Body

El Código penal regula la pena de multa en los arts. 50 a 53. Del contenido de estos preceptos se desprende que la ley penal vigente diferencia dos clases de multa: la que se establece con base en el sistema de días multa y la multa proporcional. Ambas modalidades serán objeto de estudio en los apartados siguientes.

No obstante, cabe señalar que algunos tipos delictivos que tienen prevista como principal la pena de multa establecen para su determinación un sistema mixto que combina reglas propias del sistema de días multa y de la multa proporcional. Así por ejemplo, el delito de daños en la propiedad ajena se castiga con la pena de multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si este excediera de cuatrocientos euros (ver art. 263.1 CP).

A. EL SISTEMA DE DÍAS MULTA

El sistema de días multa, al que la opinión más extendida le atribuye un origen escandinavo cuando su génesis es más difusa y se ubica, según algunos, en Brasil, constituyó una de las novedades del Código penal de 1995. De acuerdo con el art. 50.2 CP es el que se impone con carácter general salvo que la Ley disponga otra cosa. La multa establecida en virtud de este sistema, también conocida como «multa por cuotas», aparece prevista como pena principal, única, acumulativa o alternativa en la regulación de algunos tipos delictivos y como pena sustitutiva, junto con la de trabajos en beneficio de la comunidad y la de localización permanente, de la pena de prisión inferior a tres meses, conforme a lo establecido en el art. 71.2 CP.

A.1. Parámetros para determinar la pena de multa en el sistema de días multa

La determinación de la multa conforme a este sistema exige la fijación de dos parámetros teniendo en cuenta tanto la gravedad de los hechos y el grado de culpabilidad del responsable como su capacidad económica. Los parámetros sobre los que se asienta la multa son los que se explican a continuación:

i) La extensión temporal, que puede ser de días, meses o años, entendiendo que los meses tienen treinta días y los años trescientos sesenta (ver apartados 3 y 4 del art. 50 CP). El art. 50.4 CP establece que los jueces o tribunales determinarán motivadamente la extensión temporal de la multa dentro de los límites establecidos para cada delito, y según las reglas generales para la aplicación de las penas previstas en los arts. 61 y ss. CP. La gravedad de los hechos y la culpabilidad del infractor incidirán en este aspecto de la determinación de la multa.Así, la extensión temporal de la multa se establece conforme a la gravedad del delito que viene reflejada en el marco penológico que tenga previsto como castigo. Dicho marco quedará a su vez afectado por el grado de ejecución del delito en cuestión, la forma de intervención del responsable y, en caso de que se trate de delitos dolosos graves y menos graves, la concurrencia o no de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, conforme a lo establecido en el art. 66.1 CP.

El art. 50.3 CP establece que la extensión temporal mínima de la multa será de diez días y la máxima de dos años. No obstante; estos límites se pueden sobrepasar tanto por exceso como por defecto, en virtud de la aplicación de otros preceptos del Código penal.

El límite máximo temporal de la pena de multa establecido con carácter general se puede rebasar cuando se den las siguientes circunstancias:

  1. Cuando las reglas generales de la aplicación de las penas obliguen a aplicar la pena superior en grado y esta exceda de los límites máximos fijados por el Código penal para la pena de multa, su duración máxima será de treinta meses (ver art. 70.3.9 CP).
  2. Existencia de un concurso real de delitos (art. 73 CP). En tal caso al responsable se le impondrán todas las penas correspondientes a las distintas infracciones de manera que la suma aritmética de las mismas puede rebasar los limites a los que se refiere el art. 50.3 CP.

Por su parte, el limite mínimo se puede rebajar cuando, por ejemplo, la multa se prevé como pena principal originaria con una extensión mínima de un mes (tras la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, no hay preceptos en la Parte especial que prevean la pena de multa como pena principal originaria con un límite inferior al mes de duración), y haya que rebajarla dos grados en virtud de las reglas generales de aplicación de las penas [por ejemplo, en casos de tentativa, de sujeto responsable que interviene como cómplice o en supuestos en los que concurre una circunstancia eximente incompleta del art. 21.1 CP (ver art. 68 CP que, tras la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, resulta aplicable a todo tipo de infracciones penales: delitos dolosos o imprudentes graves, menos graves y leves)].

 Ej. 31.1: El delito leve de lesiones del art. 147.2 CP está castigado con una pena de multa de uno a tres meses. Supongamos que Patricio es considerado penalmente responsable como cómplice de una tentativa de este delito. Ello obligaría a rebajar la pena al menos en dos grados, lo que permite imponerle a Patricio una pena de multa inferior a 10 días (la pena inferior en un grado iría de 15 días a un mes menos un día, y la inferior en dos grados iría de 7 a 14 días —ver infra lección 32—). Algo que es, en teoría, posible tras la reforma de LO 1/2015, de 30 de marzo, toda vez que, conforme a la misma, resultan punibles, con carácter general, el delito consumado y la tentativa de delito (art. 15), con independencia de si el mismo es grave, menos grave o leve. A su vez, después del referido cambio legislativo las reglas de determinación de la pena relativas a los grados de ejecución del delito y a las formas de participación (arts. 61 a 63 CP), son aplicables a los delitos graves, menos graves y leves. Antes de la reforma a las entonces faltas, parte de las cuales son hoy delitos leves, no se les podían aplicar las reglas de determinación de la pena relativas al grado de ejecución, ni a la forma de intervención en la infracción penal (ver el derogado art. 638 CP), por lo que no cabía una rebaja de la pena como la que se describe en este ejemplo. Tampoco a las antiguas faltas que hoy son delitos leves se les podía aplicar la regla prevista en el art. 68 CP que permite bajar hasta dos grados la pena prevista por la ley para la infracción cuando concurre una eximente incompleta del art. 21.1 CP. Volviendo al ejemplo, si Patricio fuese autor de un delito leve de lesiones del art. 147.2 CP, éste estuviese consumado y concurriera en la persona de Patricio una eximente incompleta del art. 21.1 CP, cabría bajar la pena en dos grados. Ello permitiría imponerle a Patricio una pena de multa de 7 días.

ii) La cuantía de la cuota diaria se fija en euros por los jueces o tribunales que, a tal efecto, deberán tener en cuenta exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo (ver art. 50.5 CP). La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de cuatrocientos euros. La jurisprudencia entiende que el importe de la cuota diaria debe estar motivado en el fallo condenatorio y que el mismo debe dejar libre un mínimo imprescindible para el sustento del reo (ver, entre otras, SSTS 3167/2006, de 5 de mayo y 740/2006, de 10 de febrero).

La averiguación patrimonial, en la práctica, no siempre resulta posible ni fácil. Se entiende que se deben tomar en consideración únicamente los datos esenciales que señala la ley vigente, sin que sea preciso llevar a cabo una inquisición exhaustiva por parte de la Administración de Justicia, que resultaría además de imposible, dados los recursos existentes, desproporcionada.

Cuando no se disponen de datos directos, se suelen tomar como indicios de solvencia el hecho de que el reo tenga un domicilio conocido, disponga de teléfono móvil o haya contado con los servicios de un letrado (ver Circular de la FGE [Fiscalía General del Estado] 2/2004, de 22 de diciembre). Tanto la doctrina como la jurisprudencia se muestran partidarios a aplicar el importe mínimo de dos euros en casos de indigencia o miseria y no cuando no se tiene noción exacta de la situación económica del penado (ver, entre otras, la SSTS 740/2006, de 10 de febrero y 6031/2001, de 11 de julio).

Una vez se haya fijado tanto la extensión temporal como la cuantía de la cuota diaria, se podrá determinar el importe total de la multa. Teniendo en cuenta los límites temporales analizados y los que marcan el mínimo y el máximo del importe diario, la pena de multa puede ser como mínimo de veinte euros (en caso de que la multa dure diez días y su cuota diaria sea de dos euros), o de un millón ochenta mil euros (en caso de que la multa dure siete años y seis meses y su cuota diaria sea de cuatrocientos euros). Algunos consideran que estos límites pueden resultar demasiado bajos en función de la capacidad económica del penado. La cuantía del mínimo lo es en términos absolutos y la del máximo lo puede ser para casos de criminalidad organizada en el ámbito socio económico.

No obstante, lo habitual será que en estos supuestos resulte también responsable la persona jurídica si el delito se ha cometido en nombre, por cuenta o en provecho de la misma. La multa prevista en tales casos puede alcanzar una cuantía muy superior (ver infra lección 38).

A.2. Ejecución o forma de pago

Como regla general, el montante de la multa se ha de pagar de una sola vez cuando sea firme la sentencia. Algunos entienden que semejante forma de ejecución desnaturaliza el sistema de días multa, dado que el mismo fue concebido originariamente no solo para ajustar la cuantía de la multa a la capacidad económica del penado, sino también para obligar a este a su pago periódico en las cuotas establecidas, a fin de que su capacidad adquisitiva se redujese durante un tiempo.

Con todo, lo cierto es que el vigente Código penal hace del pago fraccionado la excepción y no la regla tras la reforma de LO 15/2003, de 25 de diciembre. En este sentido, el art. 50.6 CP establece que,siempre que sea por causa justificada, el tribunal puede aplazar el pago dentro de un periodo que no exceda de dos años desde la firmeza de la sentencia, bien para que se pague la multa en una vez o en los plazos que se determinen (ver art. 50.6 CP).

Algunos entienden que la causa justificada se da cuando el aplazamiento permita al penado pagar la multa y evitar así la responsabilidad personal subsidiaria que se deriva del impago.

Cuando se acuerda el aplazamiento y el pago en plazos, el incumplimiento de dos de los mismos determinará el vencimiento de los restantes, lo cual significa que el penado tendrá que pagar de una vez lo que le quede por cumplir de la multa. Asimismo, en los casos en que se aplique la excepción del art. 50.6 CP y se haya acordado por tanto el aplazamiento del pago y su fraccionamiento, la ley vigente permite que después de la sentencia el juez o tribunal modifique tanto el importe de las cuotas periódicas como los plazos para su pago, si variase la situación económica del penado (ver art. 51 CP).

La ley no especifica si esta variación tiene que ser a mejor o a peor, por lo que, en principio, caben ambas posibilidades. Ello significa que los plazos y las cuantías se podrían consecuentemente modificar en un sentido negativo o positivo para el penado. La mejora de estas condiciones como consecuencia de un empeoramiento de la situación económica del penado no suscita objeciones ni en sede doctrinal, ni jurisprudencial. Sin embargo, el posible empeoramiento de tales condiciones motivado por la correspondiente mejora de la coyuntura patrimonial del reo, resulta controvertido. Hay autores que entienden que dicho empeoramiento, sobre todo cuando implica un incremento de las cuotas, resulta inconstitucional pues supone una agravación de la pena impuesta por sentencia firme y quebranta de esa forma el principio de inderogabilidad de la cosa juzgada que se deriva del art. 24 CE. En sentido similar se pronuncia la FGE en su Circular 2/2004, de 22 de diciembre, al considerar que el hipotético empeoramiento de las condiciones de pago de la multa debe limitarse a dejar sin efecto el aplazamiento del pago, y no a aumentar la cuantía de las cuotas.

B. LA MULTA PROPORCIONAL

La multa proporcional se configura como la excepción al sistema de días multa, y se debe aplicar cuando así lo establezca expresamente la regulación de los tipos de la Parte especial (art. 52 CP). De este modo,aparece como pena principal única, acumulativa o alternativa de algunos delitos (ver, por ejemplo, el delito de tráfico de drogas del art. 368 CP o el de uso de información privilegiada del art. 285.1 CP).

Como se podrá comprobar, esta clase de multa se establece en función del valor del daño causado por el delito, del de su objeto o del beneficio reportado por el mismo. Para algunos, la magnitud que pueden alcanzar en ocasiones los referidos elementos no puede obtener una adecuada respuesta punitiva a través del sistema de días multa que, con sus límites mínimos y máximos, resulta insuficiente. La multa proporcional encuentra así su fundamento al perfilarse como el castigo conveniente para estos casos.

B.1. Determinación de la multa proporcional

Los tipos delictivos que prevén la multa proporcional como pena principal originaria establecen la misma conforme a un marco penológico que tiene un límite mínimo y un límite máximo. El límite mínimo coincide con alguno de los tres valores antes mencionados: el del daño causado por el delito, el de su objeto o el del beneficio reportado por el mismo. Este valor debe fijarse en una cantidad de dinero expresada en euros.

Hay ocasiones en que no consta acreditado semejante valor que el Código penal usa como base cuantitativa de la multa proporcional, lo cual impide cuantificar la misma. En tales casos se debe prescindir de aplicar esta pena como advierte reiterada jurisprudencia (ver, entre otras, las SSTS 1290/2002 de 8 de julio, 694/2002, de 15 de abril, 372/2001, de 30 de abril y 542/2000, de 12 de abril) [El vigente Código penal no establece una cuantía mínima para a multa proporcional como sí hacía el Código penal de 1973. Por ello, en estos casos (que se refieren a condenas por delito de tráfico de drogas en los que no se ha podido determinar el valor de la sustancia) se aplica solo la pena de prisión y no la acumulativa de multa.]. La sustitución de la misma por la multa por cuotas no es posible en estas circunstancias pues ello supone un quebranto de la garantía penal, ya que dicha sustitución no aparece prevista por la ley, a diferencia de lo previsto para la multa proporcional impuesta a las personas jurídicas tras la reforma de LO 5/2010, de 22 de junio (art. 52.4 CP).

El límite máximo se calcula multiplicando el valor del límite mínimo por un determinado número que varía según los casos.

 Ej. 31.2: El art. 368 CP dispone textualmente: «Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triple del valor de la droga objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos». Por lo tanto el límite mínimo de la pena de multa establecida para este delito coincide con el valor de mercado de la droga y el límite máximo se calcula multiplicando por tres dicho valor, si las sustancias causan grave daño a la salud, y por dos, si no provocan tal efecto.

El marco penológico resultante se determina, por tanto, en función de la gravedad del delito cometido. Sobre este marco a efectos de fijación final de la multa no solo operan circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, sino principalmente la situación económica del culpable, tal y como se desprende del art. 52.2 CP. En conclusión, el montante de multa proporcional también se ajusta a la situación económica del penado, si bien en menor medida que la multa por cuotas, pues la incidencia de este factor tiene lugar dentro de unos límites que se fijan fundamentalmente conforme a la gravedad del delito, reflejada en el valor del daño causado por el mismo o en el de su objeto o beneficio.

B.2. Ejecución o forma de pago

El pago del montante de la multa proporcional se hará, como regla general, de una sola vez, cuando la sentencia condenatoria alcance firmeza. No obstante, si después de dictada la sentencia la situación económica del penado empeorase, el juez o tribunal, excepcionalmente y tras la debida indagación de dicha situación, podrá reducir el importe de la multa dentro de los límites señalados por la ley para el delito de que se trate, o autorizar su pago en los plazos que se determinen (ver art. 52.3 CP).