18.4. La suspensión en vía contenciosa del acto impugnado

La LJCA de 1998, no contempla la suspensión, sino que alude en general a las medias cautelares superando con ello la estrecha concepción de que la única admisible en vías contenciosa es la suspensión, sin que resultaran aplicables las previstas por la Ley de Enjuiciamiento.

Por su late, el art. 68.6 LGT formula una consecuencia de la suspensión en vía contenciosa que parece querer salir al paso de la eventual extensión a la vía contenciosa de la apreciación de la prescripción que se dio en años precedentes respecto a la vía económico-administrativa.

En cuanto al procedimiento para la adopción de medidas cautelares, el art. 129 admite que podrá instares por los interesados en cualquier momento del proceso antes de que recaiga sentencia firme, tramitándose, de acuerdo con el art. 131, como incidente en pieza separada, con alegaciones en diez días de la Administración demandada y decisión mediante Auto en el plazo de cinco días, que deberá ser motivado y es susceptible de apelación.

La primera, que el art. 31.2 de la Ley incluye entre las pretensiones de la demanda el pleno restablecimiento de la situación jurídica individualizada, abarcando, en su caso, la indemnización por daños y perjuicios sufridos.

La segunda precisión al art. 133.3 consiste en que, en materia tributaria, el art. 33 LGT formula legalmente la obligación de la Administración tributaria de integrar el coste de las garantías aportadas para la suspensión del acto, en el caso de que la sentencia firme fuera estimatoria de su improcedencia, previendo igualmente el reembolso parcial si la estimación fuera parcial.