03.1. El principio de legalidad

El clásico principio del Derecho Penal "nulloum crimen, nulla poena, sine lege", establecido, al nivel de la legalidad ordinaria, en el art. 10 CP, aparece consagrado en el art. 25.1 de la CE, en cuya virtud "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".

Dicho precepto ha de ser complementado con lo dispuesto en el segundo apartado del art. 7.1 CEDH conforme al cual "igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida".

Por dicho principio de legalidad cabe entender el derecho de toda persona a no ser condenado a una pena privativa de libertad, que no se encuentre prevista en una norma con rango de Ley Orgánica, anterior a la comisión del hecho punible o, en sus caso, posterior, pero más favorable y que reúna la predeterminación suficiente de la conducta ilícita y de la sanción aplicable para poder ser conocida por su autor, así como a no ver incrementada su condena por obra de una revisión legislativa o jurisprudencial.