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A. NATURALEZA Y FUNDAMENTO

El incumplimiento de la pena de multa conduce a la responsabilidad personal subsidiaria del penado que el art. 35 CP clasifica como pena privativa de libertad. Esta previsión legal, sin embargo, no debeconducir a pensar que nos encontramos ante una categoría de pena privativa de libertad distinta de la prisión o de la localización permanente.

Como se podrá comprobar, esta responsabilidad, fruto del impago de la multa, se puede cumplir a través de la pena de prisión o de la de localización permanente. El sistema vigente también permite que la responsabilidad personal subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad, si bien ello resulta potestativo por parte del juez y además requiere siempre el consentimiento del penado.

En definitiva: la responsabilidad personal subsidiaria no constituye una pena diferente del resto sino que su contenido puede ser el de las penas privativas de libertad ya analizadas o, en su caso, el de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, privativa de otros derechos.

Por otro lado, esta responsabilidad subsidiaria encuentra su fundamento o su razón de ser en el hecho de que la multa, al tener una naturaleza pecuniaria, es susceptible de incumplimiento por el penado que carezca de medios económicos. Esta realidad pone de manifiesto una carencia de la multa que debe ser resuelta de alguna manera para evitar que la infracción penal de la que se consideró responsable al penado y por la que se le condenó quede impune y con ello se produzca además la quiebra del principio de inderogabilidad de la penas.

Los argumentos descritos fueron esgrimidos por el Tribunal Constitucional durante la vigencia del Código penal de 1973 en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado contra la antigua pena de arresto sustitutorio (ver STC 19/1988, de 16 de febrero), si bien en dicho fallo se recomendaba al legislador optar por formas menos gravosas para responder al impago de la multa. Esta recomendación la ha seguido en parte el legislador actual al permitir que la ejecución de la privación de libertad resultante de dicha responsabilidad se pueda suspender o que dicha responsabilidad se pueda cumplir con trabajos en beneficio de la comunidad.

No obstante, el que un sujeto inicialmente condenado a una multa acabe cumpliendo una pena más grave, como es la privativa de libertad, porque su situación económica le impide cumplir aquella, no deja de suscitar serias objeciones, entre las que se pueden destacar las siguientes:

  1. La vulneración del principio de igualdad: el individuo sin recursos económicos acaba cumpliendo una pena más grave que el individuo solvente cuando la gravedad de los hechos cometidos por ambos puede ser la misma. El hecho de que la ley vigente permita que la responsabilidad personal subsidiaria pueda cumplirse mediante los trabajos en beneficio de la comunidad no resuelve este problema, toda vez que la aplicación de los mismos es potestativa por parte del juez o tribunal sentenciador y además siempre requiere el consentimiento del penado. Tampoco está claro que la gravedad de los trabajos en beneficio de la comunidad sea similar a la de la pena de multa:
    La realización de tareas de utilidad pública sin remuneración puede no ser equiparable, sino más gravosa que la mera entrega de dinero.
  2. La quiebra del principio de proporcionalidad: la multa impuesta originariamente se prevé como la pena adecuada a la gravedad de los hechos cometidos por el penado y no así la pena privativa de libertad que finalmente puede acabar cumpliendo.

    Por otro lado, la proporcionalidad resulta asimismo vulnerada en la medida en que la pena privativa de libertad puede no resultar necesaria para evitar el incumplimiento de la multa, dado que el legislador podría haber optado por la aplicación de otras penas de menor gravedad, como algunas de las privativas de otros derechos, distintas de los trabajos en beneficio de la comunidad.

    En Derecho comparado se recurre a medidas similares a la libertad vigilada que nuestro sistema legal solo prevé como medida de seguridad aplicable en ciertos supuestos que serán analizados más adelante (ver infra lección 34).

  3. Si la finalidad que se perseguía con la pena multa era, entre otras, evitar el recurso a la pena privativa de libertad de corta duración, la responsabilidad personal subsidiaria, tal y como está prevista por la regulación vigente, constituye un contrasentido.

B. REGULACIÓN

B.1. Presupuesto de la responsabilidad personal subsidiaria

El presupuesto de la responsabilidad personal subsidiaria es el impago de la multa. El art. 53.1 CP entiende que el mismo tiene lugar cuando el condenado no satisface, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta. Por tanto, el penado no puede elegir entre pagar la multa impuesta o quedar sujeto a la responsabilidad personal subsidiaria cumpliendo una pena privativa de libertad o de trabajos en beneficio de la comunidad. Lo que el precepto establece es que si el condenado no paga la multa voluntariamente, se procede al intento de ejecutar la misma de forma forzosa por la vía del apremio y solo cuando esta segunda vía resulta ineficaz, quedará el condenado sujeto a la correspondiente responsabilidad personal subsidiaria.

El Código penal no determina la forma en la que se debe realizar este procedimiento de apremio. La opinión dominante aboga por aplicar los procedimientos civiles que se arbitran para el cobro de deudas y los penales que se acuerdan para la adopción de medidas asegurativas de carácter pecuniario, como las fianzas o los embargos (arts. 589 y ss. LECrim).

B.2. Las formas de conversión de la multa impagada

Las formas de conversión difieren en función del tipo de multa que se haya incumplido. Caben por tanto dos posibilidades que se corresponden con las dos clases de multa que prevé el sistema vigente y que se analizan en los siguientes apartados.

B.2.1. La conversión de la multa por cuotas (art. 53.1 CP)
a) Conversión de la multa por cuotas en prisión o en localización permanente

Si la multa por cuotas originariamente impuesta lo fue por un delito grave o menos grave el penado deberá cumplir un día de prisión por cada dos cuotas diarias no satisfechas. En caso de delitos leves la responsabilidad se cumplirá por días de localización permanente. Si el incumplimiento de la multa fue parcial se calculará el número de cuotas impagadas para realizar la correspondiente conversión. La opinión dominante entiende que si el número de las cuotas es impar se descontará la última cuota.

La extensión de la prisión resultante puede rebasar el límite mínimo de duración de esta pena que ya fue analizado (ver supra lección 28 y art. 36.2 CP). En este sentido, la pena resultante de prisión puede ser inferior a tres meses. Por otro lado, la duración de la prisión resultante de la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa no puede, en ningún caso, superar el límite temporal máximo de veinte años que el art. 36.2 CP establece para la prisión. Ello porque, como ya se apuntó, la multa por cuotas no puede durar más de siete años y seis meses por lo que la prisión resultante del impago de la misma alcanzaría los tres años y nueve meses de extensión.

Con respecto a la ejecución de la prisión en estos casos, la misma se cumpliría de forma ininterrumpida en un establecimiento penitenciario que podría ser el de preventivos si la pena impuesta es igual o inferior a seis meses, o el de cumplimiento si tuviese una duración mayor (ver supra lección 29). No obstante, si la prisión fuese inferior a dos años su ejecución se podría suspender de concurrir los requisitos establecidos a tal efecto (ver arts. 80 y ss. CP e infra lección 33).

En caso de que la pena resultante fuese la de localización permanente su limite mínimo sería de 3 días, teniendo en cuenta que la multa en estos casos no puede ser inferior a 7 días. Ello considerando, por un lado, el Ej. 31.1 y, por otro, que tras la LO 1/2015, de 30 de marzo, ningún precepto de la Parte especial prevé la multa como pena principal originaria inferior al mes de duración. Con respecto al límite máximo, este en principio sería de un mes y 15 días, teniendo en cuenta que la multa por delito leve no puede superar los tres meses de duración como se desprende del apartado g) del art. 33.4 CP. La ejecución de la pena de localización permanente resultante se realizaría conforme a las reglas generales ya analizadas (ver supra lección 29), y siempre en un lugar distinto de un centro penitenciario.

Ello sin perjuicio de que la ejecución de la pena de localización permanente así impuesta se pueda suspender conforme a lo establecido en los arts. 80 y ss. CP (ver infra lección 33).

b) La conversión de la multa por cuotas en trabajos en beneficio de la comunidad

El segundo párrafo del art. 53.1 CP establece que el juez o tribunal podrá, previa conformidad del penado, acordar que la responsabilidad personal subsidiaria se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad. En este caso, cada día de privación de libertad equivaldrá a una jornada de trabajo. Ello significa que en todo caso y con independencia de que la multa impagada haya sido impuesta por la comisión de un delito grave, menos grave o leve, la responsabilidad personal subsidiaria se puede cumplir mediante la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Tal posibilidad la puede acordar el juez o tribunal de forma potestativa y exige el consentimiento del penado. No obstante, en la práctica, si este lo solicita, el órgano judicial lo suele conceder salvo en casos excepcionales (ver, entre otras, las SSAP de Lleida 20/06/2007 y de Pontevedra de 26/10/2009).

B.2.2. La conversión de la multa proporcional

El art. 53.2 CP dispone que en los supuestos de multa proporcional los jueces y tribunales establecerán, según su prudente arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de duración. Esta previsión ha sido duramente criticada por la doctrina por su indeterminación. La jurisprudencia ha tratado de establecer reglas de conversión similares a las que rigen para la multa por cuotas y suplir así las carencias de este precepto.

 Ej. 31.3: La STS 9076/2000, de 11 de diciembre, tomando como referencia los límites que rigen para determinar el importe de la cuota diaria de la multa por cuotas, entiende que debe imponerse un día de privación de libertad cuando se trate del impago de una cantidad comprendida, en todo caso, entre un mínimo de cuatro euros, equivalente a dos cuotas no satisfechas que tuvieran el importe mínimo que la ley establece para este tipo de multa, y un máximo de ochocientos, equivalente a dos cuotas no satisfechas que tuvieran el importe máximo.

En cualquier caso, cuando la multa impagada es proporcional, la responsabilidad personal subsidiaria únicamente se podrá cumplir con la pena de prisión, teniendo en cuenta que este tipo de multa solo se prevé para delitos graves y menos graves y no para delitos leves. No obstante y del mismo modo que rige para la responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa por cuotas, el juez o tribunal podrá acordar, previa conformidad del penado, que la responsabilidad subsidiaria por el impago de la multa proporcional se cumpla mediante trabajos en beneficio de la comunidad (ver último inciso del art. 53.2 CP).

B.2.3. Reglas comunes

Tanto en el caso de impago de la multa por cuotas como en el de la multa proporcional, rigen las siguientes reglas a efectos de determinar la responsabilidad personal subsidiaría que se derive del mismo:

  1. El art. 53.3 CP establece que la responsabilidad personal subsidiaria no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior a cinco años. Esto no significa que queden exentos del pago de la multa que se les hubiera impuesto, pues siempre habrá que intentar que la misma se satisfaga bien voluntariamente o por vía de apremio.

    La jurisprudencia actual aplica este precepto cuando el penado debe cumplir, además de la multa, un periodo de privación de libertad superior a cinco años, con independencia de que el mismo sea el resultado de una o varias penas privativas de libertad impuestas por uno o varios delitos en la misma sentencia (ver STS 2410/1998, de 14 de abril y Circular FGE 2/2004, de 22 de diciembre).

  2. El art. 53.4 CP establece que el cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria extingue la obligación del pago de la multa aunque mejore la situación económica del penado.