un documento del derecho a una prestación procedente de una relación causal nos debe llevar a diferenciar entre la titularidad del derecho representado -que corresponderá, en todo caso, al propietario del título, es decir, el acreedor en la relación causal-, y la legitimación para el ejercicio del mismo -que, en cambio, corresponderá al legítimo poseedor del título-. De este modo, el poseedor que haya adquirido el título cumpliendo las formalidades que para la transmisión del mismo exige la ley, estará legitimado para su ejercicio, pero no será el propietario del mismo. Las formalidades que la ley exige para que se produzca la transmisión del título dependerán de si nos encontramos ante un título nominativo, a la orden o al portador.

En función del modo en que se produzca la transmisión del título, podremos distinguir entre la circulación regular, la circulación irregular y la circulación impropia del mismo.

a) La circulación regular es aquella en la que la transmisión del título se produce cumpliendo los requisitos exigidos por la normativa para la misma y como consecuencia de un negocio de transmisión válido celebrado entre el propietario actual y otro sujeto, basado en una relación causal existente entre ambos (y que podrá ser de muy diverso género: pago de una deuda, título gratuito, pago a cuenta de otra cuenta...). Para que el título-valor circule regularmente será necesaria su entrega del propietario actual a otro sujeto, así como el cumplimiento de las formalidades que la normativa exija en particular para cada clase de título (nominativos, a la orden, al portador).

b) La circulación irregular es aquella en la que la transmisión del título-valor no responde a un negocio traslativo válido, como pudiera suceder en los supuestos de robo, sustracción o apropiación indebida del título. En estos casos, el poseedor del documento no tendrá una posesión legítima, por lo que no adquiere la propiedad -que sigue correspondiendo al sujeto desposeído-. Sin embargo, el poseedor sí aparecerá como legitimado para ejercitar el derecho y para hacerlo circular si ha cumplido las formalidades exigidas para cada tipo de título. Por su parte, el propietario desposeído deberá ejercitar una acción reivindicatoria para recobrarlo de su posesor actual; por otro lado, para evitar que el poseedor aparentemente legitimado ejercite el contenido del derecho o lo transmita, deberá promover el expediente de amortización del título para dejarlo sin efecto.

Como resulta lógico, en el funcionamiento de los títulos-valores se ha de proteger igualmente al tercero adquirente que de buena fe recibe un título de un sujeto que no estaba legitimado en su posesión. Así, el art. 545 CCom -como aplicación concreta del art. 464 CC-regula la adquisición a non domino de los títulos-valores al portador, de modo que no se podrá reivindicar el título del tercero que de buena fe y sin culpa grave lo adquiera de un sujeto que no estaba legitimado.

Para que se pueda aplicar la norma se requiere la existencia de un negocio idóneo para transmitir la propiedad del título, que el adquirente cumpla las formalidades exigidas para la transmisión legítima del título y que actúe de buena fe. Esta buena fe ha de quedar plasmada en la ignorancia -no basada en culpa grave- de la falta de propiedad del transmitente sobre el documento que se adquiere.

c) En último lugar, dado que la relación del título-valor se construye sobre la base de una relación causal, podemos encontrarnos con la circulación impropia del título. Esta se produce cuando en lugar de transmitirse (o aun transmitiéndose) el título según las normas que lo regulan, lo que se produce es una cesión de créditos respecto a los derechos en que consiste la relación causal. De este modo, estaríamos ante casos en los que la normativa reguladora de los títulos-valores no resultaría de aplicación, pasando a regularse tal transmisión por las normas generales de la cesión de créditos de los arts. 1526 a 1536 CC.