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Como se indicó en lecciones anteriores, la pena de prisión presenta muchos inconvenientes que resultan especialmente graves cuando su duración es excesivamente larga o demasiado corta (ver supra lección 28). Desde el último cuarto del siglo XX, la inmensa mayoría de los sistemas penales tratan de hacer frente a esta problemática de diversas maneras:

1ª. Una de las líneas político criminales que siguió, en su origen, el vigente Código penal en 1995 fue la de evitar las penas de prisión inferiores a seis meses y procurar que las derogadas faltas (parte de las cuales son hoy delitos leves) y los delitos menos graves se castigasen con penas no privativas de libertad, tales como los trabajos en beneficio de la comunidad o la multa. Más tarde, con la reforma de la LO 15/2003, de 25 de noviembre, aparece la pena de localización permanente, que se presenta como pena privativa de libertad que evita muchos de los inconvenientes que acompañan a la prisión.

Ya se advirtió que esta línea ha sido contrarrestada por las siguientes Leyes Orgánicas: LO 7/2003, de 30 de junio, la LO 11/2003, de 29 de septiembre, LO 15/2003, de 25 de noviembre, LO 5/2010, de 22 de junio y LO 1/2015, de 30 de marzo. En todas ellas se apuesta por un aumento del rigor punitivo que pasa, en ocasiones, por emplear en mayor medida la pena de prisión, reduciendo su límite mínimo a los tres meses de duración y endureciendo las condiciones de su ejecución.

2ª. El Código penal vigente permite, siempre que se den determinados requisitos, evitar la efectiva aplicación de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia a través de la suspensión de su ejecución.

Antes de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, la efectiva aplicación de las penas de prisión de hasta dos años de duración se podía evitar también a través de su sustitución por penas distintas, como la multa, la localización permanente o los trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, con este cambio legislativo desaparece el sistema general de sustitución que regulaba el derogado art. 88 CP y la sustitución de la pena privativa de libertad, en sentido estricto, subsiste solo para dos supuestos específicos a los que se hizo mención en lecciones anteriores (ver supra lección 27): la sustitución de la pena de prisión inferior a 3 meses en los términos del art. 71.2 CP y, en determinados supuestos, la sustitución de las penas de prisión impuestas a ciudadanos extranjeros, prevista en el art. 89 CP, que se analiza, más adelante, en la presente lección.