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Ya en la lección 27 se analizó el concepto y la naturaleza de la pena de multa y se explicaron las diferencias entre la misma y otras medidas de idéntico o similar contenido. Por otro lado, también se puso de manifiesto que la multa penal puede tener la consideración de pena menos grave o leve en función de su duración, salvo la multa proporcional que siempre se considera menos grave.

Baste recordar, en este momento, que la pena de multa se define como una sanción pecuniaria que afecta al patrimonio del penado, pues le obliga a pagar una determinada cantidad de dinero. Es preciso advertir, como por otro lado ya se hizo, que tanto en la presente lección comben la lección 27 se analiza la multa como pena prevista para las personas físicas que resulten penalmente responsables de la comisión de una infracción penal. La reforma de LO 5/2010, de 22 de junio, incorporó la responsabilidad penal de las personas jurídicas y estableció las penas aplicables a las mismas, entre las que se encuentra la multa (por cuotas o proporcional) que tiene, en todo caso, consideración de pena grave, al igual que el resto de penas previstas para estas entidades. Todas estas cuestiones serán objeto de estudio en una lección posterior (ver infra lección 38).

La pena de multa ha estado presente en todos los sistemas punitivos a lo largo de la historia, si bien su presencia ha sido más bien limitada.

En este sentido y en función de cada periodo histórico, han tenido más protagonismo las penas corporales, la pena de muerte y las penas privativas de libertad. La multa penal comenzó su expansión a finales del siglo XIX y este proceso terminó por consolidarse durante la segunda mitad del siglo XX. La crisis de la pena de prisión (ver supra lección 28) tuvo como consecuencia que la pena de multa se perfilase como alternativa frente a las penas privativas de libertad (sobre todo la de prisión de corta duración) para los delitos menos graves y leves.

Pese a que la multa presenta significativas ventajas frente a la privación de libertad, no está exenta de inconvenientes que hacen que el sistema penal no pueda fundamentarse sobre la misma. Por este motivo, en la actualidad la pena de prisión, aun con todos los problemas que suscita, sigue siendo la consecuencia punitiva más frecuente y la principal respuesta prevista para los delitos más graves.

Con el fin de analizar la función de la pena de multa, se procede al examen de sus ventajas y sus inconvenientes. Dentro de las primeras se destacan las siguientes:

  1. A diferencia de la prisión, la multa no tiene efectos desocializantes pues no aparta al penado de su entorno familiar, laboral o social, y no le estigmatiza. Tampoco incide sobre los derechos personalísimos del mismo, por lo que se perfila como una sanción más humana que la privación de libertad.
  2. No provoca tantos costes para el Estado como el resto de las penas, sobre todo la de prisión. Muy al contrario, genera ingresos que se pueden utilizar para satisfacer las necesidades de la víctima o mejorar la Administración de Justicia o la Administración penitenciaria.
  3. Constituye una pena graduable y por tanto adaptable a la gravedad del delito, lo cual satisface las exigencias de racionalidad y proporcionalidad que informan el sistema punitivo.
  4. Según algunos, puede satisfacer las exigencias preventivo generales y preventivo especiales dado que afecta a un bien, el patrimonio, de crucial importancia en la sociedad consumista en la que vivimos. En este modelo social, alcanzar un notable nivel de vida constituye un objetivo que comparte la mayoría de la población. La satisfacción de esta meta pasa por la disponibilidad efectiva y constante de dinero que la pena de multa puede dificultar.

No obstante, como ya se advirtió, la pena de multa presenta también inconvenientes entre los que cabe resaltar los que a continuación de describen:

  1. Puede resultar contraria al principio de igualdad, pues afecta a un bien jurídico, el patrimonio, que no todos los ciudadanos poseen en la misma medida. En este sentido, la multa tiene una mayor carga aflictiva para las personas con menos medios económicos que para los que ostentan un alto poder adquisitivo. El sistema actual trata de solventar en parte este inconveniente haciendo que la cuantía de la multa se establezca no solo en relación con la gravedad del delito cometido, sino también en función de la situación económica del reo.

    No obstante, ello no hace que desaparezca la quiebra del principio de igualdad dado que, por respeto a la garantía penal derivada del principio de legalidad, la ley establece un límite mínimo y un límite máximo para las penas que regula. Ello significa que la multa no podrá sobrepasar un determinado umbral que puede ser poco gravoso para los individuos de alto poder adquisitivo. Asimismo, el límite mínimo de la multa puede, pese a su escasa cuantía, desequilibrar la situación económica de las personas con escasos o nulos recursos.

  2. La imposibilidad de pagar la multa en caso de insolvencia del reo trae como consecuencia que la misma deba cumplirse a través de otras penas como las privativas de libertad. Ello, además de evidenciar una carencia de la multa que hace que la misma no se pueda erigir como la base del sistema punitivo, constituye otra vulneración del principio de igualdad dado que, a la postre, los individuos con menos recursos económicos que no pueden pagarla serán castigados con penas más graves que los individuos solventes, habiendo cometido, unos y otros, los mismos hechos delictivos.
  3. La pena de multa puede hacer quebrar el principio de personalidad de las penas de dos maneras distintas. Primero, porque puede afectar a terceros distintos del penado como son los familiares del mismo cuya situación económica puede resentirse por la aplicación de esta sanción pecuniaria. Segundo, porque dada la naturaleza patrimonial de la multa, nada impide que en la práctica la misma sea sufragada por personas distintas del penado.
  4. La opinión mayoritaria considera que la multa no tiene tanto peso preventivo como la prisión. Ello porque afecta a un derecho como es el patrimonio que tiene menos importancia que la libertad y que además no representa lo mismo para todos los ciudadanos.

Los que tengan un alto poder adquisitivo no se sentirán tan intimidados por la multa como aquellos cuya situación económica sea precaria. Por su parte, la prisión además de ser, en términos absolutos, más grave que la multa, dado que afecta a un bien jurídico de mayor trascendencia como es la libertad, provoca un efecto preventivo similar en el conjunto de la población, que concibe dicho bien jurídico del mismo o similar modo. A todo ello hay que añadir el hecho de que la multa no tiene efecto resocializador ni reeducador pues solo implica el desembolso de una cantidad de dinero.