La gestión de los recursos y las prestaciones personales de los ciudadanos
La hacienda
Crisis financiera tras la guerra con Francia e Inglaterra, e intentos reformistas
La “contribución directa” de las Cortes de Cádiz
Al inicio del XIX, la situación financiera extremadamente grave. Las guerras habían debilitado los recursos y aumentado los gastos. Para poder hacer frente a esta situación, se procedió a la emisión de vales reales, pero al no poder pagar los intereses el Estado quedó en entredicho. Godoy acudió a las desamortizaciones eclesiásticas y amortización de vales, pero los ingresos sólo se aplicaron a remediar el déficit público, y así la deuda aumentó.
José I, mantuvo los antiguos impuestos, pero con novedades como la contribución de patentes industriales (el pago de licencia por ejercicio de industria o comercio), que se convirtió en impuesto anual; y otros que gravaron las casas de juego y alquileres. A su vez, la Junta Central decretó en 1809 la supresión de las rentas provinciales, por un nuevo sistema que reemplazaría las alcabalas, cientos y millones.
Al término de la crisis bélica la deuda ascendería a 13.000 millones de reales. Las Cortes de Cádiz promulgaron un decreto de formación de una lista o presupuesto general de los desembolsos correspondientes a las obligaciones de cada ramo, para dar al Ministerio de Hacienda datos fiables.
El primer proyecto de reforma por los diputados gaditanos contó con el retorno de la única contribución, estableciéndose una contribución directa en la riqueza de cada provincia, según el censo de frutos y manufacturas. Tras la áspera polémica en septiembre de 1813, tiene lugar el Nuevo plan de contribuciones públicas. La involución absolutista derribó el sistema constitucional e impuso el retorno al régimen antiguo.
La “Contribución General” de Martín de Garay
Abolida la contribución directa, la situación financiera en 1815 contaba con un déficit 500 millones de reales y deuda pública 12.000 millones. Urgía preparar un nuevo ejercito ante la posibilidad de otra confrontación con Francia, pero el Estado no tenía dinero. En 1816 se forma una Junta de Hacienda para poner orden en los ingresos y gastos de cada ministerio. En 1817, Garay entrega al rey una memoria con una alternativa de una contribución general a pagar por los ciudadanos en proporción a su riqueza, y en las capitales de provincia y puertos sustituida por el derecho de puertas (arancel por la introducción de mercancías).
El plan Garay fue sancionado por el rey que fijaba el nuevo establecimiento del sistema de Real Hacienda, instrucción para el repartimiento y cobranza de la contribución del reino y bulas dadas por Pio VII. La reforma redujo los gastos ministeriales, pero el problema fue la inexactitud de estimación de riqueza de los pueblos y que el gobierno arbitró unas reglas de difícil aplicación práctica. Finalmente, el ensayo no se repitió pero perduraron los derechos de puertas.
La reorganización de López Ballesteros
Fracasada la reforma de Martín de Garay y con los reajustes financieros del Trienio, la vuelta al absolutismo trajo al nuevo titular de hacienda, Luis López Ballesteros, quien llevó a cabo varios decretos que separaron la recaudación y administración de rentas y
la distribución de sus productos, solventándose de alguna manera la situación. Como novedades destacaron el “subsidio de comercio” y la “renta del bacalao”, junto con los derechos de puertas. Se ordenó el pago por Navarra del servicio voluntario y el de donativo por las Vascongadas.
En cuanto a la deuda, fue suprimido el establecimiento del crédito público, creándose la Real Caja de Amortización, para construir un gran fondo de reserva. Las disposiciones de López Ballesteros, cuyo objetivo era lograr un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos, fueron efectivas durante cinco años.
Las Reformas de Mendizábal
La notoriedad de este personaje, en la desamortización eclesiástica, ha oscurecido su papel como reformista financiero. En la desamortización, al ser aceptados los títulos de la deuda como pago de las fincas puestas en subasta, se consiguió una disminución para el Estado de la carga que padecía, pero el valor de lo subastado no alcanzó ni 1/5 del monto de la deuda.
En la primera guerra carlista, Mendizábal creó un impuesto sobre el servicio militar.
También levantó empréstitos a base de hipotecar los futuros ingresos de ultramar y minas de Almadén. Por último, emprendió una extraña y fracasada operación financiera con Inglaterra, que prestó 2 millones de libras, a cambio de autorización para importar sus tejidos de algodón.
La Reforma Tributaria de 1845
En 1844, Alejandro Mon, Ministro de Hacienda, presenta un proyecto de reforma tributaria, conocida como la Reforma de Mon. Una comisión con Ramón Santillán al frente, estudió una nueva ordenación de los impuestos, estableciendo una sola contribución territorial, otra industrial, otra general sobre el consumo de especies determinadas y un sistema hipotecario para dar garantías de la propiedad inmueble y conservar los demás impuestos existentes.
Todo esto se plasmó en una ley de Presupuestos, seguida del rechazo social, tumultos y motines. En cuanto a su contenido, mantuvo la mitad del sistema tributario tradicional y renovó la otra, con figuras impositivas nuevas, como la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería, sintetizando en una única contribución territorial todas las vigentes; el Subsidio industrial y de comercio, grabando directamente las utilidades de la industria y el comercio, que no tuvo resultados efectivos; el?Impuesto sobre el consumo de especies determinadas; la?Contribución sobre los inquilinatos, que no llegó a ser aplicado; y el Derecho de hipotecas, que grababa las traslaciones de dominio de bienes inmuebles y derechos reales, contratos de arriendo y subarriendo, exentas las trasmisiones de padres a hijos.
Los Reajustes Posteriores: de Mon a Villaverde
Desde mitad del siglo y hasta la reforma de Villaverde en 1899, se hacen diversos reajustes de acuerdo con la deuda pública, el cuadro de impuestos y el régimen presupuestario. Los problemas de la deuda no habían sido abordados por la reforma de Mon. En 1851 Bravo Murillo crea una deuda perpetua diferida (con la que el pago de intereses se aplazaba en cuatro años), rebajando los intereses. Tan drásticas medidas sanearon el Estado, pero fue un fiasco para los acreedores. Después apareció la deuda especial de Obras Públicas y Obligaciones del Estado para ferrocarriles, las cedulas hipotecarias del Banco de España y los bonos del Tesoro. El antiguo impuesto de derecho de hipotecas pasó a ser de derechos reales y trasmisión de bienes, extensivo también a bienes inmuebles y herencias por línea directa.
La Reforma de Fernández Villaverde.
Ante un panorama con la crisis económica del 98, con las deudas de la guerra y la interrupción del flujo de recursos por pérdida de las colonias, Raimundo Fernández Villaverde se hizo cargo de la cartera de Hacienda en el gabinete presidido por Silvela, sometiendo las Cortes a la Ley de Presupuestos. Pero su gran aportación fue lograr el ajuste de ingresos y gastos, llegándose en 1900 a un presupuesto nivelado. Se creó el impuesto de utilidades de la riqueza mobiliaria, con tres tarifas: 1) a los productos de trabajo personal, 2) a los productos de capital y valores mobiliarios, y 3) a la relativa de los beneficios netos de las sociedades.
También se reformó y puso al día algunos impuestos para aumentar los ingresos del Estado y evitar la ocultación de riqueza. La reforma de Villaverde fue muy positiva: del defidit se pasó al superávit, los ingresos extras casi desaparecieron, mientras que el fantasma de la bancarrota desapareció, perfeccionándose el sistema tributario.
El Ejército
Del ejército popular al ejército permanente
Reinado de Fernando VII
El gran movimiento insurreccional de 1808 tuvo como protagonista un ejército popular, novedad en la Europa del XIX, identificándose éste con el espíritu nacional. Concluida la guerra el problema era doble: había que organizar un ejercito de tropas enroladas de forma estable, sin aquella subordinación al monarca, que defendiera la nueva soberanía nacional, pero también formadas por milicias populares para casos especiales.
La Constitución de Cádiz ordenó las fuerzas militares en dos grandes clases: Las tropas del continuo servicio, que era un ejercito permanente para la defensa exterior y la conservación del orden interno; y las milicias nacionales, reclutadas esporádicamente sin misión concreta.
El segundo problema era institucionalizar en la paz a las tropas que habían salido victoriosas de la guerra, constituyendo dos ejércitos: los soldados y cuadros militares propiamente dichos y el aluvión de paisanos que se habían militarizado. Todos sumaban unos doscientos mil, de ellos dieciséis mil eran oficiales de muy diversa extracción y procedencia.
En el periodo absolutista 1814-1820, Fernando VII redujo la tropa regular hasta sesenta mil, de los cuales seis mil oficiales estaban adscritos al absolutismo, tras el paréntesis del Trienio, y otros cien mil eran “hijos de San Luis”. Los absolutistas, garantizaban la permanencia del monarca en el poder, mientras que los liberales garantizaban que no padeciera duras represalias.
En la década ominosa se intentó reconstruir una especie de milicia conservadora, con un sistema de purificaciones (exigiendo determinadas pruebas de afecto y lealtad al rey), a quienes habían servido en el Trienio.
La Época Isabelina y El Régimen de los Generales
Con el conflicto dinástico a la muerte de Fernando VII, intervino el ejército en la situación política, con unos cuadros de oficiales que se alinearon con Isabel II, y con Don Carlos, los generales depurados tras los sucesos de la Granja con Zumalacárregui al mando. Se abre un largo periodo desde el acuerdo de Vergara 1839 y la Revolución de 1868, en que los generales dirigen la vida política.
Los protagonistas son Espartero, Narváez, O´donnell y Prim, por la convicción que mientras no estuviera normalizada la situación, la dirección del gobierno estaría mejor en manos de militares de prestigio, defendiendo el ordenamiento legal con generales liberales o constitucionalistas.
El Sexenio Democrático
Tras la Revolución de 1868, la Constitución del 69, y la etapa de transición de Amadeo de Saboya, el sistema militar se encuentra con la República, cuyo Directorio tenía la previsión de licenciar a soldados y cabos de diferentes institutos, armar a la milicia nacional, así como la creación de los “voluntarios federales” y la ocupación sobre los efectos de la guerra del Estado. El proyecto de Constitución federal pretendió un ejercito nacional, distribuido según las necesidades del servicio. Junto a la violencia social en el sur, en Cataluña se produjeron brotes secesionistas e incluso graves actos de desgobierno y anarquía en sectores castrenses. Todo esto provocó el acto de fuerza del general Pavía en 1874, con un golpe de Estado para detener, según él, la inminente ruina del orden político.
La Restauración
Preparada por el proyecto político de Cánovas del Castillo, tras el episodio castrense de Sagunto, se intentó desde entonces apartar al ejército de la política. La nueva generación de generales pasó de defensores de la izquierda a custodios del orden conservador. El desastre colonial, con unas tropas saturadas de oficiales, exigió una reforma del ejercito, que de hecho no se hizo hasta la Ley de retiro de Azaña, en la Segunda Republica.
Organización
Organización y Armas
A la cabeza de la organización castrense figuraba el rey. La Constitución de Cádiz ya le atribuyó el mando de los ejércitos y la provisión de todos los empleos militares. Por debajo se encontraba el ministro de la Guerra, existiendo varias comisiones de generales como órganos consultivos, y cada una de las Armas contaban con su propio director general. España quedó dividida en siete regiones militares, dos capitanías generales y dos comandancias militares.
Las Armas quedaron compuestas por Infantería y Caballería, y éstas, a su vez, por Artillería, Ingenieros y Estado Mayor para el estudio de tácticas, estrategias y evaluación de la fuerza extranjera.
Para la enseñanza hubo a lo largo del siglo varias academias militares que se refundieron en la Academia General militar con base en Toledo y ya, en el siglo XX, con Primo de Rivera, en Zaragoza.
Las Milicias y la Guardia Civil
Surgidas en la Guerra de Independencia y sancionadas por la Constitución de 1812, las antiguas milicias provinciales y urbanas dieron paso durante el Trienio Liberal a la Milicia Nacional, ocupada del orden y la seguridad interna. Cuando ésta fue suprimida, resurgieron en la segunda mitad de siglo diversos tipos de milicias regionales, como migueletes y miñones en Vascongadas, los somatenes y mozos de escuadra catalanes o las milicias canarias.
En 1844, aparece la Guardia Civil, cuya organización fue encomendada al general Francisco Javier de Girón y Ezpeleta, duque de Ahumada. Un decreto como documento fundacional, formalizó el nuevo cuerpo, atribuyéndole la seguridad pública y la protección de personas y propiedades dentro y fuera de las poblaciones. Contaba con unos efectivos crecientes, reclutados de forma selectiva.
Las notas mas características que diferenciaron a la Guardia Civil de otros institutos armados, fue la dispersión de sus efectivos, el asentamiento en casas-cuarteles (mitad casas de vecinos, mitad cuartel militar) y la instrucción metódica de sus miembros.
La Armada
Tras la derrota de Trafalgar, la Armada española cayó en una profunda postración. Se planteó durante el Trienio reactivar la marina de guerra siguiendo el modelo británico, elaborándose la ley orgánica de la armada, consolidando el almirantazgo, y el ingreso por oposición como guardia marina. Con Isabel II, la situación de la Armada mejoró.
Pero la guerra hispano norteamericana liquidó en la práctica la Marina de Guerra española.
En cuanto a la organización territorial, había tres departamentos marítimos: Cádiz, Ferrol y Cartagena, con sus treinta y dos comandancias marítimas junto a las dos coloniales de Cuba y Filipinas. Como órgano consultivo contaba el Estado Mayor de la Armada.