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El art. 124 CP define las costas procesales como los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales que incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos solo perseguibles a instancia de parte. Estos gastos que genera la tramitación del proceso judicial se entienden impuestos por la ley a los que resulten considerados criminalmente responsables de todo delito (art. 123 CP).

El art. 241 LECrim determina qué gastos tienen la consideración de costas procesales a estos efectos.

Dicho precepto establece que «…las costas consistirán:

  1. En el reintegro del papel sellado empleado en la causa.
  2. En el pago de los derechos de arancel.
  3. En el de los honorarios devengados por los Abogados y Peritos.
  4. En el de las indemnizaciones correspondientes a los testigos que las hubiesen reclamado, si fueren de abono, y en los demás gastos que se hubiesen ocasionado en la instrucción de la causa».

Durante el trascurso del proceso, cada parte irá abonando sus costas y será la sentencia que ponga fin al mismo la que establezca la condena en costas a quien corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en los arts. 242 y ss. LECrim.