18.2. Competencia de los órganos contencioso-administrativos en materia tributaria

La Ley dedica sus cuatro primeros artículos a deslindar la materia contencioso-Administrativa, declarando en el art. 5º, el carácter exclusivo e improrrogable de esta jurisdicción, y enumerando en el art. 6º, los órganos que la integran, a saber; Juzgados de lo contencioso-Administrativo y Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, como órganos unipersonales de nueva creación, aunque ya previstos por la Ley de Planta y Demarcación Judicial de 1988, que se añaden a las ya preexistentes.

La Ley utiliza para el deslinde de competencias los clásicos criterios jerárquicos y territorial.

En virtud del criterio jerárquico, la Ley determina la competencia de los órganos judiciales d distinto nivel en función de la naturaleza del acto impugnado y sobre todo, del órgano administrativo que lo emitió.

La distribución competencia sigue unas pautas generales, de lo que resulta en una primera aproximación, lo siguiente: contra actos de Entidades locales y de la Administración periférica del Estado y de las Comunidades Autónomas, serán competentes los juzgados de lo Contencioso del territorio; contra actos de los órganos centrales autonómicos, los Tribunales Superiores de Justicia; contra los distamos por organismos públicos con personalidad jurídica propia y competencia nacional, los Juzgados Centrales de lo Contencioso; contra actos de los Ministerios y Secretarios de Estado, la Audencia Nacional, y, finalmente, contra los del Consejo de Ministros y Comisiones delegadas del Gobierno, el Tribunal Supremo.