3.1. Principios del sistema institucional europeo

Los caracteres generales de la organización institucional y administrativa europea son el resultado de las finalidades generales de la Unión.

Las normas sobre la organización han venido siempre como consecuencia de las actividades encomendadas a las Comunidades.

Instituciones y Administración son construidas instrumentalmente al desarrollo de las tareas y objetivos de la integración.

De ahí que el diseño institucional y orgánico se construya con la flexibilidad suficiente como para modificarse y adaptarse a la evolución del proyecto europeo, primero de carácter económico-social, y segundo de orden político.

El Tratado de la Unión Europea califica generosamente a siete órganos como Instituciones, lo que privilegia su rango y expresa el ejercicio decisivo del poder del que es depositaria la Unión Europea.

Se trata del Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas y del Banco Central Europeo.

Evidentemente, se trata de un grupo heterogéneo donde algunas Instituciones participan más decisivamente del poder político europeo, otras vienen cualificadas por la especialización de sus competencias y alguna por la identificación orgánica y funcional de un Poder Público judicial que debe estar adornado por su independencia.

Fuera de estas Instituciones, los Tratados crean directamente una serie de órganos cuyas competencias son variadas: desde órganos puramente consultivos hasta un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones.