3.4. El Parlamento Europeo

La creación de las Comunidades Europeas y, posteriormente, de la Unión Europea supone, en su origen, un proceso de cesión de competencias por parte de los Estados miembros en favor de las nuevas organizaciones.

Este proceso de atribución competencial puede ser considerado desde dos perspectivas.

Desde una perspectiva positiva, la cesión implica un apoderamiento en favor de las nuevas Instituciones del ejercicio de dichas competencias, lo cual lleva consigo la creación de un peculiar sistema institucional en el que se hizo de facto residir originariamente la soberanía europea en el binomio Comisión-Consejo.

Si tenemos en cuenta que el Consejo está integrado por representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, se entiende que el gran reto del proceso decisorio europeo sea suplir la falta de legitimación democrática de la que con razón se acusó desde un principio a aquel.

A esta necesidad subviene una Institución específica europea: El Parlamento europeo.

Sin embargo, esta Institución se ha visto acusada de falta de legitimación democrática en razón, por un lado, de su originaria y deficiente composición y, por otro, de su minusvaloración competencial.

Ambos aspectos, han experimentado una evolución muy favorable hasta el punto de que aquella tacha originaria se continúe alegando más por inercia que por responder a una realidad material.

Si bien es cierto que ni siquiera una adecuada articulación orgánica y procedimental de la legitimación democrática en el seno institucional europeo garantiza dicha legitimación, pues aunque se pueda mantener que el sistema institucional comunitario se basa en principios democráticos, ello no significa necesariamente la existencia de una completa legitimación, pues ésta depende del consentimiento del ciudadano y no necesariamente de decisiones políticas adoptadas sobre la base del sistema mismo.