Body

Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo al vigente Código penal aparecen previstas en el art. 96 CP. Este precepto diferencia entre medidas privativas y no privativas de libertad.

A. MEDIDAS DE SEGURIDAD PRIVATIVAS DE LIBERTAD

A.1. Naturaleza y finalidad

Privan al sujeto de su libertad ambulatoria dado que su cumplimiento exige que el mismo permanezca en un centro de internamiento adecuado a su peligrosidad en el que recibe tratamiento. La finalidad de estas medidas es, por ello, terapéutica y resocializadora pero también asegurativa o inocuizadora, en tanto que mantienen al sujeto aislado de la sociedad durante su aplicación.

A.2. Sujetos destinatarios y centros de internamiento

Las medidas de seguridad privativas de libertad solo pueden aplicarse a los sujetos declarados inimputables o semiimputables de acuerdo con lo indicado en apartados anteriores y si la pena que se les hubiera impuesto, de haber sido considerados penalmente responsables de los hechos cometidos, también fuera privativa de libertad (art. 95.2 CP).

La medida privativa de libertad también exige para su imposición que resulte necesaria en atención a la peligrosidad del sujeto (art. 101.1 CP). Se entiende que esta necesidad se da cuando la peligrosidad no pueda ser conjurada mediante otro tipo de medidas.

El art. 96.2 CP permite diferenciar entre distintos tipos de centros de internamiento que se perfilan como el destino del sujeto al que se le aplique la medida de seguridad privativa de libertad, en función de la anomalía o problema que padezca. En este sentido, se distinguen tres tipos de centros que se estudian a continuación.

A.2.1. Centros de internamiento psiquiátricos

A ellos se refiere el art. 96.2.1 CP. En ellos pueden ser internados los sujetos inimputables por causa de anomalía o alteración psíquica a la que hacen referencia los arts. 20.1 y 101.1 CP, o los sujetos semiimputables por ese mismo motivo (ver arts. 21.1 en relación con 20.1 y 104.1 CP). El centro de internamiento psiquiátrico de destino deberá ser el que resulte más adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que padezca el sujeto (art. 101.1 CP). En este sentido, también se puede proceder al internamiento de estos sujetos en un centro educativo especial del art. 96.2.3 CP, si ello resultara más conveniente para el tratamiento de su dolencia. Estos centros serán objeto de posterior análisis.

En el RD 190/1996 (ver supra lección 29) se regulan los establecimientos o unidades psiquiátricas penitenciarias que se definen en su art. 183 como los «centros destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad aplicadas por los Tribunales correspondientes» y que se consideran centros penitenciarios especiales según el art. 11 LOGP. Parece, por tanto, que el internamiento en un centro psiquiátrico debería en principio cumplirse en dichos establecimientos, si bien los arts. 96.2 y 101.1 CP que regulan las medidas de seguridad, no establecen ninguna previsión expresa al respecto. Por otro lado, la doctrina ha denunciado la escasez de estos centros en el sistema penitenciario español lo que impide, en algunos casos, dar adecuada respuesta a los enfermos psiquiátricos inimputables o semiimputables que cometen hechos constitutivos de delito.

A.2.2. Centros de internamiento de deshabituación

A ellos se refiere el art. 96.2.2 CP. En los mismos se puede privar de libertad a los sujetos considerados inimputables por las causas previstas en los arts. 20.2 y 102.1 CP, y a los que resulten semiimputables por los mismos motivos (arts. 21.1 CP y 104.1 CP).

El art. 102.1 CP establece que, en estos casos, el internamiento tendrá lugar en un centro de deshabituación público o privado debidamente homologado. Por su parte, el art. 182 RD 190/1996, dentro del capítulo de cumplimiento en unidades extra penitenciarias, se refiere a los internamientos en centros de deshabituación estableciendo en su apartado 3 que la «…La Administración Penitenciaria correspondiente celebrará los convenios necesarios con otras Administraciones Públicas o con entidades colaboradoras para la ejecución de las medidas de seguridad privativas de libertad previstas en el Código penal».

De todo ello se desprende que los centros de deshabituación, sean públicos o privados, se ubican fuera del sistema penitenciario.

A.2.3. Centros de internamiento educativos especiales

Aparecen previstos en el art. 96.2.3 CP. En ellos se puede proceder al internamiento de dos categorías de sujetos:

  1. Sujetos inimputables o semiimputables por razón de anomalía o alteración psíquica (ver supra apartado 1.2.1. del presente epígrafe), siempre que ello sea más adecuado para el tratamiento de su dolencia. En caso contrario se debería optar por el centro psiquiátrico de internamiento.
  2. Sujetos inimputables o semiimputables por padecer una alternación de la percepción que altere gravemente la conciencia de la realidad (ver arts. 20.3, 103.1 y 104.1 CP).

El RD 190/1996 no se refiere expresamente a este tipo de centros de internamiento educativos especiales. No obstante, la referencia en dicho reglamento que, por su amplitud, podría abarcar este tipo de establecimientos sería la de su art. 183 que alude a las unidades psiquiátricas penitenciarias como los lugares destinados al cumplimiento de las medidas de seguridad privativas de libertad impuestas por los tribunales.

B. MEDIDAS DE SEGURIDAD NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD

B.1. Naturaleza y finalidad

Aparecen enumeradas en el apartado 3 del art. 96 CP y privan al sujeto de derechos distintos de la libertad ambulatoria. Se trata de las siguientes medidas:

  • Inhabilitación profesional.
  • Expulsión del territorio nacional de los extranjeros no residentes legalmente en España.
  • La custodia familiar.
  • La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
  • La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

La reforma de LO 5/2010, de 22 de junio, simplificó el régimen de las medidas no privativas de libertad al incluir muchas de las que existían antes de este cambio legislativo dentro de la medida de libertad vigilada, medida que dicha reforma introdujo y cuyo contenido se analizará más adelante.

B.2. Sujetos destinatarios

Salvo la expulsión del territorio nacional que solo puede imponerse a los ciudadanos extranjeros que no residan legalmente en España y que, de acuerdo con lo ya explicado, no tiene naturaleza de medida de seguridad más allá de un plano puramente formal, el resto de medidas no privativas de libertad puede aplicarse a los sujetos considerados inimputables o semiimputables, que fueron objeto de análisis en los apartados anteriores, siempre que se den los presupuestos necesarios que ya fueron analizados.

Por su parte, a los imputables condenados por delitos de homicidio, lesiones, violencia física o psíquica habitual (art. 173.2 CP), se les puede aplicar además de la pena objeto de la condena, la libertad vigilada como medida de seguridad no privativa de libertad. Asimismo, los condenados a penas de prisión por la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, y los condenados a penas privativas de libertad en casos de criminalidad organizada y delitos de terrorismo se les deberá o se les podrá aplicar, según los casos, la medida de seguridad de libertad vigilada para que la misma se cumpla con posterioridad a la ejecución de la pena.

B.3. Análisis de las distintas medidas no privativas de libertad

En el presente apartado se procede exclusivamente al estudio de la custodia familiar y de la libertad vigilada pues el resto de medidas de seguridad no privativas de libertad tienen el mismo contenido que algunas penas privativas de otros derechos que ya fueron analizadas (ver supra lección 30). En lo que respecta a la expulsión del territorio nacional aplicable a los ciudadanos extranjeros que no residen legalmente en España, nos remitimos a lo dicho en apartados anteriores de la presente lección así como a lo expuesto en la lección 33.

Hay que señalar, no obstante, que cuando la expulsión se aplica como medida de seguridad que sustituye a otras medidas de seguridad impuestas a ciudadanos extranjeros inimputables o semiimputables que residan ilegalmente en España, la prohibición de entrada es, en todo caso, de diez años (art. 108.2 CP).

La prohibición de entrada, en los casos en que la expulsión se impone en sustitución o además de la pena de prisión impuesta a ciudadanos extranjeros puede durar entre 5 y 10 años (art. 89.5 CP). Esta diferencia carece de justificación y probablemente se deba a un descuido del legislador quizá provocado por la celeridad y urgencia con que se llevan a cabo últimamente las reformas de las leyes penales en España. Ello porque el plazo de prohibición de entrada era también de diez años para todos los casos en que la expulsión se aplicaba en sustitución de la pena privativa de libertad impuesta a extranjeros no residentes legalmente en España antes de la reforma de LO 5/2010, de 22 de junio, que, sin embargo, no modificó el referido plazo cuando la expulsión se aplica como sustitutiva de otra medida de seguridad, permitiendo la quiebra de los principios de igualdad y proporcionalidad (ver supra lección 33). Tampoco la LO 1/2015, de 30 de marzo, que ha modificado sustancialmente el régimen de sustitución de la pena de prisión impuesta a ciudadanos extranjeros, ha corregido este error.

B.3.1. La custodia familiar

Según el art. 96.3.4 CP, el sometido a la custodia familiar quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el juez de vigilancia penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado.

B.3.2. La libertad vigilada

El contenido de esta medida aparece descrito en el art. 106 CP con el siguiente tenor:

1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas:
a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente.
b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca.
c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el juez o Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo.
d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del juez o Tribunal.
e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal.
f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal.
g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos.
h) La prohibición de residir en determinados lugares.
i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares.
k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico periódico.

Esta medida ya prevista, aunque con un contenido en parte distinto, por la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, constituye, como ya se indicó, una de las novedades introducidas por la reforma de LO 5/2010, de 22 de julio.

La importancia de este cambio legislativo debe ser matizada porque lo novedoso de la libertad vigilada no radica en su contenido. En este sentido, se perfila como una medida que aglutina a otras ya existentes antes de la reforma de 2010 que coinciden en su mayoría con penas privativas de otros derechos ya analizadas, y que ahora aparecen como privaciones de derechos u obligaciones en los que la libertad vigilada se puede concretar.

La finalidad principal e inmediata de la gran mayoría de tales prohibiciones y obligaciones es meramente asegurativa pues las mismas se orientan a evitar o dificultar que el sujeto cometa nuevos delitos. El componente resocializador o terapéutico se advierte con más claridad en las obligaciones a las que se refieren los apartados j) y k) del art. 106.1 CP.

Lo verdaderamente novedoso de la libertad vigilada es el hecho de que la misma se pueda o se deba aplicar, según los casos, a los sujetos imputables condenados a penas de prisión, por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, o a penas privativas de libertad impuestas por terrorismo o criminalidad organizada, con posterioridad al cumplimiento de dichas penas y sobre la base de un pronóstico de peligrosidad que se calcula en atención a la gravedad del delito cometido. La cuestionable legitimidad de esta aplicación de la libertad vigilada ya se puso de manifiesto en apartados anteriores de la presente lección. Como también se indicó, la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, amplía la posibilidad de aplicar la libertad vigilada a sujetos imputables condenados por determinados delitos, distintos de los mencionados, y sobre la base de un régimen que no está, ni mucho menos, exento de problemas.