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Las normas que rigen la ejecución de las medidas de seguridad aparecen previstas en los arts. 95.2, 97, 98, 99 y 101 a 108 CP. En aras de la claridad expositiva, se procede a diferenciar entre tres posibilidades de ejecución tomando como referente al tipo de sujeto destinatario de la medida de seguridad.

A. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES A LOS SUJETOS INIMPUTABLES

Una vez se ha constatado que el sujeto ha cometido un hecho descrito como delito, ha sido considerado inimputable por alguna de las causas de los apartados 1º, 2º y 3º del art. 20 y se ha confirmado su peligrosidad criminal, se puede proceder a la imposición de una medida de seguridad. Llegados a este punto, se pueden plantear las siguientes hipótesis que seguidamente se analizan.

A.1. Imposición de medida privativa de libertad

A.1.1. Presupuesto de aplicación: proporcionalidad y necesidad

Ello requiere que la pena que se le hubiese podido imponer al sujeto por el delito cometido, de haber sido el mismo considerado imputable, fuese privativa de libertad. En tal caso se le puede imponer una medida de internamiento de las que prevé el Código penal, en función de cuál sea la causa de inimputabilidad (ver arts. 95.2, 96.2, 101.1, 102.1 y 103.1 CP), y si ello se considera además necesario como respuesta a la peligrosidad del sujeto (art. 6.2 CP).

A.1.2. Duración de la medida

La medida de internamiento «no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiese sido declarado responsable, y a tal efecto, el Juez o Tribunal fijará ese máximo en sentencia» (ver arts. 101.2, 102.2 y 103.2 CP). Se observa que esta mención legal no se corresponde con la establecida en el art. 6.2 que se refiere «a la pena abstractamente aplicable al hecho cometido» para determinar el máximo de duración de la medida de seguridad. Ello genera no pocos problemas de interpretación.

Con todo, la previsión de los arts. 101.2, 102.2 y 103.2 CP se refiere al «tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiese sido declarado responsable» como criterio para determinar la duración máxima de la medida de seguridad a imponer, pero tiene otro tipo de implicación que debe ser apuntada con carácter previo. Y es que esta mención legal excluye como presupuesto fáctico legitimador de la aplicación de la medida de seguridad al hecho típico y antijurídico pero no culpable por razón de la concurrencia de una causa de inexigibilidad que se aprecie como eximente completa (por ejemplo, el estado de necesidad exculpante cuando los bienes en conflicto tienen la misma entidad), cometido por un inimputable.

Ello porque el sujeto, de haber sido imputable y haber cometido tal hecho inexigible no habría sido declarado responsable. La interpretación del «hecho previsto como delito» presupuesto fáctico general de aplicación de las medidas de seguridad del art. 95.1.1 CP que se identifica con el hecho típico y antijurídico debe, por tanto, matizarse en atención a lo expuesto.

En cualquier caso, para determinar el límite máximo de duración de la medida privativa de libertad en estos supuestos caben diferentes interpretaciones. Ello por la falta de congruencia que existe entre las reglas generales del art. 6.2 CP y las específicas de los arts. 101.2, 102.2 y 103.2 CP. A este respecto se proponen dos alternativas:

  1. Hay quien considera que la expresión «tiempo que habría durado la pena privativa de libertad sí el sujeto hubiese sido declarado responsable», se refiere a la pena individualizada que se le habría impuesto al sujeto imputable que hubiese cometido el mismo delito.

    A tal efecto, el juez habrá de fijar dicha pena en sentencia teniendo en cuenta todos los factores que rigen para la determinación e individualización de la pena (ver supra lección 32). Es decir, que habrá que considerar la figura delictiva, el grado de realización de la misma, el grado de participación y las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que hubiesen concurrido (salvo que se tratase de un delito imprudente o un delito leve), a excepción, claro está, de la causa de inimputabilidad. Todo ello dará lugar a un marco penal y el juez deberá fijar una cantidad de pena exacta dentro de dicho marco que operará como límite máximo de duración de la medida de seguridad.

  2. En la práctica jurisprudencial se ha impuesto como criterio a tener en cuenta el marco penal abstracto previsto para la figura delictiva en cuestión pero aplicando las normas de determinación de la pena (ver supra lección 32) por razón de grado de ejecución alcanzado y la forma de participación y sin considerar las circunstancias agravantes o atenuantes genéricas que hayan podido concurrir (ver, entre otras, las STSS 1648/2002, de 14 de octubre, y 1176/2003, de 12 de septiembre). Se entiende que el grado de ejecución y la forma de participación constituyen elementos susceptibles de ser incluidos en el concepto de figura delictiva realizada. La aplicación de tales reglas dará lugar a un marco penológico y el límite máximo de dicho marco penológico será el que se tome como referente para determinar la duración máxima que pueda tener la medida de seguridad privativa de libertad.
     Ej. 34.4: Si el sujeto comete un delito consumado de homicidio del art. 138.1 CP y participa en los hechos como autor, el marco penal que le corresponde es de 10 a 15 años de prisión. En el ejemplo propuesto, el juez deberá fijar en 15 años la duración máxima de la medida de seguridad a aplicar.

Una vez se alcanza ese límite máximo temporal, el sujeto debe quedar en libertad pues la medida de seguridad ha de considerarse extinguida por mucho que subsista la peligrosidad. Ello salvo que la pena que se hubiera podido imponer de haber sido el sujeto imputable, fuese la de prisión permanente revisable. En tal caso la duración de la medida de seguridad resulta indeterminada al igual que la de dicha pena.

 Ej. 34.5: Si el sujeto comete como autor un delito consumado de asesinato de una persona menor de 16 años, la pena que se debe imponer, si el sujeto es imputable, es la de prisión permanente revisable (art. 140.1.1 CP). En este caso, la medida de seguridad podría tener una duración indeterminada al igual que la pena de prisión permanente revisable.
A.1.3. Efectos del internamiento

El sometido a la medida privativa de libertad no podrá abandonar el centro de internamiento sin autorización del juez o tribunal sentenciador (ver arts. 101.2, 102.2 y 103.3 CP), de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de estas medidas que serán analizadas en el siguiente apartado.

Por otro lado, cuando una persona sea declarada exenta de responsabilidad criminal por concurrir alguna de las causas previstas en los números 1º y 3º del art. 20 CP, el Ministerio Fiscal instará, si fuera procedente, la declaración de incapacidad ante la Jurisdicción Civil, salvo que la misma hubiera sido acordada y, en su caso, el internamiento conforme a las reglas del Derecho civil (disposición adicional 1a CP).

A.1.4. Normas que rigen la ejecución del internamiento

Resultan de aplicación, a este respecto, los arts. 97 y 98 CP. Según el primero, durante la ejecución de la medida privativa de libertad impuesta, el juez o tribunal sentenciador adoptará alguna de las siguientes decisiones:

a) Mantener la ejecución de la medida, para lo cual se requiere que la peligrosidad del sujeto subsista.
b) Decretar el cese de la medida en cuanto desaparezca la peligrosidad el sujeto.
c) Sustituir la medida impuesta por otra que se estime más adecuada, siempre que la misma no fuera más gravosa que la pena que se le podría haber impuesto al sujeto por el delito cometido. En el caso de que fuera acordada la sustitución y el sujeto evolucionara desfavorablemente, se dejará sin efecto la sustitución, volviéndose a aplicar la medida sustituida.
d) Dejar en suspenso la ejecución de la medida, en atención al resultado ya obtenido con su aplicación, por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado, y podrá dejarse sin efecto si nuevamente resultara acreditada cualquiera de las circunstancias previstas en el art. 95 CP (comisión de un hecho previsto como delito y peligrosidad criminal).

El tribunal sentenciador resolverá motivadamente sobre el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida, a la vista de los referidos informes, oída la propia persona sometida a la misma, el Ministerio Fiscal, demás partes, así como las víctimas del delito que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado.

De acuerdo con lo establecido en el art. 98.1 CP, para que el tribunal sentenciador pueda adoptar durante la ejecución de la medida de seguridad cualquiera de las decisiones a las que se ha hecho referencia, el juez de vigilancia penitenciaria estará obligado a elevar, al menos anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. Para formular dicha propuesta el juez de vigilancia penitenciaria deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a la medida de seguridad o por las administraciones públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás actuaciones que a este fin ordene.

La decisión de mantener la medida se puede prolongar hasta alcanzar el límite máximo que en sentencia se haya fijado para la misma conforme a las reglas analizadas más arriba.

En los casos en que la peligrosidad persista tras la extinción de la medida, cabe proceder al internamiento del sujeto a través del procedimiento previsto ante la jurisdicción civil en virtud de lo establecido en el art. 763.1 LEC. Parte de dicho precepto fue declarado inconstitucional por la STC 132/2010 de 2 de diciembre. No obstante, dicha declaración basa la inconstitucionalidad del precepto en cuestiones de forma y no de fondo. Es de esperar que dicho precepto se reemplace por otro que tenga idéntico o similar contenido.

A.1.5. Medidas no privativas de libertad que se pueden imponer además de la medida de internamiento

De acuerdo con lo establecido en el art. 105 CP, además de la medida de internamiento que se haya podido imponer conforme a las reglas analizadas en el apartado anterior, el juez o tribunal podrá imponer, razonadamente, una o varias medidas no privativas de libertad que seguidamente se señalan. A tal efecto, el tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir al sometido a la medida, así como los informes que le ha de remitir el juez de vigilancia penitenciaria o los servicios de la administración correspondiente.

Las medidas no privativas de libertad que se pueden imponer junto con la de internamiento son las siguientes:

  1. Por un tiempo no superior a cinco años:
    • La libertad vigilada.
    • La custodia familiar.
  2. Por un tiempo de hasta diez años:
    • La libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga el Código penal.
    • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
    • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

Es de destacar que el legislador ha previsto expresamente que tales medidas se cumplan «cuando se imponga la medida privativa de libertad o durante la ejecución de la misma». No obstante, se entiende que las medidas no privativas de libertad se podrán aplicar en los casos en que se suspenda la medida privativa de libertad, dado que la efectiva ejecución de la misma hace que aquellas resulten innecesarias o irrealizables.

 Ej. 34.6: Un sujeto que está interno en un centro psiquiátrico no puede estar sometido simultáneamente a la custodia familiar, pues serán los empleados de dicho centro los encargados de su cuidado y control. Por otro lado, el internamiento conlleva para el sujeto la imposibilidad de tener o portar armas o conducir vehículos a motor.

A.2. Imposición de medida no privativa de libertad

A.2.1. Presupuesto de aplicación

La imposición de una medida no privativa de libertad a un inimputable puede tener lugar en los siguientes casos:

  1. Cuando dicha medida no privativa de libertad se impone junto a otra privativa de libertad. En tal caso solo se podrán imponer las que menciona el art. 105 CP analizado en el apartado anterior.
  2. Cuando la pena que se hubiese podido imponer por el hecho cometido, de haber sido considerado imputable, fuese privativa de libertad pero el internamiento se considerase innecesario como respuesta a su peligrosidad (arts. 101.1, 102.1 y 103.1 CP). En tal caso, se puede optar por cualquiera de las medidas del art. 96.3 CP que incluyen todas a las que se refiere el art. 105 CP y además la que regula el art. 107 CP.

    Dicho precepto permite que el juez o tribunal decrete razonadamente la medida de inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio o en relación con él, un hecho delictivo y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes.

  3. Cuando la pena que se le hubiese podido imponer, de haber sido considerado imputable, no fuese privativa de libertad (arts. 6.2 y 95.2 CP). En este caso la medida no privativa de libertad no debe ser más gravosa que la pena no privativa de libertad que se le hubiese podido imponer al sujeto (sobre la dificultad de comparar penas y medidas en estos casos, ver apartados anteriores de la presente lección). En estos supuestos se puede imponer cualquiera de las medidas a las que se refiere el art. 96.3 CP.
A.2.2. Duración de la medida

El Código penal solo establece los máximos de duración de las medidas de seguridad no privativas de libertad en el art. 105 CP, ya analizado, que rigen en el caso de que las medidas no privativas de libertad se apliquen junto a las privativas de libertad. Algunos entienden que dichos plazos se deben aplicar también en los supuestos en que solo se imponen medidas no privativas de libertad.

No obstante, esta interpretación no tiene en cuenta lo establecido en la regla general contenida en el art. 6.2 CP que prohíbe que las medidas de seguridad sean de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido. En este sentido, el límite de duración máxima de la medida de seguridad no privativa de libertad puede ser de cinco o de diez años de acuerdo con el art. 105.1 CP y hay muchos tipos delictivos que tienen previstas penas no privativas de libertad cuya duración máxima es muy inferior a esos límites (por ejemplo, el delito de omisión del deber de socorro del art. 195.1 CP que se castiga con pena de multa de tres a doce meses). Estamos, por tanto, ante otra incongruencia del sistema de regulación de las medidas de seguridad que el legislador no ha resuelto en las sucesivas y muy numerosas reformas penales que se han sucedido desde la aprobación del vigente Código penal en 1995, y que genera problemas de interpretación.

A.2.3. Normas que rigen la ejecución de las medidas no privativas de libertad

Son de aplicación las mismas normas contenidas en los arts. 97 y 98 CP respecto de la decisión, por parte del juez o tribunal sentenciador, de mantener la medida o decretar su cese, sustitución o suspensión una vez iniciada la ejecución de la misma. Igualmente rige la norma del art. 98.3 CP sobre la necesidad de razonar dicha decisión así como la de oír a las partes antes de adoptarla.

La diferencia estriba, con respecto a las normas de ejecución de las medidas privativas de libertad analizadas en lo siguiente: según el art. 98.2 CP, el juez o tribunal sentenciador, a los efectos de adoptar las decisiones mencionadas, recabará directamente de las administraciones, facultativos y profesionales a los que alude el art. 98.1 CP, los oportunos informes acerca de la situación y evolución del individuo sujeto a la medida, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva pero la ley no establece expresamente la periodicidad que el juez debe seguir al recabar dichos informes a efectos de decidir sobre el mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la medida no privativa de libertad impuesta. Como hubo ocasión de comprobar, durante la ejecución de medidas privativas de libertad, el juez de vigilancia penitenciaria debe elevar, al menos anualmente, propuesta a tal efecto al juez o tribunal sentenciador. Cabe aplicar por analogía esa periodicidad a los efectos correspondientes en caso de ejecución de medidas de seguridad no privativas de libertad.

B. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS APLICABLES A LOS SUJETOS SEMIIMPUTABLES: EL SISTEMA VICARIAL

B.1. Presupuesto de aplicación

Se trata de casos en los que un sujeto ha cometido un hecho descrito como delito en la ley penal, ha sido considerado semiimputable por aplicación del art. 21.1 CP en relación con los apartados 1o, 2o o 3o del art. 20 CP, y tanto por el hecho cometido como por sus circunstancias personales se puede esperar que cometa delitos en el futuro. En tal caso y como ya se advirtió, se pueden aplicar tanto penas como medidas de seguridad pues subsisten los fundamentos de unas y otras.

B.2. Normas que rigen la ejecución

En los casos de semiimputabilidad como los descritos se han de seguir las siguientes indicaciones:

  1. Se procede a la individualización de la pena que le corresponde al sujeto por el delito cometido teniendo en cuenta todos los factores que rigen a tal efecto (ver supra lección 32). Ello, obviamente, pasa por considerar la aplicación de la eximente incompleta que se deriva de la situación de semiimputabilidad en que se encuentra el sujeto.
     Ej. 34.7: Si Miguel Ángel es considerado autor material de un homicidio consumado del art. 138.1 CP y concurre en su persona la eximente incompleta de anomalía psíquica del art. 21.1 CP en relación con el art. 20.1 CP, el marco penal que le corresponde sobre el que debe operar la individualización judicial sería de 2 años y 6 meses a 5 años menos 1 día (se ha optado por rebajar los dos grados de acuerdo con lo que permite el art. 68 CP por la concurrencia de la eximente incompleta). Imaginemos que el juez, al individualizar la pena tomando como referencia ese marco penal, impone a Miguel Ángel una pena de prisión de 3 años. Dicha pena refleja, a juicio del juez o tribunal sentenciador, el grado de culpabilidad del sujeto, pero quizá resulte insuficiente desde el punto de vista preventivo especial, en caso de que el sujeto presente una alta peligrosidad criminal. La existencia de este peligro permite la aplicación adicional de la medida de seguridad en los términos que seguidamente se describen.
  2. Además de la pena individualizada, que en el ejemplo propuesto sería de 3 años de prisión, el juez o tribunal puede imponer una medida de seguridad que, en este caso, podría ser privativa de libertad pues la pena impuesta también lo es, si ello resultase necesario en atención a la peligrosidad del sujeto. Se podría proceder al internamiento del sujeto en un centro adecuado a su peligrosidad y a la dolencia que padeciera. Dicho internamiento no podría durar más que «la pena prevista por el Código penal para el delito» (art. 104.1 CP). La extensión temporal de la medida puede superar, como habrá ocasión de comprobar, a la de la pena impuesta dado que aquella se establece sobre la base de la peligrosidad del sujeto y esta sobre su grado de culpabilidad tal y como quedó reflejado más arriba.

    Así las cosas, a efectos de determinar la duración máxima que pudiera alcanzar la medida de seguridad, es preciso interpretar la expresión «pena prevista por el Código penal para el delito». Nos encontramos con una tercera fórmula utilizada por el legislador para determinar la duración máxima que puede tener la medida de seguridad privativa de libertad. Dicha fórmula no se corresponde con la establecida por los arts. 101.2, 102.2 y 103.2 CP para los casos de inimputabilidad que se refiere al «tiempo que habría durado la pena privativa de libertad si el sujeto hubiese sido declarado responsable» y tampoco coincide, aunque se asemeja, a la que contempla la regla general del art. 6.2 CP que alude, a estos efectos, a la «a la pena abstractamente aplicable al hecho cometido». Sería deseable que el legislador se decantara por una única fórmula para evitar la confusión que esta pluralidad de previsiones genera. Con todo, la interpretación de la expresión «pena prevista por el Código penal para el delito» establecida para los supuestos de aplicación conjunta de penas y medidas de seguridad despierta cierto consenso. La opinión mayoritaria entiende que la misma se corresponde con el límite máximo del marco penal de la figura delictiva cometida por el sujeto en atención al grado de ejecución alcanzado y al grado de participación, sin considerar las circunstancias atenuantes y agravantes genéricas que pudieran concurrir.

     Ej. 34.8: En el ejemplo 34.7 dicho marco penal sería de 10 a 15 años de prisión que es el previsto para el autor del delito consumado de homicidio del art. 138.1 CP. Se toma como referente el límite máximo de dicho marco penal o sea, 15 años de prisión, para determinar la duración máxima de la medida de seguridad que no podrá extenderse más allá de esos 15 años. Si el delito cometido hubiese sido el asesinato consumado de un menor de 16 años, la medida de seguridad podría tener una duración indeterminada pues la pena que se podría haber impuesto en caso de que el sujeto hubiese sido imputable (la pena de prisión permanente revisable), también lo es (art. 140.1.1 CP).

    Por otro lado, es preciso recordar que en estos casos de semiimputabilidad en los que se aplica el sistema vicarial rigen las mismas reglas que determinan la naturaleza de medida o medidas a aplicar cuando se trata de sujetos inimputables. La naturaleza de la pena privativa o no privativa de libertad que se podría haber impuesto, así como la peligrosidad criminal que presente el sujeto, serán determinantes para aplicar medidas privativas de libertad (que podrán ir o no acompañadas de medidas no privativas de libertad) o medidas no privativas de libertad.

  3. La ejecución en casos de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad viene establecida por el art. 99 CP. Según este precepto, el juez o tribunal sentenciador ordenará el cumplimiento de la medida que se abonará al de la pena. Dicho cumplimiento se llevará a cabo de acuerdo con las reglas previstas en los arts. 97 y 98 CP ya analizados. Una vez alzada la medida de seguridad, el juez o tribunal podrá, si con la ejecución de la pena se pusieran en peligro los efectos conseguidos a través de aquella, suspender el cumplimiento del resto de la pena por un plazo no superior a la duración de la misma, o aplicar alguna de las medidas de seguridad no privativas de libertad previstas en el art. 96.3 CP.
     Ej. 34.9: Volvamos a los ejemplos 34.7 y 34.8. El sujeto semiimputable que cometió un delito de homicidio del art. 138.1 CP empieza cumpliendo una medida de seguridad privativa de libertad y permanece dos años en un centro de internamiento. Supongamos que trascurrido ese tiempo su peligrosidad desaparece por lo que la medida cesa. En ese momento al sujeto solo le quedaría por cumplir un año de la pena de prisión puesto que el tiempo de cumplimiento de la medida se debe abonar al de la pena. Esa pena de prisión de un año podría ejecutarse o bien quedar en suspenso si dicha ejecución pone en peligro los logros obtenidos con la medida.

El vigente Código penal no especifica la regla a seguir de cara a la ejecución de penas y medidas de seguridad impuestas a semiimputables cuando unas y otras no son privativas de libertad. No queda claro si, en estos supuestos, la medida se ha de cumplir antes, durante o después de la pena impuesta ni si el cumplimiento de la medida se abona al de la pena.

Quizá en estos casos habría que optar, siempre que fuera posible, por el cumplimiento simultáneo de penas y medidas aplicando analógicamente lo establecido en el art. 73 CP.

B.3. Semiimputables condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o por delitos cometidos por organizaciones o grupos criminales o delitos de terrorismo

Si los sujetos semiimputables hubiesen sido condenados a penas de prisión por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o a penas privativas de libertad por la comisión de delitos cometidos por organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código penal, en sentencia se podrá o se deberá, según los casos, imponer a los mismos, además de la pena atenuada y la medida de seguridad correspondiente, el cumplimiento de la medida de la libertad vigilada en los términos establecidos, respectivamente, en los arts. 191.2 y 579.3 CP.

En estos casos se podrá aplicar en primer lugar el sistema vicarial de concurrencia de penas y medidas de seguridad, teniendo en cuenta lo explicado en los apartados anteriores y, una vez cumplido el régimen de medidas y penas impuestas, los sujetos deberán cumplir la medida de la libertad vigilada en los términos que se describen más adelante (ver infra apartado 4 de la presente lección).

B.4. Semiimputables condenados por otros delitos que permiten la imposición de la libertad vigilada

Nos referimos a los condenados por delitos del Título I, Libro II del CP (art. 140 bis CP), por delitos de lesiones siempre que la víctima sea alguno de los sujetos a los que se refiere el art. 173.2 CP (art. 156 ter CP) o por el delito de violencia física o psíquica habitual del art. 173.2 CP (art. 173.2 CP).

En estos casos se podrá aplicar en primer lugar el sistema vicarial de concurrencia de penas y medidas de seguridad, teniendo en cuenta lo explicado en los apartados anteriores y, una vez cumplido el régimen de medidas y penas impuestas, los sujetos podrán cumplir la medida de la libertad vigilada en los términos que se describen más adelante (ver infra apartado VI.4 de la presente lección). No obstante, el vigente Código penal, tras la reforma de LO 1/2015, de 30 de junio, no determina la forma de proceder en estos casos, ya que solo prevé la forma de ejecución de la libertad vigilada cuando la misma se impone además de una pena privativa de libertad para cumplirse con posterioridad a la misma, es decir en los términos de los arts. 191.2 y 579.3 CP (ver art. 106.2 CP).

C. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPUESTAS A INIMPUTABLES O SEMIIMPUTABLES

El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar a que el juez o tribunal ordene el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado (art. 100.1 CP).

Si se tratare de otras medidas, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución de la quebrantada por la de internamiento, si esta estuviese prevista para el supuesto de que se trate y si el quebrantamiento demostrase su necesidad (art. 100.2 CP).

En ambos casos el juez o tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento. Se entiende que el testimonio se ha de deducir por la presunta comisión de un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP.A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate (art. 100.3 CP). Este último inciso del apartado tercero se introdujo en virtud de la LO 5/2010, de 22 de junio.

D. LA EJECUCIÓN DE LA LIBERTAD VIGILADA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD IMPUESTA A SUJETOS IMPUTABLES

D.1. Presupuestos de aplicación y régimen de ejecución

D.1.1. Condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o por delitos cometidos por organizaciones y grupos terroristas, o delitos de terrorismo

Como se desprende de lo expuesto en apartados anteriores, la medida de libertad vigilada se puede o se debe imponer en sentencia, según los casos, a los sujetos condenados a penas de prisión por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales o a penas privativas de libertad por la comisión de delitos cometidos por organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo, con una extensión que puede variar en función de la gravedad de la pena impuesta. Los condenados deberán cumplir la libertad vigilada con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad (ver arts. 191.2 y 579.3 CP).

En estos supuestos, según dispone el párrafo segundo del art. 106.2 CP, al menos dos meses antes de la extinción de la pena o penas privativas de libertad, de modo que la medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento; el juez de vigilancia penitenciaria elevará la oportuna propuesta al juez o tribunal sentenciador que determinará el contenido concreto de la medida de libertad vigilada fijando las obligaciones o prohibiciones del art. 106 CP (analizadas en apartados anteriores de la presente lección). Por otro lado, el penado a quien se hubieren impuesto por diversos delitos otras tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de manera sucesiva (ver último párrafo del art. 106.2 CP).

Una vez acordado el contenido concreto de la libertad vigilada, el juez o tribunal sentenciador puede dejar sin efecto la medida antes de que se proceda a su ejecución si esta se considera innecesaria o contraproducente en atención al pronóstico positivo de reinserción del penado (ver apartado c) del art. 106.3 CP) que se recibiera por parte de las administraciones, facultativos y profesionales a los que alude el art. 98.1 CP.

En caso contrario, se procede a la ejecución de la medida y, durante la misma, el juez o tribunal sentenciador debe recabar informes de las autoridades a las que se hizo alusión en el párrafo anterior acerca de la situación y evolución del condenado, su grado de rehabilitación y el pronóstico de reincidencia o reiteración delictiva.

Con base en el contenido de dichos informes el juez o tribunal sentenciador podrá, según se establece en el art. 106.3 CP:

a) Modificar en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas.
b) Reducir la duración de la libertad vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones impuestas.
D.1.2. Sujetos condenados por otros delitos que permiten la imposición de la libertad vigilada

Nos referimos a los supuestos introducidos en virtud de la LO 1/2015, de 30 de marzo, que ya han sido analizados. Tal y como se indicó, en estos casos el vigente Código penal no establece si la medida de libertad vigilada se ha de cumplir antes o después de la pena. En este sentido, el art. 106.2 CP solo se refiere a los casos de imposición obligatoria de la libertad vigilada «para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta siempre, que así lo disponga de manera expresa» el Código penal. Por su parte, los supuestos que introduce la reforma de 2015 regulados en los arts. 140 bis, 156 ter y 173.2 CP se refieren a casos de imposición potestativa de la libertad vigilada y en los que no necesariamente el sujeto ha sido condenado a una pena privativa de libertad (recordemos que el requisito es haber sido condenado por determinados delitos y, dentro de los mismos, hay muchos que no se conminan con penas de esta naturaleza).

El vigente Código penal deja así un vacío legal puesto que no regula el modo en que la libertad vigilada se ha de ejecutar en estos casos: no se sabe si se debe ejecutar antes, después o durante el cumplimiento de la pena impuesta (por ejemplo, si la pena impuesta es de multa se podría cumplir al mismo tiempo que la medida de libertad vigilada).

En cualquier caso, parece razonable, dado el fundamento con el que se introdujo inicialmente en nuestro ordenamiento la libertad vigilada, que esta se ejecute con posterioridad a la pena si dicha pena es privativa de libertad y, en tal caso, siguiendo el régimen establecido en los apartados 2 y 3 del art. 106 CP. Si la pena no es privativa de libertad, quizá convendría proceder al cumplimiento simultáneo de pena y medida siempre que ello fuera posible y en atención a una aplicación analógica de lo establecido en el art. 73 CP.

D.2. Incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones en que consista la libertad vigilada

En caso de incumplimiento de una o varias obligaciones el juez o tribunal, a la vista de las circunstancias concurrentes y por el mismo procedimiento indicado en los números anteriores, podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. Si el incumplimiento fuera reiterado o grave, o revelador de la voluntad de no someterse a las obligaciones o prohibiciones impuestas, el juez deducirá, además, testimonio por un delito del art. 468 CP (ver art. 106.4 CP).

E. EXTINCIÓN DE LA MEDIDA DE SEGURIDAD

La extinción de la medida o medidas de seguridad impuestas puede tener lugar por los siguientes motivos de acuerdo con lo establecido en el art. 97 CP:

  1. Porque se haya alcanzado el límite máximo de duración que se hubiese establecido para las mismas, tanto si estas se hubiesen establecido como medidas originarias o como medidas sustitutivas de otras inicialmente impuestas.
  2. Porque antes de alcanzar dicho límite máximo se hubiera decretado el cese de la medida por parte del juez o tribunal, al haber desparecido la peligrosidad del sujeto.
  3. En caso de que se hubiese acordado la suspensión de la medida, hubiese finalizado el plazo de suspensión y se hubiesen cumplido todas las condiciones establecidas al acordarse la misma.

Con todo, hay que recordar que tras la LO 1/2015, de 30 de marzo, cabe la posibilidad de que la medida de seguridad tenga una duración indeterminada y no se extinga hasta que no se produzca el fallecimiento del sujeto destinatario de la misma. Ello puede ocurrir, como ya se apuntó, cuando el sujeto comete como autor alguno de los delitos que se castigan con prisión permanente revisable y consuma la infracción.

Esta circunstancia a la que puede abocar la reforma de 2015 nos debe hacer reflexionar, una vez más, sobre la legitimidad de una pena como la prisión permanente revisable. Y es que esta clase de castigo se puede traducir en el encierro a perpetuidad de personas enfermas no culpables, lo que vulneraría su dignidad(art. 10 CE) y la prohibición de tratos inhumanos y degradantes ex art. 15 CE.