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Ya en la lección 27 se analizaron el concepto y la naturaleza de las penas privativas de otros derechos y se explicaron las diferencias entre las mismas y otras medidas de idéntico o similar contenido. Por otro lado, también se puso de manifiesto que estas penas pueden tener la consideración de penas graves, menos graves o leves, en función de su duración y su naturaleza.

A modo de recordatorio, se puede apuntar que este tipo de penas inciden sobre derechos del penado distintos del de la vida, la libertad ambulatoria (en la medida en que la misma se ve afectada por las penas privativas de libertad), o el patrimonio, que constituye el objeto de la pena de multa.

La atención se centra ahora en explicar el contenido, los efectos, la extensión y el fundamento de estas penas. A este respecto, cabe señalar que gran parte de las penas privativas de otros derechos se imponen porque existe una vinculación entre las mismas y el delito que castigan, de modo que su función y su legitimidad resultan claras. Ello porque, en tal caso, la pena priva al penado de un derecho que le ha permitido o facilitado la comisión del delito, por lo que se concibe como una consecuencia legítima y adecuada de la infracción. La pena cumple básicamente una función preventivo especial negativa, sin que en general se pueda apreciar en la misma ningún componente resocializador, salvo por lo que respecta a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad.

En las ocasiones en que no se exige tal vinculación es difícil identificar la función y, por ende, la legitimidad de las penas privativas de otros derechos. Ello se advierte con claridad a través del análisis que se realiza a continuación de cada una de las mismas, teniendo en cuenta su regulación en el vigente Código penal.