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Para que se pueda aplicar una medida de seguridad de las previstas en el vigente Código penal es preciso que se cumplan los requisitos que seguidamente se analizan.

A. COMISIÓN DE UN HECHO PREVISTO COMO DELITO

Como ya se puso de manifiesto, las medidas de seguridad son siempre post-delictuales, de manera que el sujeto a quien se imponen tiene que «haber cometido un hecho previsto como delito» (arts. 6.1 y 95.1.1 CP). La realización del hecho debe establecerse en sentencia firme como se desprende de la garantía jurisdiccional analizada en la lección 2. Por otro lado, ¿qué interpretación cabe dar al término «delito» que el legislador emplea al describir este presupuesto de aplicación de la medida de seguridad? A este respecto se pueden hacer dos precisiones:

1ª. Antes de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, la opinión doctrinal mayoritaria interpretaba restrictivamente la expresión «delito» considerando que la misma abarcaba a las infracciones que hasta dicho cambio legislativo se consideraban delitos en sentido estricto, es decir, los delitos graves y menos graves (ver apartados 1 y 2 del art. 13 CP) y no a las hoy derogadas faltas (art. 13.3 CP antes de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo).

Los partidarios de este planteamiento se basaban, por un lado, en razones de carácter formal: los arts. 6.1 y 95.1.1 CP se referían y se refieren literalmente al hecho constitutivo de «delito», sin mencionar a las faltas. Por otro lado y dado que, con carácter general, la medida de seguridad no puede superar en gravedad a la de la pena prevista para el hecho delictivo (art. 6.2 CP), el margen de aplicación de aquella resultaba más bien estrecho en el ámbito de las derogadas faltas, teniendo en cuenta la levedad de las penas con que las mismas se castigaban. Por su parte, un sector doctrinal y jurisprudencial minoritario era partidario de incluir la comisión de las derogadas faltas como presupuesto de aplicación de las medidas de seguridad puesto que, por un lado, nada impedía ajustar las mismas a la levedad de las penas con que se castigaban este tipo de infracciones y, por otro, la comisión de este tipo de infracciones podía resultar indicativa de la peligrosidad del infractor, que no deja de ser el fundamento de las medidas de seguridad.

Con la citada reforma de 2015, en aras del principio de intervención mínima, las faltas desaparecen del Código penal y parte de las mismas, supuestamente las más graves, pasan a ser delitos leves que se castigan con penas formalmente leves pero, en general, de mayor gravedad que las que castigaban las antiguas faltas. Por tanto, hoy día ya no existen razones formales ni materiales para descartar la comisión de hechos constitutivos de delitos leves como presupuesto de aplicación de las medidas de seguridad.

En conclusión, la comisión de hechos constitutivos de delitos graves, menos graves o leves constituye presupuesto de aplicación de medidas de seguridad.

2ª. Se entiende que el término «delito» alude a la infracción penal típica y antijurídica (ver supra lección 5). Para que a un sujeto se le pueda imponer una medida de seguridad ha debido realizar un comportamiento descrito en la ley penal como delito sin que concurran causas de justificación.

Como se puso de manifiesto en lecciones anteriores, la concurrencia de tales causas implica que ya no existe una desaprobación del hecho por parte del ordenamiento jurídico dado que el mismo resulta necesario para salvar un valor o interés de mayor importancia que el que pone en peligro o lesiona la conducta típica (ver supra lecciones 16, 17 y 18). En este sentido, del hecho aprobado por el orden jurídico difícilmente se puede predicar la peligrosidad de quien lo comete, por lo que la aplicación de la medida de seguridad carece, en estos casos, de fundamento.

B. PROBABILIDAD DE COMISIÓN DE NUEVOS DELITOS

La ley vigente exige que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos (art. 95.1.2 CP).

La peligrosidad debe ser de naturaleza criminal, es decir, que se circunscribe a la probabilidad de comisión de futuros delitos por parte del sujeto. No es necesario que la naturaleza del delito futuro coincida con la del delito cometido. Tampoco es preciso que exista un riesgo de que el sujeto cometa varios delitos y no solo uno, como parece desprenderse de la literalidad del precepto que se refiere a la peligrosidad criminal como a la probabilidad de comisión de «nuevos delitos» en plural.

Por otro lado, la peligrosidad no se puede presumir en ningún caso, sino que debe establecerse en el proceso y puede ser objeto de controversia.

Esta prognosis [conocimiento anticipado del acaecimiento de un hecho] requiere un diagnóstico previo del sujeto en el que se ha de valorar el hecho cometido y las circunstancias personales, familiares, sociales y laborales que se consideren indicativas del riesgo de comportamiento delictivo futuro. La selección de dichos factores de peligro debe hacerse conforme a criterios científicos obtenidos a partir de estudios empíricos.

C. SUJETOS A QUIENES SE LES PUEDEN IMPONER MEDIDAS DE SEGURIDAD

Los sujetos a quienes se les puede imponer una medida de seguridad deben pertenecer a alguna de las categorías que se analizan a continuación.

C.1. Sujetos inimputables

Dentro de los cuales podemos diferenciar los siguientes:

  1. Sujetos declarados exentos de responsabilidad penal conforme al número 1º del art. 20 CP (art. 101.1 CP). Son quienes, al tiempo de cometer la infracción penal y a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no puedan comprender la ilicitud del hecho u obrar conforme a esa comprensión.
  2. Sujetos declarados exentos de responsabilidad penal conforme al número 2º del art. 20 CP. Se trata de personas que, al tiempo de cometer la infracción penal, se hallen en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, o se encuentren bajo un síndrome de abstinencia a causa de su dependencia de tales sustancias, que les impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
  3. Sujetos declarados exentos de responsabilidad conforme al número 3º del art. 20 CP. Son personas que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tienen alterada gravemente la conciencia de la realidad.

Estos preceptos indican que la inimputabilidad, ya se deba a una anomalía psíquica, a una intoxicación plena o al síndrome de abstinencia (por consumo o dependencia, respectivamente, de drogas o alcohol) o a una alteración de la percepción, aparece legalmente prevista como una categoría de estado peligroso. Se entiende que el sujeto inimputable que ha cometido un hecho delictivo muestra con frecuencia una tendencia a repetir ese patrón de conducta. No obstante, no cabe presumir esta peligrosidad criminal por la mera concurrencia de las referidas circunstancias, sino que la misma se debe demostrar sobre el análisis de datos concretos tal y como se indicó en el apartado anterior.

Es preciso tener en cuenta, a este respecto, que el art. 383 LECrim prevé la posibilidad de imponer una medida de seguridad al sujeto imputable en el momento de comisión del delito si deviene «demente» durante la sustanciación del proceso y antes de que recaiga sobre el mismo sentencia condenatoria y esta adquiera firmeza. El referido precepto establece que en tal caso, «se mandará archivar la causa por el Tribunal competente hasta que el procesado recobre la salud, disponiéndose además respecto de este lo que el Código Penal prescribe para los que ejecutan el hecho en estado de demencia». Se entiende que el término «demencia» de la LECrim se ha de identificar con la anomalía o alteración psíquica descrita en el número 1o del art. 20 y prevista como una de las causas de inimputabilidad a las que se refiere el Código penal como categoría de estado peligroso que conduce a la exención de responsabilidad penal y a la aplicación de medidas de seguridad. Cabe entender, por tanto, que además de que sobrevenga el estado de inimputabilidad antes de concluido el proceso, sea necesario confirmar la peligrosidad criminal del procesado.

La previsión de la LECrim analizada permite, por tanto, imponer medidas de seguridad pre-delictuales teniendo en cuenta que la realización del hecho delictivo por parte de los potenciales destinatarios de las mismas no ha sido aún confirmada por sentencia condenatoria. Por otro lado, esta regulación de medidas de seguridad en el marco de procesos penales inconclusos no se remite a la normativa de las medidas cautelares que se pueden acordar en dichos procesos, por lo que puede dudarse de su legitimidad (ver arts. 489 y ss., 502 y ss., 544 bis, 589 y ss., y 764.4 LECrim; ver también supra lección 27). Y ello porque la excepcionalidad, la necesidad y la proporcionalidad que deben acompañar a todas las medidas cautelares como privaciones de derechos impuestas al individuo que aún goza de la presunción de inocencia, no son objeto de mención expresa por parte del mencionado art. 383 LECrim.

Ciertos sectores doctrinales se han mostrado críticos a este respecto.

Por otro lado, cuando concurre la inimputabilidad y la peligrosidad criminal en el sujeto solo puede aplicarse, siempre que se den los demás requisitos establecidos al efecto, la medida de seguridad como alternativa a la pena. La ausencia de imputabilidad supone la ausencia de la culpabilidad y con ello la desaparición del fundamento de la pena.

C.2. Sujetos semiimputables

Según el art. 104.1 CP, se trata de personas a las que se les aplica la eximente incompleta del art. 21.1 CP en relación con los números 1º, 2º y 3º del art. 20 CP.

Al igual que la inimputabilidad, la semiimputabilidad aparece legalmente prevista como categoría de estado peligroso en el sentido que se apuntó más arriba. En estos casos, como se verá más adelante, se pueden aplicar conjuntamente penas y medidas de seguridad teniendo en cuenta lo dispuesto en los arts. 99 y 104.1 CP que establecen, a tal efecto, el denominado sistema vicarial. Y es que en estos supuestos subsiste el fundamento tanto de la pena como el de la medida de seguridad. La condición psíquica del sujeto infractor, tenga su origen en una anomalía psíquica, en la intoxicación o síndrome de abstinencia (por consumo o dependencia, respectivamente, de las drogas o el alcohol) o en una alteración de la percepción, no excluye su imputabilidad ni, por tanto, su culpabilidad y, al tiempo, puede resultar indicativa de su peligrosidad delictiva que habrá de confirmarse en todo caso.

C.3. Sujetos extranjeros no residentes legalmente en España

Nos limitamos en este apartado a los ciudadanos extranjeros inimputables o semiimputables que no residen legalmente en España, dejando fuera a los ciudadanos extranjeros imputables, residentes legales o ilegales, condenados a penas de prisión superiores al año de duración. En algunos de estos casos la expulsión se impone en sustitución de la pena impuesta y su naturaleza y régimen fueron analizados en la lección anterior. Baste recordar que la expulsión en tales supuestos no tiene naturaleza de medida de seguridad ni en el plano formal, ni en el plano material.

No obstante, la expulsión se puede aplicar también en sustitución de medidas de seguridad impuestas a los ciudadanos extranjeros inimputables o semiimputables que residan ilegalmente en España. En estos casos, su naturaleza como medida de seguridad que negamos desde el punto de vista material (ver supra lección 33), subsiste aunque en un plano puramente formal. Así, el art. 108.1 CP establece que el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia del sujeto, la expulsión del territorio nacional en sustitución de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de dichas medidas en España.

C.4. Sujetos imputables

Se trata de individuos condenados por determinados delitos a los que se les puede imponer la medida de seguridad de libertad vigilada además de la pena que les corresponda. Después de la entrada en vigor de la LO 5/2010, de 22 de junio, y antes de la entrada en vigor de la LO 1/2015, de 30 de marzo, solo se podía aplicar la libertad vigilada a los sujetos imputables comprendidos en cualquiera de las dos siguientes categorías:

  1. Sujetos condenados a penas de prisión por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales del Título VIII del Libro II del Código penal.

    De acuerdo con el art. 192.1 CP a los condenados a penas de prisión por uno o más delitos de los comprendidos en dicho Título, se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de cinco a diez años si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.

  2. Sujetos condenados a penas privativas de libertad por la comisión de delitos cometidos por organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código penal.

    El art. 579 bis 2 CP establece que a los condenados a pena privativa de libertad por uno o más de los referidos delitos se les impondrá además la medida de libertad vigilada de cinco a diez años, si la pena fuera grave, y de uno a cinco, si fuera menos grave. No obstante lo anterior, en este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por delincuente primario, el tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.

La reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, mantiene el régimen descrito y amplía las posibilidades de aplicar, de forma potestativa, la libertad vigilada a los sujetos imputables que pertenezcan a cualquiera de las siguientes categorías:

  1. Sujetos condenados por la comisión de uno o más delitos del Título 1 del Libro II del Código penal, que lleva por rúbrica «Del homicidio y sus formas» (art. 140 bis CP).
  2. Sujetos condenados por la comisión de uno o más delitos del Título III del Libro II del Código penal que lleva por rúbrica «De las lesiones», pero siempre que la víctima fuera alguna de las personas a las que se refiere el art. 173.2 CP (art. 156 ter CP).
  3. Sujetos condenados por la comisión del delito de violencia física o psíquica habitual del art. 173.2 CP (ver último párrafo del art. 173.2 CP). En virtud de este precepto se castiga al que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

Así pues, la medida de libertad vigilada cuyo contenido, analizado infra, regula el art. 106 CP y que constituye una de las novedades que introdujo la LO 5/2010, de 22 de junio, se puede imponer no solo a los sujetos inimputables o semiimputables, sino también a los imputables que hayan sido condenados por la comisión de determinados tipos delictivos. La reforma de 2010 circunscribió la imposición de la libertad vigilada a delitos que se consideran de especial gravedad, como los delitos sexuales y los delitos de criminalidad organizada y terrorismo, antes nombrados.

En la Exposición de Motivos de la reforma de 2010 se pone de manifiesto que la peligrosidad que justifica esta medida cuando se impone al sujeto imputable deriva de la gravedad del hecho cometido. De ahí que la ley obligue al tribunal sentenciador a imponer la libertad vigilada para que se cumpla con posterioridad al cumplimiento de la pena impuesta en los casos analizados de criminalidad organizada y terrorismo, salvo que la pena privativa de libertad impuesta sea menos grave y el delincuente haya cometido un solo delito y por primera vez (en cuyo caso la imposición de la libertad vigilada es potestativa). Semejantes previsiones consagran una presunción de peligrosidad basada en la gravedad del hecho que se aleja notablemente del concepto de peligrosidad que recoge el art. 95.1.2 CP como presupuesto de aplicación de las medidas de seguridad en general. Cabe recordar que la peligrosidad a la que alude este precepto deriva no solo del hecho cometido, sino también de las circunstancias personales del infractor y su apreciación no puede ser automática.

En este sentido, la imposición obligatoria de la libertad vigilada a los imputables tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad así prevista, constituye una quiebra del sistema de garantías que las medidas de seguridad han de respetar, pues tal imposición automática puede resultar innecesaria y por ende desproporcionada (ver art. 6.2 CP) para aquellos casos en que no quepa hacer un pronóstico de peligrosidad del condenado, circunstancia perfectamente posible tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad por parte del mismo. No obstante, los preceptos que regulan la ejecución de libertad vigilada en los supuestos en que la misma ha de cumplirse por sujetos imputables tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, resuelven en cierto modo el escollo descrito al permitir que la misma quede sin efecto antes de su aplicación si ello se considera innecesario en vista del pronóstico positivo de reinserción del sujeto (ver art. 106.3.c) CP).

Por su parte, la reforma de 2015, como se acaba de poner de manifiesto, amplía la posibilidad de imponer la libertad vigilada a otras categorías de sujetos imputables pero, en estos casos, tiene siempre carácter potestativo. En el Preámbulo de la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, el legislador no da ninguna razón para explicar esta ampliación del ámbito de la libertad vigilada a sujetos imputables (simplemente deja constancia de la misma).

El fundamento que manejó el legislador de 2010 para justificar la imposición de la libertad vigilada a los sujetos imputables consistía en la peligrosidad derivada de la especial gravedad de las infracciones por las que los mismos habían de ser condenados (criminalidad organizada, terrorismo y delincuencia sexual). Pero el legislador de 2015 no ha determinado, de forma específica, cuál es el fundamento de la libertad vigilada aplicable a sujetos imputables en los nuevos supuestos que regula. Así las cosas, se entiende que el juez habrá de valorar si se dan los presupuestos generales que rigen en materia de medidas de seguridad. Es decir, habrá de comprobar la existencia de peligrosidad criminal por parte del penado a quien se le vaya a imponer la medida de seguridad y habrá que determinar si la misma es necesaria para conjurar dicha peligrosidad. Asimismo, habrá de observar el principio de proporcionalidad de manera que la libertad vigilada no sea más grave que la pena impuesta.

Algo que en ocasiones será difícil de determinar, teniendo en cuenta que la pena impuesta en estos casos no tiene que ser necesariamente privativa de libertad.

 Ej. 34.2: Pensemos en el sujeto que comete como autor y contra su progenitor un delito consumado de lesiones del art. 147.2 CP, al que se le impone una pena de multa de dos meses de duración. En este caso y en virtud de lo establecido en el art. 156 ter CP, se podría imponer, además de la pena, la medida de seguridad de libertad vigilada.

Tampoco queda claro qué se debe tener en cuenta a fin de determinar la duración máxima que puede tener la libertad vigilada en estos casos. Ello porque el art. 105.1 CP establece que la misma no puede durar más de cinco años, dado que no está expresamente prevista su duración por los preceptos de la Parte especial que prevén su posible aplicación. Pero, por otro lado, la regla general del art. 6.2 CP establece que la medida de seguridad no puede ser de mayor duración que la pena abstractamente prevista para el delito. En este sentido, muchos de los delitos que permiten la aplicación de la libertad vigilada en los supuestos que estamos analizando están castigados con penas que superan con creces los cinco años de duración (por ejemplo, el delito de homicidio del art. 138.1 CP que se castiga con la pena principal de prisión de diez a quince años).

Asimismo, este nuevo régimen de aplicación de la libertad vigilada previsto por la LO 1/2015, de 30 de marzo, puede resultar arbitrario y dar lugar a situaciones en las que el principio de igualdad puede resultar vulnerado. Ello porque los presupuestos que han de cumplirse para aplicar la libertad vigilada en los casos analizados pueden concurrir en muchos otros en los que, sin embargo, esta medida no se puede aplicar.

 Ej. 34.3: Pensemos en los condenados por cualquiera de los delitos contra la libertad. Así, el hombre que amenaza a su mujer con matarla y es condenado como autor de un delito de amenazas del art. 169 CP. En tal caso, la libertad vigilada no se puede acordar (aunque se dieran los requisitos que, con carácter general, se exigen para la imposición de medidas de seguridad), pero sí se podría acordar si, en lugar de amenazar de muerte a su mujer, el sujeto la empuja sin causarle lesiones y es condenado como autor de un delito de maltrato del art. 153.1 CP.

En cualquier caso, el régimen de la libertad vigilada aplicable a los sujetos imputables constituyó un hito en la historia jurídico penal de la democracia en España en el momento de su introducción con la reforma de LO 5/2010, de 22 de junio. Y es que por primera vez se permitió que la intervención penal sobrepasase el límite de la retribución en aras de la prevención especial. En este sentido, la libertad vigilada, cuando se aplica a los condenados por terrorismo, criminalidad organizada o delincuencia sexual, implica la privación de derechos del sujeto que ya ha cumplido la pena prevista como castigo para el delito cometido. Cabe, cuando menos, cuestionar la legitimidad de esta medida dado que, en su virtud, el sujeto va a ver mermados sus derechos no por el comportamiento que realizó cuyo castigo ya ha cumplido, sino por las conductas delictivas que pudiera cometer en el futuro cuyo acaecimiento es, por definición, incierto. Pese a todo, la LO 1/2015, de 30 de marzo, mantiene este régimen vigente con anterioridad a su aprobación, amplía el ámbito de aplicación de la libertad vigilada a sujetos imputables y genera, con ello, nuevos problemas.