1. En relación con la impugnación de los acuerdos sociales podemos afirmar que:
Con carácter general para la impugnación de los acuerdos sociales están legitimados cualquiera de los administradores, los terceros que acrediten un interés legítimo y los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital o el porcentaje inferior fijado en estatutos.
1. Luis, joven abogado en prácticas, le pregunta a Sonia, que son las diligencias finales:
Son unos actos de prueba que el Juez puede acordar cuando la prueba practicada en el juicio ha resultado insuficiente para formar su convicción.
1. Señala la respuesta incorrecta. En un procedimiento de despido en el que el demandante solicita el reconocimiento de la improcedencia del mismo y además una indemnización por vulneración de derechos fundamentales:
1. En una reunión del despacho L&L un abogado junior plantea al resto de letrados y socios que habiéndole dado traslado del recurso de apelación de la otra parte ha formulado escrito de oposición y al repasar la sentencia considera que podría impugnarla.
1. Es correcto afirmar que:
La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.
1. Señale la respuesta correcta en relación con el recurso especial en materia de contratación:
Es obligatorio.
Es potestativo.
Una vez interpuesto el recurso, y aunque el acto recurrido sea el de adjudicación, nunca quedará en suspenso la tramitación del expediente de contratación.
1. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si la sentencia condenare a la Administración a realizar una determinada actividad o a dictar un acto:
El Juez o Tribunal podrá, en caso de incumplimiento, ejecutar la sentencia a través de sus propios medios o requiriendo la colaboración de las autoridades y agentes de la Administración condenada o, en su defecto, de otras Administraciones públicas.
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la ejecución de determinados actos administrativos, la Administración:
1. De acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción contencioso-administrativa, se considera parte demandada:
Exclusivamente a las Administraciones públicas contra cuya actividad se dirija el recurso.
Conflicto y mediación La concepción y actitudes que circulan en nuestro entorno acerca del conflicto, determinan nuestro comportamiento en las situaciones conflictivas. Hasta hace muy poco, tanto desde las ciencias sociales como la creencia popular consideraban el conflicto como algo a evitar, relacionado con la psicopatología, con los desórdenes sociales o con la guerra.
El delito no significa que exclusivamente se produzca una ofensa al Estado. Se ven implicadas otras muchas personas. Las normas penales no prevén la mediación como un procedimiento a seguir a excepción de determinados supuestos o experiencias.
En el informe sobe la eficacia de la Justicia del CEPEJ de 2010 se dedica una parte del mismo a la mediación penal, en la que se señala que existen ahora veintitrés Estados que llevan a la práctica la mediación penal, no encontrándose España entre éstos veintitrés.
En el ámbito español, la regulación de la mediación se ha limitado al ámbito de los conflictos de familia, básicamente. Habría que partir de entonar el mea culpa por no haber cumplido la Directiva Comunitaria del Consejo de Europa de 15 de marzo de 2001 que daba de plazo hasta el 22 de marzo de 2006 para dar cumplimiento a la Disposición de promulgar una Ley de mediación penal.