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De todo lo expuesto en la lección 1 se desprende que el sistema de medidas de seguridad debe quedar sometido, al igual que el de las penas, a las garantías y principios rectores del orden punitivo en el Estado social y democrático de Derecho que consagra la Constitución española. Estas garantías y principios son los siguientes:

1º. Solo se pueden imponer medidas de seguridad post-delictuales, puesto que si bien su fundamento radica en la peligrosidad criminal del sujeto sobre el que recaen, esta se ha de exteriorizar en la comisión, por parte del mismo, de un hecho previsto como delito (ver art. 6.1 CP). El significado que cabe otorgar al término «delito» en este ámbito será objeto de análisis en los siguientes apartados de la presente lección.

El sistema de medidas queda sujeto, por tanto, al principio del hecho que constituye el presupuesto de toda intervención punitiva. Ello garantiza, a su vez, la seguridad jurídica porque el hecho previsto como delito, al ser un comportamiento externo regulado en la ley, puede ser objeto de constatación y prueba. Si la respuesta penal consistente en la medida de seguridad pudiera prescindir de tal conexión objetiva y externa (de la conducta, del hecho), su presupuesto legitimador carecería de la más elemental determinación y la prueba o constancia de este no ofrecería garantía alguna.

2º. Las medidas de seguridad quedan sujetas al principio de legalidad cuyo régimen de garantías despliega en este ámbito todos sus efectos, tal y como vimos en la lección 2.

3º. Proporcionalidad y necesidad de las medidas de seguridad: Las medidas de seguridad deben ajustarse al principio de proporcionalidad, de manera que no pueden resultar más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido (art. 6.2 CP).

La introducción de la prisión permanente revisable por parte de la LO 1/2015, de 30 de marzo, implica la posibilidad de imponer medidas de seguridad de duración indeterminada cuando se ha cometido un hecho delictivo que tenga prevista esa pena (por ejemplo, el asesinato de una persona menor de dieciséis años de edad, regulado por el art. 140.1.1 CP).

En ocasiones no resulta fácil comparar la gravedad de la pena y de la medida a imponer para dar cumplimiento a esta exigencia.

En algunos casos la cuestión es clara. Por ejemplo, si la pena que se podría haber impuesto no es privativa de libertad, la medida a imponer tampoco puede serlo. Pero más allá de este límite, no existen criterios claros para determinar si una pena no privativa de libertad es más o menos gravosa que una medida de seguridad no privativa de libertad, sobre todo si la comparación hay que hacerla teniendo en cuenta la pena abstracta prevista en la ley para el delito cometido. A este respecto, se debe atender también a las circunstancias personales, laborales y familiares del sujeto que vaya a ser destinatario de la medida, así como los efectos que la misma tendría sobre aquel.

Dentro de este marco, definido por el principio de proporcionalidad, rige el principio de necesidad, en virtud del cual la medida que se imponga no puede «exceder el límite necesario para prevenir la peligrosidad del autor» (art. 6.2 CP).

En relación con este principio de necesidad se pueden hacer las siguientes matizaciones:

  1. La medida elegida debe ser la necesaria para responder a la peligrosidad del sujeto, sin que por este motivo se pueda elegir una media que resulte más gravosa que la pena prevista para el hecho cometido. En cambio, sí se puede optar por una medida menos gravosa que dicha pena si aquella resulta suficiente para responder a la peligrosidad del sujeto.
  2. La medida durará en tanto en cuanto subsista la peligrosidad de quien se le aplique, pero nunca más allá del límite máximo de duración de la pena prevista para el hecho delictivo cometido. Ello significa que, en aras de la necesidad, no se puede rebasar la duración máxima pero sí reducir la misma en caso de que, antes de llegar a ese límite máximo, la medida resulte innecesaria porque la peligrosidad haya desaparecido.
  3. El principio de necesidad explica que la decisión de aplicar medias de seguridad resulte potestativa por parte del juez o tribunal que, a tal efecto, ha de establecer discrecionalmente si la peligrosidad del sujeto requiere de la aplicación de una medida de seguridad. La imposición de la pena resulta, sin embargo, obligatoria cuando concurren los presupuestos exigidos, a tal efecto, por la ley.