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La obligación de permanecer en un lugar cerrado durante un tiempo determinado o indeterminado, que constituye la esencia de las penas privativas de libertad (ver supra lección 27), ha estado siempre presente en los sistemas penales a lo largo de la Historia. Pero la privación de libertad como pena autónoma, consistente en la mera restricción de la libertad ambulatoria del penado en el sentido apuntado, no aparece hasta el siglo XVIII. Y es que hasta entonces la libertad era privilegio de unos pocos y no un derecho esencial del individuo al que se le concediese excesiva importancia (de hecho, muchas personas carecían de libertad por su condición social de esclavos o siervos). Por tanto, una pena que amenazase con privar, sin más, de esta prerrogativa, no podía ser eficaz desde el punto de vista preventivo general y eso la descartaba como castigo en los sistemas punitivos anteriores a la Ilustración, basados fundamentalmente en la intimidación.

En consecuencia, la retención del penado tenía, salvo en muy contadas excepciones, un cariz meramente instrumental, de manera que se imponía para satisfacer otros fines como asegurar la presencia del acusado en el proceso que se siguiera contra él, o aplicar otras penas que, por su propia naturaleza, requerían su presencia, como la pena de muerte, las penas corporales, las penas infamantes o las de trabajos forzados.

Estas últimas surgieron durante la Edad Moderna, fundamentalmente a finales del siglo XVI, cuando las circunstancias económicas determinaron la necesidad de mano de obra que se veía insatisfecha por el escaso crecimiento demográfico de la época. Esta carencia se cubrió con la población delincuente a la que se obligaba a realizar diversas tareas en condiciones infrahumanas. Surgen así las denominadas casas o establecimientos de corrección (donde se realizaban labores productivas manuales como el raspado de palo para la fabricación de colorantes o la hilandería), la pena de galeras (servicio de remo en los barcos de la Corona) o el servicio de minas, entre otras.

Con la llegada del siglo XVIII y el triunfo del pensamiento liberal, la dignidad del hombre entendida como el respeto que todo ser humano merece por el hecho de serlo, pasó a ser un valor fundamental. En el nuevo orden axiológico, la libertad se concibió como un derecho esencial de la persona. Estas ideas ilustradas se tradujeron en una racionalización y humanización del orden punitivo, y en el progresivo abandono de la crueldad de los regímenes anteriores. A este respecto, fueron esenciales las aportaciones de autores como Jeremy BENTHAM y Cesare BECCARIA. En este contexto, la privación de libertad como mera retención o aislamiento del penado en un establecimiento cerrado se perfila como el castigo por antonomasia de los sistemas punitivos liberales del siglo XIX. Ello se explica por los siguientes motivos:

  • La privación de libertad, como pena autónoma, ganó peso intimidatorio por la nueva concepción del derecho al que afectaba. Esta pena satisfacía así las exigencias preventivo generales y también las preventivo especiales, al menos en su vertiente negativa. Y es que el penado, al quedar aislado, no podía cometer nuevos delitos en sociedad mientras se prolongase la condena. Por otro lado, cumplida la misma, se esperaba que el condenado quisiera evitar la experiencia aflictiva del castigo sufrido renunciando a cometer futuros delitos.
  • La privación de libertad puede tener distinta duración, por lo que resulta graduable en atención a la gravedad del delito. La racionalidad que debía presidir la intervención punitiva necesitaba de esta proporcionalidad entre el delito y su castigo que la pena privativa de libertad permite.
  • La privación de libertad daba también respuesta al ideal humanitario que debía inspirar el nuevo orden punitivo. Su aplicación era compatible con la reeducación del penado mientras durase el encierro a través de la implantación de programas de rehabilitación en el medio carcelario. Ello satisfacía las exigencias preventivo especiales positivas, más allá de la duración del castigo, si se lograba, en efecto, la reeducación del penado.

La privación de libertad gana así autonomía, su uso se generaliza y empieza a aspirar a metas que van más allá de la mera separación del individuo del cuerpo social. De este modo se replantean las bases de su ejecución, sobre todo cuando la misma supone el encierro del penado en una institución estatal como la prisión. Empiezan a perfilarse los sistemas penitenciarios que regulan las condiciones de vida de los reclusos así como el funcionamiento interno de la prisión, y ello para que el encierro no solo consiga la custodia y aislamiento del penado sino también su educación, a fin de que pueda integrarse en la sociedad una vez recupere su libertad. Semejante proceso se estudia en la lección siguiente relativa a la ejecución de las penas privativas de libertad (ver infra lección 29).