18.5. La ejecución de sentencias y la extensión de sus efectos

Dos relevantes novedades incorpora la LJCA de 1998 en torno a la ejecución de sentencias emanadas de los órganos contencioso-administrativos. La primera, de carácter general, sobre la ejecución de sentencias condenatorias de la Administración al pago de cantidades líquidas. La segunda, sobre la extensión de efectos de sentencias distaras en ciertos asuntos, como son los de personal y los de materia tributaria.

El art. 44 de la Ley General Presupuestaria de 1977 reafirmó en su ap. 2ª la competencia de la Administración para la ejecución de sentencias condenatorias al pago de cantidades, supeditada a la existencia del oportuno crédito presupuestario.

El art. 106 dispone dos medidas directamente a evitar el impago de cantidades a que pudiera ser condenada la Administración. La primera, considerar ampliables los créditos con cargo a los que deba efectuarse el pago, lo que cabria entender como una excepción a la remisión que hace el art. 54 LGP a la Ley de Presupuestos de cada año para determinar los que tienen ese carácter. La segunda, ordenar que en los tres meses siguientes a la notificación deberán efectuarse las notificaciones presupuestarias necesarias para el cabal cumplimiento de la sentencia, conforme ordena también hoy el art. 23.3 LGP.

Por otra parte el art. 106 LJCA, dispone otras medidas que refuerzan la posición del favorecido por una sentencia condenatoria de la Administración al pago de entidades.

La convalidación y subsanación son técnicas de conservación del acto dirigidas a los órganos administrativos, pero que no pueden vincular a los judiciales, que no son controladores de esa legalidad.