3.4. Las leyes

Las leyes, tanto las orgánicas como las ordinarias, emanan de las Cortes Generales y se diferencian en que, por imperativo del art. 81 CE, las Leyes orgánicas requieren ser aprobadas, modificadas o derogadas por "mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto" -mitad más uno del total de diputados independientemente de los presentes en la sesión-; mientras que las ordinarias requieren sólo mayoría simple de votos presentes en la sesión respectiva de ambas Cámaras (Congreso y Senado).

La mayoría cualificada requerida a las Leyes orgánicas se debe a que estas regulan materias de peculiar trascendencia.

Las diversas CCAA cuentan con Parlamentos o Asambleas legislativas que pueden dictar leyes formales para su respectivo territorio y dentro del ámbito de sus competencias.

El Gobierno cuenta con la posibilidad de dictar disposiciones generales con rango o fuerza de ley. Las manifestaciones se pueden dar mediante Decreto legislativo o Decreto-ley.

El art. 82 CE permite que las CCGG deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias que no estén reservadas a ley orgánica. La delegación ha de quedar suficientemente delimitada, de ahí que el art. 82.3 CE exija que la delegación se otorgue de forma expresa, para una materia concreta, y con fijación del plazo para su ejercicio.

La CE-1978 habilita al Gobierno para dictar disposiciones normativas con rango de ley en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que no puedan afrontarse oportunamente con el procedimiento legislativo ordinario.

El Decreto-ley se configura como disposición legislativa provisional sometida al control del Congreso de los Diputados antes de 30 días, para que dicho órgano se pronuncie sobre su convalidación o derogación.