16.1. Delitos contra la Hacienda Pública. Introducción

El proceso por delitos contra la Hacienda Pública se rige por las reglas procesales aplicables a cualquier otro delito. No obstante, debemos hacernos eco de una doctrina que viene produciéndose con cierta reiteración en el ámbito de los delitos contra la Hacienda Pública y que ha obligado al TC a repetir su doctrina en este ámbito sobre el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, comprendidos en el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), obliga a que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.

El delito de defraudación tributaria -art 305 CP- es un delito de resultado, que exige la producción de un daño patrimonial a la HP.

Sujeto activo del delito puede ser cualquier persona física, si resulta obligado al pago del tributo correspondiente. Además, el propio autor del delito también puede ser condenado como inductor si se prueba que ha diseñado la operación defraudatoria de los delitos cometidos por otras personas vinculadas por lazos familiares o laborales, quienes son absueltas por no haberse acreditado que tuvieran conocimiento de los efectos de las operaciones realizadas.

Sujeto pasivo del delito es cualquiera de los entes públicos territoriales: Estatal, autonómica, foral o local. El hecho de que el bien protegido sea la función encomendada a la HP sirve para precisar que en aquellos casos en que la defraudación se proyecta sobre tributos cedidos, aunque el titular del poder normativo es el Estado, sujeto pasivo del delito es la Administración autonómica cuya recaudación se ve defraudada por el autor del delito.